Casi un tercio de los neumáticos usados en España se gestiona sin regulación

España genera más de 300.000 toneladas anuales de neumáticos, pero de ellas 100.000 toneladas carecen hoy de control y regulación frente a las 250.000 que están recibiendo un correcto tratamiento gracias a la tasa que paga el consumidor para su reciclaje.

De estas 100.000 toneladas sin normativa que las regule, la mitad proceden de los vehículos que alcanzan el final de su vida útil y acaban en los desguaces, y el resto son ruedas de gran envergadura de maquinaria agrícola, minera etc., ha explicado hoy a EFE el director general del Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (Signus), Gabriel Leal.

El nuevo real decreto sobre vehículos fuera de uso, cuyo borrador envió el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al Consejo de Estado a finales de 2015, debería solventar esta laguna, pero “no establece la trazabilidad ni de las piezas ni de los neumáticos”.

De total de neumáticos, unas 250.000 toneladas, correctamente gestionadas, vienen del mercado de reemplazo (sustitución en los talleres) y el consumidor paga entre 0,80 céntimos (moto), 1,3 euros de un turismo o 2,3 euros de una camioneta por su reciclaje.

“Estos últimos son hoy los únicos que están regulados en España desde hace diez años”, destaca Leal, en cuya opinión la gestión del desastre ecológico que supone el incendio del vertedero de Seseña (Toledo) no solo no entraña una gran dificultad sino que también eleva mucho el coste, que sufragarán los ciudadanos.

La mayor parte de los neumáticos allí depositados han sido usados y generados en España y cambiados en Toledo o Madrid, y comenzaron a acumularse allí porque “en 350 kilómetros a la redonda no había ninguna planta para gestionarlos”.

Ello propició que “una persona viera una oportunidad económica y, desafiando todas las normas, instalara su negocio en Seseña y cobrara por depositarlos en un sitio que ni siquiera era suyo”.

Al igual que ocurre con la otra docena de este tipo de vertederos “históricos” en el país, “nadie quiso pagar por reciclar”, una situación que cambió a partir de 2006 con la entrada en vigor del real decreto que regula esta cuestión, año en el que arranca Signus.

Aunque de mucho menor tamaño, hay otros tres de estos cementerios en Castilla-La Mancha (en Yunquillos-Recas, Argamasilla de Alba y Cuenca) y alguna comunidad autónoma más donde “desgraciadamente no está resuelto” el problema.

Sin embargo, explica, no hay ninguno de estos vertederos ilegales en Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, País Vasco o Navarra.

Antes del desastre ecológico del incendio, “existía el problema de tratar unos neumáticos abandonados y ahora hay tres cosas completamente distintas: los neumáticos que no se han quemado; los restos del incendio (residuos peligrosos) y la tierra” contaminada.

“Si antes había un problema con un producto -ha insistido Leal- ahora hay un grave problema con tres productos. Con lo que si antes había un costo de 4 a 5 millones de euros, ahora puede ser muy superior”.

Con mucha probabilidad, “a las cementeras no pueden ir estos residuos pues tienen unos estrictos controles (además a estas instalaciones deben llegar triturados) ni a las centrales térmicas. Me temo que tendrá que habilitarse un vertedero de seguridad (de residuos peligrosos), que poseen las condiciones necesarias para que no haya lixiviados”.

“La parte que está quemada necesitará una salida diferente a la habitual, pero incluso para el resto de los neumáticos que llevan allí muchos años, habrá que estudiar si se pueden triturar y llevar a las cementeras”.

Ha concluido que en España hay una capacidad superior a la necesaria para gestionar este residuo: 380.000 toneladas anuales frente a las aproximadamente 330.000 que se generan.