España será incapaz de revertir su problema de aguas subterráneas contaminadas a tiempo para cumplir la normativa ambiental. Casi la mitad de las zonas con acuíferos afectados por los vertidos de nitratos provenientes de la agricultura y la ganadería no podrán recuperarse dentro del plazo legal situado en 2027, según admite el Gobierno en un informe de la dirección general del Agua firmado el 30 de diciembre pasado.
La mala protección ante estos vertidos de masas de agua arrastrada durante años ha hecho que España tenga abierto un expediente sancionador europeo desde 2018. La cuestión es que, de los 1.235 puntos detectados con exceso de nitratos filtrados por el uso de fertilizantes inorgánicos o estiércol ganadero –que son un 27% de la red de control–, se calcula que 693 alcanzarán un buen estado a tiempo: entre 2021 y 2027, fecha límite otorgada por la normativa europea activada en España en 1996. Otros 45 puntos podrían arreglarse entre 2033 y 2039, pero 480 más no tienen una fecha de pronóstico para solventar el exceso de nitratos.
Este escenario es el reflejado en la respuesta que se envió en octubre de 2020 a la Comisión Europea tras recibir en julio un último aviso antes de remitir el caso al Tribunal Europeo. Bruselas no había quedado satisfecha acerca de los incumplimientos sobre la designación de zonas vulnerables, los programas de acción contra los vertidos, el control y las acciones reforzadas para frenar la contaminación. También es la base sobre la que el Ministerio de Transición Ecológica prepara un real decreto de protección de la aguas contra la contaminación por los nitratos agrarios, cuyo borrador ya admite que “los resultados obtenidos con las numerosas normas para afrontar este problema no han alcanzado los fines perseguidos”.
Las zonas más afectadas
Las zonas con peor pronóstico, según el informe, se concentran en áreas de Álava, La Rioja, Navarra y Aragón sobre el eje del río Ebro, en Catalunya (la provincia de Lleida), áreas de la Comunitat Valenciana, el perímetro del Mar Menor en la Región de Murcia, focos en la zona de invernaderos de El Ejido (Almería), puntos a lo largo de la cuenca del Guadalquivir y de regadío intensivo en Huelva y en la cuenca del Duero en Castilla y León. En Castilla-La Mancha la mayor acumulación de focos problemáticos está en Toledo para los acuíferos asociados al Tajo y en Ciudad Real para las masas subterráneas en la Confederación del Guadiana. En todos esos puntos no puede preverse una fecha (ni siquiera más allá de 2039) para conseguir que la concentración de nitrógeno sea menor a 40 miligramos por litro, incluso si se reducen un 25% los vertidos, que es lo que propone el Gobierno.
Además de explicar que hacen falta “medidas adicionales que reviertan la situación” para esas estaciones, el informe concluye que “para alcanzar los objetivos de la Directiva [europea] es necesario adoptar reducciones de los excedentes de nitrógeno más ambiciosas que las inicialmente consideradas, estimadas en un 25% con respecto a las actuales”. Son las comunidades autónomas las encargadas de designar las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en sus territorios y trazar los planes de actuación para impedir el daño en las masas de aguas.
¿Y cómo se cuantifica eso? Desde 2012, España vierte al medio natural, de una manera u otra, una media de 800.000 toneladas al año del nitrógeno utilizado para favorecer la producción agraria, según los datos del Ministerio de Agricultura. Recortar un 25% esta cantidad implicaría rebajar ese exceso en 200.000 toneladas y, de acuerdo con los cálculos de la dirección general del Agua, hace falta más rebaja. En 2017, el último año con datos, el exceso de nitrógeno que acabó en el medio natural superó las 900.000 toneladas.
Toda esa cantidad excesiva de nitrógeno, sostenida en el tiempo, se ha traducido en un problema de contaminación evidente en las aguas superficiales y, sobre todo, subterráneas, constatados por las “concentraciones de nitratos y fitosanitarios”. El problema es tan claro que “todas las demarcaciones hidrográficas españolas destacan su relevancia”, admite el documento de Transición Ecológica.
Aproximadamente un quinto de toda la superficie del país está considerada zona vulnerable ante esta contaminación al fluir la escorrentía hacia masas de agua contaminadas o en riesgo de estarlo. Son en total unos 122.000 km2, que evidencian la relación entre la actividad ganadera y agrícola intensiva y el exceso de nitrógeno liberado que contamina el agua, ya que la mitad de esos terrenos está sobre la denominada superficie agraria utilizada, según el cálculo del Instituto Nacional de Estadística.
Aumento de productividad
Pero librarse del nitrógeno no es tan sencillo, porque está ligado a la productividad de las explotaciones agrarias. La fertilización, ya sea a base de compuestos inorgánicos o estiércol ganadero, hace más rentable cada hectárea (ha) de suelo. En 2017, el exceso de nitrógeno –la diferencia entre lo que se aporta para incrementar la productividad y lo que es absorbido o sublimado– se situó en 29 kilogramos por hectárea.
Cuanto más intensiva es la forma de cultivar o criar ganado más vertidos tóxicos van aparejados a su práctica. El informe del Ministerio indica que “destacan por encima de la media los valores excedentarios de la Comunitat Valenciana [61 kg/ha] y la Región de Murcia [41 kg/ha], ya que hacen un mayor uso de fertilizantes al poseer una agricultura más intensiva en términos relativos”. Por su parte, Galicia [42 kg/ha] y Catalunya [58 kg/ha] soportan un mayor peso de la ganadería. Otras comunidades por encima de la media nacional son Castilla y León, Aragón, La Rioja, Navarra y Cantabria.