Un grupo de expertos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) alertó hoy en París del peligro de legislar contra las noticias falsas, ya que los gobiernos democráticos corren el riesgo de caer en la “censura” y la “arbitrariedad”.
Días antes de que el proyecto de ley sobre informaciones falsas se debata en la Asamblea Nacional, seis especialistas en filosofía, sociología, informática, economía y derecho del CNRS presentaron, desde su ángulo de estudio, un acercamiento al fenómeno que está cambiando las campañas electorales.
En concreto, el objeto del texto francés son las noticias falsas difundidas en período electoral a través de plataformas digitales y redes sociales (Facebook y Twitter, principalmente) que tengan por objetivo modificar el curso normal de la campaña o desestabilizar las instituciones.
Entre los ejemplos citados, la campaña del “brexit” (la salida del Reino Unido de la Unión Europea), la que llevó a la elección del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los rumores difundidos en las presidenciales francesas de 2017 sobre la presunta homosexualidad del ahora jefe de Estado, Emmanuel Macron.
Durante la conferencia, el CNRS recordó que el código penal francés ya dispone de arsenal suficiente para castigar la difusión de información creada con mala intención o con el objetivo de perturbar el orden público.
“Hay que establecer qué definición prevalece, ya que diferentes actores pueden dar distintas interpretaciones de lo que es una noticia falsa. ¿Qué autoridad es lo suficientemente neutral para establecer esta regulación?”, planteó la socióloga Francesca Musiani, especialista en gobernanza digital.
Por su parte, el informático Vincent Claveau explicó que ya existen técnicas de “fact-checking” (comprobación de hechos), como programas de aprendizaje automático que distinguen cuándo una información llega desde un medio de información o uno de “reinformación”, en el origen y propagación de noticias falsas.
Si bien no son infalibles, también hay herramientas capaces de diferenciar imágenes editadas, como las que a menudo invaden Twitter o Facebook, aunque, según Claveau, son los propietarios de las redes sociales los que deben implementar estos utensilios, “pues son ellos los que tienen la mayor parte de los datos”.
Por su parte, el economista Emeric Henry, profesor en Sciences Po París, ha realizado un estudio sobre el impacto del “fact-checking” en el contexto electoral que buscaba aclarar el efecto que el uso de cifras falsas puede tener dentro de un discurso.
Henry concluyó que “el efecto del 'fact-checking' es muy débil”, pues “permite corregir los datos, pero no la impresión creada por la primera cifra que se escuchó”.
Por ello, el investigador reclamó una mayor inversión en pedagogía y estudios de comprobación de los hechos para enseñar a los usuarios que compartir una información “puede tener consecuencias graves”.