Raquel fue asesinada por su marido el pasado 6 de abril. Tenía 43 años. No constaban denuncias previas. En lo que va de 2014 ya son 21 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Sólo seis habían denunciado. En 2013 murieron 54, y en 2012, 52. Estos son los casos que acabaron de la peor manera, pero son muchas más las mujeres que sufren malos tratos y no saben cómo terminará su situación. Mujeres que viven en peligro.
Las cifras que hemos conocido recientemente gracias al macroestudio sobre violencia de género realizado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) son contundentes: un 20% de las mujeres residentes en España de entre 18 y 74 años declara haber sufrido violencia física después de los 15 años, y un 3% en los 12 meses previos a la entrevista.
Si se considera sólo a los agresores que son o han sido pareja de las mujeres, los porcentajes son un 12% y un 1%, respectivamente. En cuanto a la violencia psicológica, hasta un 33% declara haber vivido al menos un episodio desde esa edad.
Pero el concepto de violencia de género incluye también la violencia sexual en todas sus formas: acoso, abuso o agresión. Este informe europeo es, en este sentido, pionero, ya que recoge un volumen de información sin precedentes. Así, un 6% de las mujeres españolas ha sufrido violencia sexual desde los 15 años; un 1% en el último año.
La realidad detrás de las cifras
A pesar de lo dramático de estos números, lo que resulta más llamativo es que son inferiores a la media europea y en muchos casos menores a los obtenidos en países con mejores índices de igualdad, como Suecia o Dinamarca. “Cuando España asume la presidencia de la Unión Europea, en 2010, el Gobierno de Zapatero tiene como estandarte la lucha contra la violencia de género y decide impulsar el tema en Europa, pero se encuentra con que hay países en los que nunca se han realizado estudios específicos, ya que no se considera un problema”, cuenta Blanca Tapia, portavoz de la FRA. La presidencia española consigue el apoyo del Parlamento y del Consejo para que la FRA realice esta macroencuesta, sin precedentes en el mundo. “Ahora tenemos los datos para que se actúe a nivel político”, remata Tapia.
Para Carmen Vives, profesora de Salud Pública en la Universidad de Alicante, la Ley Integral de Violencia de Género marcó un hito que convirtió a España en referente mundial. Su puesta en marcha se tradujo inmediatamente “en un incremento exponencial del número de denuncias” y de los mecanismos de respuesta ante ellas, con la creación de unidades policiales y juzgados especializados, casas de acogida y todo tipo de ayuda a las víctimas y de prevención.
Ahora, apenas siete años después, el repunte en el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año plantea para muchos la necesidad de mejorarla y aplicarla de manera efectiva. El Gobierno acaba de aprobar ciertas modificaciones, como la de cambiar el cuestionario policial de valoración de riesgo de la víctima. También ha dispuesto que los juzgados de Violencia sobre la Mujer juzguen los quebrantamientos de condena, a pesar de que hace sólo seis meses el PP rechazó esta medida en el Congreso.
Tapia advierte de que hay que matizar los resultados de la encuesta europea para evitar conclusiones erróneas. “Algunas mujeres de países más tradicionales se guardan lo que les pasa, lo viven como algo privado, incluso desde la culpabilidad”. De hecho, la principal razón que argumentan las mujeres en España para no haber denunciado ante la policía el incidente más grave de violencia física y/o sexual –una media de casi el 40%– es que lo afrontaron solas, que las ayudó un amigo o que se trataba de un asunto familiar.
Por el contrario, en los países nórdicos, “las mujeres llevan mucho más tiempo disfrutando de su libertad, trabajando fuera de casa y haciendo lo que les da la gana”, analiza. Esto las deja “más expuestas” a las diferentes formas de violencia machista, pero a la vez son capaces de “identificar muy claramente y contar lo que les pasa sin ninguna sensación de vergüenza”.
Y es que las cifras en este campo son muy delicadas, ya que a menudo esconden una realidad distinta a la que parecen indicar en un primer momento. Vives y su equipo están estudiando la relación entre la crisis económica y el descenso continuado de la mortalidad por malos tratos desde 2008. “Nuestra hipótesis es que parte de esta bajada está relacionada con la disminución de la frecuencia con la que la gente se divorcia, un momento de gran vulnerabilidad de las víctimas”, apunta la profesora. “Debido a las circunstancias económicas, muchas mujeres no se divorcian y, en cambio, aguantan los malos tratos”.
Ante la cantidad de mujeres fallecidas en el primer trimestre de 2014, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, prefiere detenerse en otras cifras que han ido descendiendo con la crisis: las denuncias y las órdenes de protección. El balance presentado hace unos días del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial indica que las denuncias disminuyeron un 2,8% en 2013 respecto a 2012 (de 124.894 a 128.543). Las órdenes bajaron un 5%. Casi el 60% fueron estimadas, una tasa mucho menor que en los primeros años de la ley, cuando se admitía prácticamente la totalidad. El observatorio también recoge un aumento en las renuncias a continuar con el proceso: un 12,25% del total en 2013, lo que supone un incremento del 8,1% desde 2009.
La presidenta del órgano, Ángeles Carmona, aventuró que el descenso de las denuncias podía deberse a la crisis o a un desconocimiento de las mujeres de los recursos que tienen a su disposición. La encuesta de la FRA muestra que el doble de las mujeres (un 12%) que sufren violencia doméstica deciden “aguantar” las agresiones debido a la imposibilidad de hacer frente a los gastos domésticos, frente a las que lo hacen pudiendo vivir “cómodamente o sencillamente llegar a fin de mes” (un 6%).
Susana Martínez Novo, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, coincide en señalar la crisis como uno de los factores que obstaculizan la interposición de la denuncia: “El desempleo o la falta de ayudas económicas hacen que las mujeres no tengan una salida si se separan. Nosotras les decimos que valoren su salud mental y su integridad física ante todo, pero muchas te dicen que, si no van a tener ni para comer, lo demás es secundario”, reconoce.
Soleto añade al factor económico la desconfianza en los mecanismos de atención y acompañamiento a las víctimas: “Desde las organizaciones de mujeres hemos denunciado que una parte muy importante de los recortes en materia de igualdad han ido precisamente a estos servicios, tanto en cantidad como en calidad. Incluso en muchas comunidades autónomas han tenido que cerrar centros”, lamenta. Desde 2011, cuando Rajoy llegó al poder, el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género ha bajado casi en un 30%, una cifra similar a la reducción de la inversión específica en prevención.
Ambas creen, además, que en estos datos subyace la percepción de que no hay un buen trato a la víctima en la vía judicial. La primera recuerda sentencias recientes que “no parecen orientadas a resolver el problema” y que desalientan la denuncia. Y la segunda pone encima de la mesa un punto que le llama especialmente la atención: “Las asociaciones luchamos por que se tipificara la violencia habitual en el seno de la familia, y en las estadísticas vemos muchos procesos que se están tipificando como maltrato ocasional, lo cual contrasta absolutamente con los casos que llegan a mi organización”.
Martínez Novo cita estudios que afirman que las mujeres tardan una media de entre cinco y siete años en denunciar, por lo que “resulta extraño que se resuelvan tantas situaciones así. Esto conlleva una minimización de la pena y de las medidas accesorias de alejamiento y protección de la víctima”, reflexiona.
Una nueva generación de machistas
Silvia Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), resalta que los jóvenes siguen reproduciendo esquemas sexistas, y aporta algunos de los datos más llamativos del Estudio Andalucía Detecta, del IAM, en el que se observa una fuerte implantación entre las adolescentes de entre 14 y 17 años de las nuevas formas de machismo o “sexismo sutil” –que se encubre bajo la idea del afecto como cuidado–, mayoritario entre las chicas, frente al más tradicional u “hostil” de los chicos. En total, un 65% de chicas y chicos presenta algún tipo de sexismo (más ellos que ellas), confirmando que “ambos tienen asumida la legitimidad del principio de autoridad del hombre sobre la mujer”.
En la misma línea, el estudio del Ministerio de Sanidad presentado en 2013 revela un mayor porcentaje de chicas que dicen haber vivido alguna situación de violencia de género por parte de chicos de su edad en 2013 que en 2010, siempre por encima del porcentaje de varones que admiten haber llevado a cabo conductas de este tipo. Tras la publicación de este informe y de otro sobre el ciberacoso, el Ministerio anunció una batería de medidas dirigidas a combatir estos “nuevos delitos” y a “fomentar la igualdad efectiva en todas las etapas educativas”.
En el balance del Observatorio del CGPJ aparece un aumento del 4,8% de los menores enjuiciados por violencia machista. Un dato más que viene a señalar la importancia que según todas las entrevistadas tiene el trabajo en prevención desde edades tempranas, con campañas específicas en los centros educativos, profesores especializados y un esfuerzo en la transmisión de valores igualitarios en todos los espacios, incluidos los medios de comunicación, que a menudo manejan estereotipos machistas.
Por supuesto, estas expertas insisten en la importancia de denunciar las agresiones, ya que es lo que activa todos los mecanismos de apoyo institucional, mientras exigen un esfuerzo colectivo para dar respuesta a las necesidades de las víctimas que se deciden a dar el paso. “Yo diría que, tras los avances conseguidos, estamos en una segunda fase, en la que hay que dar un nuevo impulso a esta lucha, con una mayor especialización de todos los operadores jurídicos, médicos –que como señala la encuesta europea en multitud de ocasiones son los primeros que conocen los malos tratos– y demás profesionales implicados”, concluye Martínez Novo.
España se ha convertido estos días en el noveno país en ratificar el Convenio de Estambul, que entrará en vigor cuando lo haga un Estado más. La portavoz de la FRA destaca que se trata de “la legislación más amplia y completa que existe para atajar la violencia, que dice exactamente las medidas a tomar en prevención, implicando no sólo a los jóvenes, sino también a los hombres, como parte del problema y de la solución”. En su opinión, el informe europeo no puede sevir para concluir que “la violencia de género está controlada en España”, sino para analizar qué queda por hacer.
De ello dependen la salud y la vida de demasiadas mujeres.