“Tengo un contrato como investigadora que nunca he firmado y nadie me explica nada”

Un rumor de que alguien conoce a alguien que ya no tiene derecho a la tarjeta sanitaria europea. El runrún de que algo pasaba empezó a difundirse así entre los investigadores predoctorales (licenciados que trabajan para la universidad mientras hacen su tesis), que fueron desmadejando entre cafés y grupos de Facebook el nexo que los une: todos sus contratos tienen modificado un número del que no sabían nada. Ni para qué servía, ni qué significaba. Nadie les avisó del cambio.

Lo recuerda Paloma, física de 26 años y una de las impulsoras de la asamblea de la Universidad de Granada, el núcleo más numeroso y activo de contratados predoctorales afectados por esta modificación decidida de forma unilateral y ordenada por el Ministerio de Empleo a finales de 2015. “Uno de los primeros días que nos juntamos me acuerdo de que un compañero se trajo impresas todas las leyes. Pusimos en común lo que sabíamos cada uno y fuimos descifrando”, cuenta.

Los investigadores han tardado más de un año en reparar en la modificación. “Te descuidas y te la cuelan de la forma más sutil y solo unos pocos años después de que consiguiéramos dejar de ser becarios. Yo no me lo podía creer, me parece que nos han tomado por tontos”, prosigue Paloma, indignada por que tanto su universidad como Empleo mantengan que la modificación no tiene consecuencias. “Me van a decir que han modificado 10.000 contratos para nada, ¿no?”, espeta.

eldiario.es se ha puesto en contacto con la Universidad de Granada, que sostiene que el cambio no afecta a las condiciones laborales de sus investigadores. Un portavoz del centro aduce que la institución actuó conforme a la orden que llegó del Ministerio. “No tenemos más margen de maniobra, tenemos que acatar”, asegura. La Conferencia de Rectores (CRUE), a quien Empleo señala como peticionaria de esta modificación, no se ha manifestado al ser preguntada por su postura.

Ni mileuristas tras una larga selección

Alberto se enteró de que sus prórrogas estaban alteradas a través de un grupo de Facebook. “Seguimos perdidos. No tenemos claras las implicaciones y tampoco saben explicárnoslas. Pero sí parece que por parte de Empleo ha habido una voluntad por ocultar algo con premeditación y nocturnidad”, dice este geógrafo de 31 años de la Universidad de Valladolid.

En sus prórrogas ni siquiera aparece el código nuevo, de manera que era imposible que lo conociera sin el aviso de su centro. “En ningún momento he firmado un 420, eso no lo pone en ninguna parte”, asegura.

Su vida laboral dice otra cosa: que desde 2004 su contrato está asociado a ese código. Alberto vive a 600 kilómetros de Paloma pero a ambos les pasa lo mismo. Como al resto de investigadores que contratan las universidades y el CSIC con fondos del Ministerio de Educación (FPU) y de Economía (FPI). Los contratos son los iguales, predoctorales, aunque los primeros tienen aumento salarial durante los cuatro años y los segundos, no.

En ningún caso cobran más de 1.000 euros mensuales tras hacer una licenciatura o un grado, un máster, tener una tesis entre manos y haber sido seleccionados en un proceso largo y competitivo para ser contratados temporalmente y sin expectativas de permanecer en la universidad investigando después de entregar el proyecto.

Paloma obtuvo un 9,5 de nota media en la carrera. Aunque para ser FPU, como ella, no solo vale el expediente. Hay una primera fase que solo pasas si cumples el requisito de una nota mínima, no menor a 8. En la segunda se evalúan más cosas, se valora el proyecto y hay hasta entrevistas personales.

Un futuro precario fuera de España

Pese a que son solo unos pocos los elegidos, los predoctorales desarrollan sus carreras incipientes con el temor de los que saben, porque ya han visto irse a muchos de sus compañeros, que tendrán que salir de España.

Los contratos predoctorales además obligan a una estancia mínima en el extranjero de tres meses. “Para volver a la uni a investigar aquí tras la tesis hay que acumular contratos postdoctorales fuera, publicando todo lo que puedas. Te lo exigen. Aún así es difícil. Si con 35 tienes ganas de seguir luchando a lo mejor puedes volver, pero nadie lo garantiza. Mucha gente se queda por el camino”, afirma Paloma, consciente de que la precariedad de su sector no empieza ni acaba con este cambio.

Sí se agrava, según los afectados, para ellos y para los que vienen. “Lo que nos han hecho tiene toda la pinta de ser ilegal. Un cambio retroactivo a un código aparejado a un tipo de contrato más precario. Pero también nos preocupa mucho la situación en la que queda la gente que entra ahora. Es una pérdida de derechos del colectivo”, asume la física.

No solo las universidades acumulan afectados. En el CSIC se concentran, según calcula CCOO, el 20% de los investigadores predoctorales. Silvia, de 30 años, trabaja en el Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia desde 2014. En enero de 2016 –un mes antes de que la modificación se publicara en el Boletín de la Seguridad Social– firmó su última prórroga por dos años, donde puede verse el código 401, pero su vida laboral dice que desde el primer año tiene un 420.

“Yo no he firmado eso nunca y nadie me explica nada. Es que estoy alucinando”, dice en conversación con este medio. En el CSIC los grupos de afectados no están tan organizados como en otros núcleos, aunque ya empiezan a hacerlo. “Yo cobro 970 euros al mes. Esto es –concluye– una precarización absoluta de un contrato que ya de por sí es precario”.