La joven detenida tras una sentada antidesahucio se libra de la cárcel pero tendrá que pagar una multa
La pesadilla de Patricia, la joven madrileña que podía acabar en prisión por intentar impedir un desahucio, ha terminado cuatro años después. Una sentencia del juzgado de lo penal número 22 de Madrid la absuelve del delito de atentado por el que fue procesada, pero la condena por uno de lesiones y otro de resistencia a sendas multas económicas de tres meses y un día.
Tendrá que indemnizar con 4.957 euros al agente antidisturbios de la Policía Municipal que la sacó a rastras de un portal del barrio de Hortaleza en noviembre de 2011, cuando, junto a decenas de activistas, participaba en una sentada pacífica para intentar evitar que una familia perdiera su hogar.
Patricia, que entonces tenía 23 años, fue desalojada por dos antidisturbios de la Policía Municipal y regresó a su domicilio después de que se ejecutara el desahucio. Horas después, dos agentes de la Policía Nacional fueron a su casa a detenerla acusada de haber agredido a un policía. Pasó la noche en el calabozo y desde entonces se enfrentaba a una petición de cárcel de tres años, como solicitó la Fiscalía en el juicio celebrado el pasado 10 de marzo.
En el auto, el juez admite como hechos probados que Patricia participó el 18 de noviembre de 2011 junto a otras personas en una sentada “con el fin de impedir de forma pacífica el desahucio” de una familia con tres menores y una anciana en un piso de alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.
Sin embargo, el magistrado da por hecho que la acusada, cuando fue levantada por dos agentes antidisturbios de la Policía Municipal, “hizo un zigzag con las piernas dando dos patadas (sic) al agente” que “le hace caer al suelo”. Una supuesta agresión de la que no existe ninguna prueba gráfica, a pesar de que aquel desahucio, producido en vísperas de las elecciones generales de 2011, fue cubierto por diferentes periodistas, fotógrafos y televisiones, incluso algunas internacionales que se encontraban en Madrid para realizar la cobertura de los comicios.
Durante el juicio, Patricia reconoció su participación en la sentada para impedir el desahucio y también que, como el resto de vecinos y activistas que formaron una muralla en el portal de la familia afectada, desobedeció al mediador de la Policía Municipal que les pidió que desalojaran la entrada al edificio de viviendas.
Según la joven, que participaba por segunda vez en su vida en un Stop Desahucios, cuando los agentes la cogieron por sus extremidades para separarla del grupo perdió el equilibrio e intentó poner un pie en el suelo, que sin intención tocó al policía. “Dejádmela a mi”, asegura que respondió el antidisturbios, que tras desalojar a Patricia continuó su actuación con otros activistas. La defensa lo demostró aportando como prueba un vídeo donde el agente aparece, después del incidente con la acusada, sonándose la nariz. El pañuelo lo sujetaba con el brazo donde se produjo la supuestamente dolorosa lesión.
El vídeo que no se aceptó en el juicio
“No entendemos por qué el juez no valora el vídeo y dota de más credibilidad a la policía que a otros testigos, como un reportero neutral que presenció la escena”, critica Eric Sanz de Bremond, abogado de Patricia. Durante el juicio, solo los testigos de la acusación particular, todos agentes de la Policía Municipal, aseguraron haber visto las patadas que habrían provocado la caída de su compañero. Estos agentes afirmaron ante el juez que evitaron la detención de Patricia en aquel momento para evitar alteraciones del orden. A pesar de que el desahucio se ejecutó, durante el lanzamiento no hubo detenciones ni altercados, como confirman las personas que participaron en la sentada.
“La sentencia dota de mayor credibilidad a los testigos de la acusación que a los de la defensa”, ha denunciado la Comisión Legal Sol mediante un comunicado. “En el juicio se denegó a la defensa la posibilidad de reproducir un vídeo que obraba en la causa y en el que se puede ver como el agente siguió actuando con total normalidad tras el desalojo de Patri, lo que contradice lo declarado por él mismo, quien siempre ha afirmado que tras la patada sufrió un fuerte dolor y que no pudo volver a actuar. Incluso tras el visionado del vídeo que sí se realizó en Instrucción, el propio policía se reconoció en las imágenes”, aseguran los abogados del 15M.
El alcance de la lesión del agente también se puso en entredicho durante el juicio. Según el antidisturbios denunciante, sufrió una fractura en el codo que le mantuvo de baja 73 días y que, cuatro años después, le sigue doliendo. Uno de los traumatólogo que prestó declaración en el juicio dijo que en la primera radiografía “no estaba claro” que tuviera una rotura, y afirmó que podía tratarse de un simple esguince. En el auto, el juez reconoce que las lesiones denunciadas por el agente le generan “dudas”.
Sin embargo, el magistrado considera los testimonios de los policías como “totalmente creíbles” y “prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia de la acusada”. Incluso reconoce que atribuye “más credibilidad” a los agentes que al relato de Patricia, por lo que da por probados los delitos de resistencia y lesiones. Pero no considera “grave” la resistencia de la joven, que no tenía antecedentes, como para condenarla por atentado.
Los abogados de la Comisión Legal Sol ya han anunciado que recurrirán una sentencia que “condena a una persona inocente a la que no se le ha permitido utilizar todos los medios de prueba que tenía a su disposición y cuya presunción de inocencia se ha visto enervada por la mera declaración de los funcionarios de policía”.
“Agotaremos todas las opciones a nuestro alcance para conseguir el único resultado que consideramos justo: la total absolución de Patri con respecto a la agresión por la que se le condena”, concluyen en el comunicado.
