La justicia condena a Iberdrola por no adaptar tendidos eléctricos que eviten la muerte de aves protegidas
La justicia ha avalado que se sancione a una compañía eléctrica, en este caso Iberdrola, por haber provocado la muerte de especies de aves protegidas al no haber adaptado sus tendidos como les exigía la ley. Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del pasado mayo condenan a Iberdrola a abonar casi 400.000 euros por la electrocución de dos águilas imperiales y otra perdicera. Ambas especies disponen de un alto blindaje legal. Los cables que las mataron debían haberse arreglado años antes.
Los tendidos eléctricos son la principal causa de muerte artificial de las aves, especialmente rapaces. 33.000 de ellas caen cada año, según los datos del Gobierno, que la Sociedad Española de Ornitología calcula “muy por debajo del fenómeno real”. La organización considera que estas sentencias, que se unen a otra parecida de marzo pasado, rompen el argumentario de las eléctricas que retrasan la corrección de sus tendidos mientras las administraciones no aporten los fondos para sufragar los trabajos. Iberdrola, aunque ha sido contactada, no ha concretado a eldiario.es si recurrirá las sentencias o si ha abonado las cuantías señaladas en los fallos.
Porque las compañías titulares de líneas eléctricas como Iberdrola tienen la obligación de adaptar sus tendidos antiguos a la normativa de protección contra colisión y electrocución publicada en 2008, pero no están obligadas a pagar esa corrección. El decreto disponía la financiación pública de las obras. Entre 2006 y 2014, la inversión en tendidos fue de 26,3 millones de lo que 18,5 correspondieron en exclusiva al Ministerio de Medio Ambiente y dos a actuaciones de las empresas, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
En este caso, los tendidos que causaron las muertes de estas dos especies protegidas estaban en la lista oficial de las infraestructuras que debían adaptarse. Iberdrola tenía un año de plazo, que vencía en 2011, para presentar un proyecto de obras y optar así a la financiación pública ofrecida por la Junta castellanomanchega para sufragarlas. No lo hizo. En 2016, con ese plazo legal cinco años vencido, los cables electrocutaron dos águilas imperiales y una perdicera.
La mercantil no aceptó de buen agrado las resoluciones de la Administración y llevó ambos casos hasta los tribunales para librarse de las multas que han sido confirmadas: 200.000 euros de sanción más otros 195.000 de indemnización. Al estudiar su recurso, los magistrados han afeado a Iberdrola que, a pesar de haber reconocido que no presentó el proyecto al que les obligaba la regulación, en lugar de demostrar que sí cumplieron las exigencias, aportó documentación “que nada tiene que ver con la cuestión y que solo contribuye a generar confusión”. Incurrió, dicen, en “omisión negligente”.
La eléctrica adujo que la línea había sido adaptada antes de la muerte de la pareja de aves de estricta protección. La sentencia refleja que fueron los operarios que hacían los trabajos los que hallaron las águilas que los técnicos concluyeron habían muerto “15 ó 20 días antes”. Incluso llegaron a afirmar que las aves pudieron electrocutarse en otro sitio y morir al pie de su torreta: “No es mínimamente atendible como explicación alternativa”.
El águila imperial está considerada en peligro de extinción en el Listado de Especies con Protección y ha supuesto un esfuerzo de más de 18 proyectos LIFE de la Unión Europea financiados con más de 16,5 millones de euros públicos para intentar salvarla de la desaparición (más los planes colectivos de los que también se ha beneficiado).
Respecto a la segunda sentencia, la que juzgó la muerte de un ejemplar de águila perdicera, la línea en cuestión estaba en la Red Natura 2000 por atravesar una Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Importancia Comunitaria. De igual manera, Iberdrola no cumplió con la obligación de presentar un proyecto para ajustar la línea a las nuevas exigencias técnicas para evitar la electrocución de avifauna. Una vez más, trató de zafarse aduciendo que no había “prueba de cargo” aun cuando el ejemplar estaba muerto al pie de la torre y los forenses aseguraron que la causa de la muerte fue una electrocución.
La recuperación integral del águila perdicera en España, en estado vulnerable, ha sido un programa prioritario para la Unión Europea con más de dos millones de euros dedicados al proyecto (culminado a finales de 2017). Los científicos concluyeron que “la electrocución es la causa de mortalidad más importante. La corrección de tendidos es la medida de conservación más importante. La colaboración con las empresas eléctricas es fundamental y deseable”.
Tan fundamental que el año pasado, el Gobierno del PP publicó un decreto ley específico para impulsar esas correcciones y pagar por ellas. La norma incluía hasta 15 millones anuales de subvención pública para cubrir “hasta el 80%” de los gastos por considerarlo “compensación por servicio público”. El responsable del programa legal de SEO-Birdlife, David de la Bodega, insiste en que las compañías “han considerado que no están obligadas a realizar las correcciones hasta que los fondos públicos lleguen.” Mientras, decenas de miles de aves han sido fulminadas cada año por instalaciones que no deberían haber supuesto ya un peligro para ellas.
