Los pasillos de colegios o institutos se han convertido en el espacio en el que las editoriales compiten para lograr que sus libros se prescriban en el centro educativo. “Llegan sin cita, son bastante insistentes y el conocimiento sobre el contenido no es muy profundo. Su intervención se centra más bien en contarnos si nos regalan algo, o si ellos aportan más o menos”, cuenta Enrique, jefe de departamento en un instituto público de Madrid.
Los docentes consultados por esta redacción perciben el trabajo de los comerciales como “muy insistente”. De esta forma lo describe la responsable de área de otro centro educativo, que explica que a lo largo del mes que llevan de curso ha llegado a tener cuatro visitas. “Vienen y vienen. No desisten”, cuenta esta profesora.
En su caso, los comerciales adoptan esta actitud a pesar de que ella no utiliza libros de texto en clase. Los empleados que han pasado por este sector trabajan con la mente puesta en las ventas que deben facturar cada curso. El objetivo más codiciado son los grandes centros con muchas clases por curso.
Antonio (nombre ficticio), comercial jubilado, reseña que la introducción de un libro de texto en un centro educativo con muchos alumnos “es una pelea fuerte” en la que tienen que “arriesgar”. “Si perdías un colegio era un drama para ti y el resto de compañeros”, explica. Entre las armas que desplegaba para convencer a los profesores alude a “regalos” y a “invitaciones para comer”.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acreditó que estas compañías ofrecían libros gratis para las ampas, la biblioteca o para hijos de profesores, pantallas digitales u ordenadores para las aulas o impartir formación a los docentes antes de 2012. Después de ese año hubo un pacto en la patronal Anele -liderada por Santillana (Grupo Prisa), Editorial SM (de los marianistas), Anaya (de la francesa Hachette Livre) y Oxford (británica, de libros en inglés)- para que nadie ofreciera esos regalos y ahorrarse 80 millones anuales. La resolución de la CNMC propuso en mayo multar con más de 33 millones a la patronal de libros Anele y a 34 editoriales por ese acuerdo que considera que se impuso con todo tipo de presiones..
En relación a esta resolución, Anele niega los hechos y llega a asegurar que se multa a sus miembros sin motivo “por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza”. Sobre estas actuaciones, Enrique reseña que “era un mercadeo casi desagradable, importaba menos la calidad de los ejemplares que las pizarras digitales”. “En la década anterior y años previos era el acabose. El colegio era una jungla, un mercado de abastos”, cuenta Tomás Rodríguez, uno de los editores de Akal especializado en este campo.
En 2012 la patronal trató de terminar con esta actuación y pactaron estrategias que afectaron a la competencia. El informe sancionador acredita que ese año el lobby de los libros introdujo un llamado “Código de Conducta”. Con la aprobación de este documento, editores, profesores y comerciales coinciden en señalar que desapareció el “mercadeo”.
Aunque Enrique considera que este cambio “ha beneficiado” a las empresas porque “siguen siendo muy competitivas”, pero sin ofertas para profesores; Antonio reconoce que a partir de ese momento “empezó la picaresca” y continuaron “regalando de otra forma”. Esta decisión también afectó a su trabajo diario al convertirse “en chivatos” de los compañeros que trabajaban para la comptentecia. “Nos denunciábamos entre nosotros”, señala.
Recortes: “cóctel perfecto” para introducir libros
Para el editor de Akal el contexto económico, los recortes educativos y la libre elección de centros, en autonomías como la madrileña, han contribuido a crear un “cóctel perfecto para que la elección de los libros de texto no pase solo por el contenido”.
Asimismo, lanza una reflexión sobre estas prácticas: “La cuestión es en qué situación ponemos al profesorado para que no tengan capacidad de elección y que no solo tengan que elegir sobre el contenido, sino sobre lo que también conlleva esa decisión para el centro”.
Según los comerciales contactados por esta redacción, la estrategia que despliegan las grandes editoriales para acercarse a los centros no tiene margen para la improvisación. “Nos preparaban durante meses para afrontar cómo teníamos que presentar los libros”, incide Antonio.
Estos entrevistados explican que desde la editorial hay un seguimiento de los centros que se visitan. Se distribuyen por zonas y tienen unos centros atribuidos. Cada cierto tiempo deben rellenar una relación de los visitados, entre los datos que les requieren les llegan a solicitar “información importante referida a la competencia”, como figura en la jurisprudencia de un conflicto laboral iniciado por un comercial.