Justicia reconoce que España incumplía una norma internacional cuando un padre asesinó a sus dos hijas en Castellón

Nerea y Martina, de dos y seis años, fueron asesinadas por su padre el 25 de septiembre de 2018 en Castellón. Su madre, Itziar Prats, le había denunciado, pero no recibieron protección. Un año después, Itziar presentó dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia y de Interior y acaba de recibir la respuesta definitiva del primero, según ha adelantado El País. Justicia ha decidido archivar la reclamación, pero en su razonamiento admite que, en el momento del asesinato, España no aplicaba el convenio europeo referente de protección de las víctimas de violencia machista, el Convenio de Estambul.

El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica había sido ratificado por nuestro país en 2014, pero cuando Itziar denunció a su exmarido, en 2017 y 2018, los protocolos que se utilizaban no estaban “adaptados a lo dispuesto” en el acuerdo, esgrime el departamento dirigido ahora por Juan Carlos Campo en su respuesta.

Entonces, el protocolo de valoración que utilizaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para otorgar un riesgo a las denunciantes no incluía a los menores ni analizaba el “riesgo de letalidad”, es decir, de asesinato. Dos elementos que el Convenio de Estambul obliga a incorporar a los estados firmantes y que el Ministerio de Interior introdujo en un nuevo protocolo operativo desde marzo de 2019, unos meses después del asesinato de Nerea y Martina. De este tipo de valoraciones policiales, que se dividen entre riesgo no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, se sirve el juez para tomar la decisión de protección o no.

También el Ministerio del Interior, que aún no se ha pronunciado definitivamente, emitió el pasado 11 de diciembre un informe y dio trámite de audiencia a la representación de Itziar para alegar lo que considere. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska también hace referencia a “protocolos obsoletos”. Sin embargo, asegura que el asesinato de Nerea y Martina “no puede atribuirse” a ello y considera que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “se incardinó en lo dispuesto en las normas e instrucciones vigentes”.

Itziar emprendió un periplo por distintas administraciones sin éxito y denunció las amenazas que el padre de sus hijas profería contra ellas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado apreciaron riesgo bajo y un juzgado llegó a denegar la orden de protección argumentando que había fijado su residencia cerca de donde él vivía y justificando que la mujer no había ofrecido “una explicación razonable al miedo que dice sentir”. Ella se había negado a declarar en un procedimiento anterior remitido por un médico y en ninguno de los procesos Nerea y Martina fueron evaluadas ni escuchadas por ningún profesional.

La familia seguirá reclamando

En el pronunciamiento del Ministerio de Justicia, fechado el pasado 20 de enero, el organismo expone el caso y concluye que “aún lamentando profundamente el fatal desenlace” no aprecia que “existiese un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” porque los juzgados “resolvieron lo que estimaron conveniente” sobre el régimen de visitas acordado “sin que se apreciase que el que existía implicase peligro para la vida o salud física o psíquica de las menores”.

Considera, por tanto, que el asesinato “no aparece conectado con un funcionamiento anormal alguno del juzgado o de sus agentes colaboradores” y que reclamar por ello “no es la vía adecuada”, sino que la representación legal de Itziar deberían haber reclamado por un supuesto error judicial, un procedimiento diferente que se inicia ante el Tribunal Supremo.

Algo ante lo que el abogado de la familia, Gabriel Rubio, se muestra contrario porque “no estamos hablando de error judicial, sino de la falta de aplicación de las medidas y herramientas previstas en el Convenio de Estambul”, que son “obligación” de las Administraciones. Rubio considera una “contradicción” que Justicia reconozca que España no aplicaba este acuerdo y al mismo tiempo “afirme que se ha actuado correctamente”. Ahora, deberá decidir si contra la inadmisión a trámite de la reclamación presenta un recurso ante el ministro de Justicia o ante la Audiencia Nacional. El objetivo de la familia es “seguir hasta agotar todas las instancias nacionales o internacionales”.

Una valoración del riesgo más

El informe de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por su parte, hace referencia a que el asesinato de Nerea y Martina se produjo siete meses después de la denuncia de Itziar, un intervalo durante el que “no existieron elementos o indicios” que “aconsejaran la adopción de medidas” de protección. Por ello, responsabilizar al Ministerio del caso “implicaría una suerte de responsabilidad objetiva atribuible solo por el hecho de ser garante de la seguridad ciudadana”.

Señala también que hubo una segunda valoración del riesgo de Itziar que pasó a ser “no apreciado” y su caso a ser desactivado del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Una “primera noticia” para la mujer y su abogado, pues defienden que con posterioridad a la fecha de la denuncia no hubo “ningún contacto con la policía”, por lo que han solicitado a Interior que acredite “en qué forma se realizado esta segunda valoración de riesgo”.

La cruzada que ha iniciado Itziar ante la Administración también ha llegado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que actualmente investiga los fallos en el caso tras la queja interpuesta por la familia. El Defensor del Pueblo, por su parte, mantiene abierta otra investigación por la que ya ha hecho varias reclamaciones al Ministerio del Interior, entre ellas, que desarrolle un sistema de seguimiento y coordinación similar al que rige para las mujeres, pero para sus hijos e hijas.