Las flotas de pesca ilegal estrechan su cerco sobre los santuarios marinos
Las reservas marinas se crearon para poner una barrera al mayor depredador de los océanos: el ser humano. Mientras especies en peligro de extinción como el tiburón martillo permanecen en zonas protegidas, no corren peligro. Pero estos animales son migratorios. Antes o después se moverán de la reserva y los que han hecho un negocio de su captura lo saben. Áreas de gran biodiversidad como la reserva de Galápagos (Ecuador) son el reclamo para empresas que se lucran con la pesca ilegal, un negocio que, según la La Organizacón de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), supone alrededor de un 28% de las capturas mundiales de pescado.
El caso del barco de carga chino Fu Yuan Yu Leng 999, que fue detenido el 13 de agosto en Galápagos con 300 toneladas de pescado, ha visibilizado un problema del cual no se tiene cifras exactas aunque se le atribuyen 19.000 millones de euros al año. Galápagos es la segunda reserva marina más extensa del mundo, según contabiliza el Gobierno ecuatoriano.
Las flotas pirata recorren los sobreexplotados océanos. “Estamos a las puertas de un colapso de nuestros océanos, de nuestros peces, sobre todo de las especies comerciales. Algunas ya están en peligro de extinción, otras, en situación de vulnerabilidad”, advierte precisamente el director del Parque Nacional de Galápagos, Walter Bustos. Estas prácticas ilícitas representan también una amenaza para la soberanía alimentaria de muchos Estados, principalmente en los países en vías de desarrollo.
En las bodegas del carguero chino se interceptaron 6.623 tiburones de cuatro especies: el martillo, el zorro ojón o de anteojos, el zorro pelágico y el sedoso. Todos estos escualos figuran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que registra las especies en peligro de extinción o en situación de vulnerabilidad.
“Hay un problema muy grande de pesca ilegal, de pesca ilegal camuflada, aupada por muchas instituciones, legislaciones y gobiernos en todo el mundo”, explica Bustos, que cree que lo ha ocurrido en aguas ecuatorianas necesita una respuesta internacional.
Ángulos muertos en alta mar
La ausencia de una normativa internacional vinculante dificulta la persecución de la pesca ilegal. En la cercana cumbre europea sobre el mar, Ourocean, algunos expertos como Bustos intentarán sumar apoyos para que la ONU impulse un acuerdo global que proteja la biodiversidad marina y mejore las medidas existentes.
Buscan así paliar la impunidad que reina en aguas internacionales y consensuar un régimen de medidas sancionadoras que desincentiven estas prácticas. “En Europa, no hay condenas de cárcel, como en Ecuador. Son sanciones administrativas. Las multas pueden no ser lo suficientemente disuasivas”, explica Celia Ojeda, experta de Greenpeace.
Cuanto más se alejan los buques de la costa, más difícil es controlar sus actividades pesqueras. Es en alta mar, fuera del alcance de las legislaciones estatales, donde las embarcaciones encuentran el ángulo muerto para camuflar sus capturas ilícitas. “La venta, comercialización y transbordo de pesca en aguas internacionales está totalmente prohibido y sin embargo está ocurriendo”.
Para evitar la entrada a puerto de la pesca ilegal, la FAO aprobó en junio de 2016 el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto. Además de reforzar el control portuario, los estados firmantes se comprometían a compartir información sobre los llamados ‘buques piratas’. “De momento, no existe una única lista oficial de embarcaciones ilegales que compartan todos los países. Eso hace que la pesca ilegal sea incontrolable”, explica Ojeda.
China es uno de los países que no ha suscrito el acuerdo de la FAO. Las empresas chinas navegan cada vez a mares más lejanos ante la sobreexplotación experimentada en sus aguas territoriales que han diezmado las pesquerías. El país asiático soporta una gran demanda de pescado es el primer exportador mundial. Su flota es la mayor del mundo gracias, en parte, a las millonarias subvenciones que concede el Gobierno. China ha prometido reducir los subsidios de combustible a su flota en un 60% para 2019.
