No hay acuerdo en el Gobierno sobre las competencias que debe tener la Ley de Bienestar Animal, aprobada en agosto en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y que actualmente se encuentra en el Congreso. El Ministerio de Derechos Sociales, con Ione Belarra al frente, lleva meses trabajando en un texto con el objetivo de que se aplique a casi todos los animales. Sin embargo, el PSOE aboga por que esta norma regule “exclusivamente” la actividad de criaturas de compañía “que son mantenidas en el hogar familiar y conviven en él con sus titulares”.
“Nos llama la atención que una ley que ha pasado por el filtro del Consejo de Ministros, que entendemos que es una norma del Gobierno, en realidad, parece que solo es propuesta por una parte del Ejecutivo. Resulta un poco chocante y paradójico que sea el socio mayoritario el que presente una enmienda de tanto calado”, expone José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina.
El grupo parlamentario socialista ha registrado este martes en el Congreso cuatro enmiendas a la ley. De esta forma, el PSOE pretende modificar la categoría de animales a los que ampararía la norma. El texto, que ha generado tensión entre los socios de Gobierno, apuesta por incluir un apartado más entre los sujetos que son excluidos de la ley.
Por lo tanto, los socialistas pretenden que esta norma no se aplique a aquellos “animales utilizados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado), así como los utilizados en actividades profesionales (dedicados a una actividad o cometido concreto realizado conjuntamente con su responsable en un entorno profesional o laboral, como los perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o los animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas)”. Aún así, “les será de aplicación lo establecido en el artículo 24 respecto de obligaciones generales y el artículo 27 relativo a las prohibiciones”, recoge el texto registrado en el Congreso.
El PSOE busca la exclusión de los perros de caza
Además, proponen que queden “excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza que contarán con una legislación propia según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética”, indica la enmienda, que incluye una reivindicación de la Real Federación de Caza. Para justificar esta decisión, el PSOE sostiene que los animales que no son de compañía ya “encuentran su acomodo jurídico” en la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
A su vez, defienden que la redacción actual del proyecto de ley “introduciría un factor de distorsión a la hora de su aplicación por las comunidades autónomas” porque, para el PSOE, los Gobiernos regionales son los que tienen competencias “en exclusiva en materia de protección animal”.
En la coalición de Unidas Podemos esta propuesta no ha sido bien acogida. “Nos parece incomprensible porque desprotege a miles de animales y supone un grave retroceso en la defensa de su bienestar”, indica Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, sobre la enmienda socialista. “Estamos seguros de que el PSOE no está a favor de que haya desalmados que cuelgan a galgos de árboles o entierran cachorros en cal viva, y confiamos en que rectifique”, añade, en una contestación por escrito dirigida a esta redacción.
Críticas de colectivos animalistas
Colectivos animalistas también son críticos con la decisión del PSOE. “Los derechos deben ser comunes para todos los animales y si hay que precisar o matizar algo en la normativa, porque evidentemente no es lo mismo un perro que vive en una casa o un apartamento que un perro pastor, habrá que incluirlo en la ley; pero crear una normativa nueva nos parece un error y no tiene mucho sentido”, reseña Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF.
Por su parte, Aïda Gascón, directora de la organización AnimaNaturalis, sostiene que la propuesta socialista “va a dejar a los perros de caza desamparados”. Según relata, las protectoras de animales “son las más afectadas por los desechos de la caza”. Y detalla tres escenarios que se suelen producir con animales provenientes del sector cinegético. El primero es en el que “son los propios cazadores” los que “se acercan a la protectora y dejan ahí al animal cuando no lo quieren”. “Es ilegal, pero las protectoras no denuncian porque saben que el destino podría ser peor, que lo abandonen o lo cuelguen de un árbol”, reseña Gascón.
“En otros casos, se rescatan perros en la calle. Se desconoce cuántos días han estado dando vueltas, acaban desnutridos o han sufrido algún accidente. Las protectoras tienen que hacerse cargo de las operaciones o de alguna enfermedad”, añade la directora de AnimaNaturalis. Finalmente, el último caso que detalla son aquellos perros de caza “que son rescatados de cheniles y están en malas situaciones”. “Nos encontramos perros que están famélicos, llenos de parásitos y que se comen sus propias heces porque no tienen comida”, finaliza Gascón.
El presidente de la Federación de Caza, Manuel Gallardo, desmiente estas acusaciones en contra de su sector y asegura que “este mantra se ha desmontado en reiteradas ocasiones”. “Trabajamos siempre para que todos los animales que participan en la actividad [cinegética] estén perfectamente cuidados”, subraya. Su organización ha cargado contra la ley de bienestar animal porque “muchos de sus artículos no favorecen” la caza.
Críticas de la Federación de Caza
En un argumentario elaborado por la federación sostienen que “es imposible cumplir” medidas de la ley como el artículo 25 que prohíbe el maltrato o la agresión física a los animales de compañía y silvestres en cautividad. El lobby nacional del sector cinegético asegura que su interpretación es “absolutamente subjetiva” en lo relativo “a evitar daños o producir sufrimientos” si se incluye en la norma a los perros de caza.
En esa misma línea, entre las 30 objeciones que plantean al proyecto de ley, apuntan que la obligación de mantener a los animales “integrados en el núcleo familiar, siempre que sea posible por su especie, en buen estado de salud e higiene” provoca la desaparición de “las residencias caninas donde muchos cazadores tienen a sus perros”. También critican la prohibición de “llevar animales atados a vehículos a motor en marcha” porque prohibiría “el entrenamiento de galgos”
El objetivo de la ley es lograr que haya “sacrificio cero, abandono cero y maltrato cero”, tal y como explicó en agosto en una entrevista con elDiario.es Sergio G. Torres, director general de Derechos de los Animales e impulsor del texto. Con el proyecto de ley que ha llegado al Congreso, y que actualmente se está debatiendo en el Parlamento, Derechos Sociales apuesta por prohibir la cría no controlada.
“Muchas de estas crías son abandonadas y, en el mejor de los casos, acaban en centros de protección animal, donde terminan acumulándose y necesitan salir en adopción. Estamos hablando de que se pueden abandonar en torno a 300.000 animales al año y muchos de ellos provienen de la cría no controlada”, explicaba Torres en agosto a esta redacción.
En relación a este asunto, la propuesta del Ministerio de Ione Belarra aboga por que la reproducción de los animales únicamente pueda ser realizada por “criadores registrados, con mecanismos de supervisión veterinaria, para conseguir que se realice de forma responsable y moderada”. Además, “se regula la venta o adopción de animales de compañía, estableciendo únicamente la posibilidad de ser realizadas por parte de profesionales de la cría, tiendas especializadas y autorizadas o centros de protección animal”, apunta el proyecto de ley, que también “contempla la cesión gratuita” de estas criaturas. En estos casos, ese traspaso debe quedar reflejado “en un contrato entre las partes”.
Una cría controlada y supervisada
La Federación Española de Caza lamenta que, si este texto sale adelante, únicamente “podrán criar aquellas personas inscritas en el registro de criadores de compañía”. “Se prohíbe la cría para reposición, como ocurre en la mayoría de los casos de la actividad cinegética”, apuntan en un documento en el que recoge sus objeciones al texto.
De la misma manera se posiciona el pastor leonés Edilberto Rodríguez. Según cuenta, los ganaderos se organizan entre ellos para criar nuevos perros que les ayuden a cuidar el rebaño. “El [pastor] que tiene un perro bueno, le ofrece [perros] a otro [compañero]. No hay un comercio, ni una historia. Nos dedicamos al ganado. Le doy el perro a cualquiera, yo no he vendido nunca un perro”, añade. Teniendo esto en cuenta, explica que si la cría de animales se regula tal y como estipula ahora el proyecto de ley no podrá “ofrecer un perro de esta manera”.
Otra de las novedades que incluye el proyecto de ley que ha llegado al Congreso es la imposición de un curso de formación para los dueños. Esta formación será obligatoria para todas aquellas personas que tengan animales domésticos. “Serán gratuitos y mayoritariamente online”, explicó Torres a elDiario.es. Y añadió: “Consiste en la adquisición de una serie de conocimientos para saber qué significa tener un animal en tu familia y cuánto tiempo va a estar contigo. ¿Qué tiempo requiere de cuidados? ¿Qué gastos implica tener un animal?”.
Se rediseña la regulación de animales potencialmente peligrosos
Derechos Sociales considera que estos cursos pueden contribuir a “evitar ese alto porcentaje de abandonos que también tiene que ver con el mal encaje que muchas veces los animales tienen dentro de los entornos familiares porque algunas personas quizá previamente desconocían el grado de compromiso que supone tener un animal”, explicó Torres.
Esta ley también contempla la derogación de la ley que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos, entre los que se encuentran las razas de perro pitbull o rottweiler. Si entra en vigor el texto que ha llegado al Congreso, esta denominación se sustituirá por un “reglamento que establecerá un mecanismo de validación individual de los animales”. “Lo que vamos a hacer es establecer sistemas de validación individual para que, independientemente de la raza de la que sea el perro, se pueda validar que no supone un problema de seguridad ciudadana”, indicó el director general. Además, se cambiará el término de 'potencialmente peligroso' a 'manejo especial'.
Prohibición de espectáculos con animales
Entre las líneas principales de la ley, se contempla la prohibición de los circos con animales salvajes y la reconversión de zoos y delfinarios en centros de recuperación de especies autóctonas. Además, si finalmente este texto sale adelante, tampoco se podrán utilizar animales en “actividades y espectáculos en los que puedan sufrir daño o muerte, como las peleas de gallos o el tiro al pichón”, explicó Derechos Sociales cuando se aprobó el texto en segunda vuelta en el Consejo de Ministros en agosto.
Fuera de la ley se han quedado los espectáculos taurinos, aunque Torres reconocía en agosto que le hubiese gustado que la ley de Bienestar Animal también incluyese este asunto. No ha podido ser por dos motivos: porque la tauromaquia no depende de Derechos Sociales y porque “no hay consenso en el Gobierno para poder avanzar” en este tema.
Se aboga también por el “endurecimiento de las penas de maltrato a través de la reforma del Código Penal”. De esta forma, “para los casos de maltrato con resultado de muerte se endurecerá la pena de prisión hasta los 24 meses y hasta los 36 en el caso de que concurra más de un agravante”. En esta modificación de las penas se incluyen delitos que afecten a “animales vertebrados”, como los jabalíes, “cuyo maltrato no conllevaba reproche penal hasta ahora”.