La justicia paraliza de nuevo la privatización sanitaria madrileña
Los jueces vuelven a mandar parar momentáneamente la privatización de seis hospitales en Madrid. El juzgado de los Contencioso Nº4 de la capital ha ordenado tomar esa medida cautelar a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM).
El auto de 3 de septiembre entiende que todo el proceso privatizador supone un cambio de modelo “irreversible” por lo que, estima, debe pararse hasta que se dicte sentencia sobre las órdenes que sacaron a concurso los seis centros sanitarios y que afectan a un total “de 1.149 camas de un total de 15.459 camas en dicho ámbito territorial), cuatro Centros de Especialidades, 92 municipios (de un total de 179), 2 distritos de la ciudad de Madrid, 1.151.588 personas (el 18,02% de la población con derecho a la asistencia sanitaria) y 5.128 profesionales (sanitarios y no sanitarios), suponiendo, además, ”transacciones económicas cuantiosísimas“ (con un precio total de la licitación de 4.679.820.419,29 euros), así como la subrogación de los concesionarios en 392 contratos de suministros y servicios vigentes, por un importe total aproximado de casi 44 millones de euros”, según recoge el escrito judicial.
El texto entiende que los perjuicios a terceros de esta suspensión (los contratistas ya adjudicados que son Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo) son estrictamente “económicos”. La paralización cuenta con el informe favorable del fiscal que, afirma, que “el cambio de modelo que se propone es de unas dimensiones cuantitativas extraordinarias como para que las consecuencias que se derivan de todo ello puedan llegar a ser irreparables”.
El juez duda en su disposición de que la defensa aludida por la defensa de la Comunidad de Madrid sobre la salvaguarda del interés general mediante el ahorro económico sea un argumento contra la suspensión. Y explica: “Al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlocon mayor eficiencia. Se custiona si el interés general se garantiza más a base de ahorro o del ”mantenimiento del sistema actual“. La medida se mantendrá ”hasta que sea dictada sentencia firme“.
AUTO DE SUSPENSIÓN by eldiario.es
