“El número de la bestia ya no es 666, sino 779, porque está destruyendo a las familias”. Con esas palabras, el obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata, inició el pasado mayo junto con otros líderes religiosos de Nicaragua la ofensiva contra la Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres (Ley 779), aprobada el pasado año a demanda de las organizaciones feministas. Con similares argumentos en defensa de la familia tradicional, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó anteayer con el voto favorable de 83 diputados y el rechazo de sólo cuatro una reforma de la ley que permite la mediación entre víctimas y agresores para los delitos “menos graves” de violencia de género.
Los colectivos feministas, que llevaban desde los primeros ataques movilizados para intentar frenar la temida reforma, aseguran que este retroceso “significa la restitución de la cultura del abuso, la crueldad, la tortura doméstica, el irrespeto a la integridad física, psicológica, sexual, moral y el atropello de los derechos humanos fundamentales de las mujeres nicaragüenses”. La Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua contabilizó 85 mujeres asesinadas en 2012 a manos de sus agresores, y este año ya ha registrado 64.
Es constitucional, pero hay que cambiarla
Es constitucional, pero hay que cambiarlaLa Ley aprobada el año pasado a demanda del movimiento feminista suponía un avance crucial en la lucha contra las diferentes expresiones de violencia machista (ya que no se limita, como en el caso de la española, a las agresiones cometidas por parejas o exparejas de la víctima). En dicha norma se prohibía la mediación, entendiendo que no podía servir para solucionar situaciones de violencia marcadas por una relación de poder desigual a favor del hombre. El Movimiento amplio de Mujeres (frente que aúna a las principales redes de colectivos feministas) asegura en uno de sus últimos comunicados que, antes de la Ley 779, los agresores acogidos a la mediación “reforzaron sus prácticas abusivas en contra de las mujeres y las sometieron a represalias después de los acuerdos”. Reintaurar la mediación “agudiza la violencia, ocasionando mayores daños y en el peor de los casos, la muerte”, sentencian, por lo que acusan al Estado de convertirse “en cómplice necesario” de los agresores, a quienes “favorece deliberadamente” y “promociona su impunidad”.
Amenazas e intimidaciones contra la mujer son algunos de los delitos calificados como “menos graves”, y en los que por tanto se podrá recurrir a la mediación entre agresor y víctima. En un artículo titulado 'No hay violencias leves, todas nos dañan las vidas', el programa feminista La Corriente lamenta que los defensores de la mediación “minimicen como si fueran hechos aislados los efectos que tienen empujones, palabras agresivas, gritos, control, la manipulación y golpes en la vida de las mujeres; que coartan las posibilidades de ser felices, gozar, tener proyectos propios y ser las protagonistas de sus vidas”.
La Corte Suprema de Justicia ha desempeñado un extraño y contradictorio papel en este proceso. Tres abogados presentaron ante esta instancia un recurso de inconstitucionalidad en el que denunciaban que la Ley 779 cree juzgados específicos, que definieron como “tribunales de excepción para perseguir a un segmento de la sociedad”. La Corte ratificó el pasado agosto que la Ley cumple tanto con la Constitución Política como con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, propuso a la Asamblea Nacional reformarla para aceptar la mediación en los delitos castigados con penas inferiores a los 5 años de cárcel en el caso de agresores no reincidentes. Las feministas consideran “un contrasentido” que se avale la ley, a la vez que se sugiere su reforma “de manera anómala y violando el principio de legalidad y seguridad jurídica”. Además de reabrir la vía de la mediación, la modificación legislativa también contempla que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar la normativa, disposición que, según las feministas, permitirá al Gobierno “modificarla a gusto y antojo”.
Por su parte, el diputado de la oposición Wilfredo Navarro (uno de los cuatro que votó en contra de la reforma) consideró “contraproducente” que se haya modificado la Ley apenas un año después de su aprobación: “Ni siquiera se ha permitido que se desarrolle”, lamentó.
El Gobierno nicaragüense no es el único que promueve la mediación en casos de violencia de género. También el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, abrió esa posibilidad mediante una reformulación del artículo 84 en el anteproyecto del Código Penal, que establece que el juez o el tribunal podrán condicionar la suspensión de la ejecución de la pena si hay un acuerdo durante un proceso de mediación entre las partes, un mecanismo expresamente vedado por la Ley Integral contra la Violencia de Género. Un grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial reclamó el pasado enero que un nuevo artículo prohíba expresamente la mediación “en supuestos de desigualdad, como es la violencia de género”, informó Ana Requena en eldiario.es.
Injerencia de los líderes religiosos
Injerencia de los líderes religiososLa empresa de investigaciones de mercado y opinión pública M&R publicó el pasado abril una en cuesta que revelaba que más del 82% de la población respaldaba la Ley 779. “Pero enseguida la Iglesia católica, evangélica y otros sectores ultra conservadores y machistas empezaron a levantarse contra la Ley, por 'atentar contra la familia'. El rol de líderes religiosos ha sido de nuevo nefasto para las mujeres”, critica Geni Gómez, integrante de la Red de Mujeres de Matagalpa.
Diputados oficialistas y de la oposición repitieron en sus intervenciones en la Asamblea Nacional los mismos argumentos. El aliado indígena de los sandinistas en el Congreso, Brooklyn Rivera, argumentó que “es importante mantener la unidad de la familia”, y Corina Leiva, diputada por el Partido Liberal Independiente, sentenció que “las mujeres están hechas para conservar el hogar y no destruirlo”. El diputado independiente Santiago Aburto llegó a afirmar que ley es un arma súper poderosa que aprovechan las mujeres inescrupulosas y que ha desbaratado un sinnúmero de familias“.
Gómez señala que con la mediación “se devuelve la responsabilidad a la mujer que decidió hacer público un delito hasta entonces escondido, y se la coloca enfrente del agresor en condiciones evidentes de desigualdad”. La activista feminista añade que las y los diputados reafirman los mensajes que reciben las sobrevivientes de violencia machista en su entorno, “de que perdonen, que den otra oportunidad, que no se lo tomen tan a pecho, que lo que le ha hecho no es tan grave como para que un hombre tenga que enfrentar un proceso y pueda ser sancionado”.
Que la ley destruye los hogares y que las mujeres la usan para vengarse son dos de los mitos que más han calado entre la opinión pública. “¿Y qué ley protege a los hombres?”, es una de los cuestionamientos más frecuentes en tertulias de los medios de comunicación y en conversaciones cotidianas. Otro mito muy extendido es que la ley criminaliza tanto a los hombres y las mujeres la usan tan a la ligera que está saturando las cárceles. Varios abogados argumentaron ante la prensa que la mediación ayudará a reducir la sobrecarga de trabajo que atribuyen a las denuncias por violencia machista, y acusaron sin datos a las mujeres de denunciar en falso por “oportunismo”.
Aborto ilegal; violencia sexual impune
Aborto ilegal; violencia sexual impuneEl Gobierno de Daniel Ortega, histórico líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), combina un discurso aparentemente comprometido con la igualdad de género con posiciones que niegan los derechos de las mujeres, como una Ley de Aborto que penaliza desde 2007 la interrupción voluntaria del embarazo en todos los supuestos, incluidos la violación, el riesgo para la madre y la malformación del feto.
La ilegalización del aborto terapéutico es especialmente sangrante en un país en el que “la violencia sexual se incrementa día a día y afecta principalmente a niñas, adolescentes y jóvenes, obligadas a embarazos impuestos”. De hecho, Nicaragua es, seguido por Honduras, el país de América Latina con una tasa mayor de embarazos en menores de edad.
La falta de voluntad política para atajar esta realidad recuerda que el propio presidente Daniel Ortega fue acusado de por su hijastra Zoilamérica Narváez (hija de Rosario Murillo, actual primera dama y jefa de comunicación del Gobierno, a la que se le atribuye tanto o más poder que a su esposo) de haberla sometido a acoso y abusos sexuales desde los 11 años, y durante casi 20 años. La familia Ortega-Murillo, defensora (recordemos) de la mediación, escenificó un intento de reconociliación con Zoilamérica en 2004. El 8 de marzo, Murillo intervenía en Radio Mujer cuando recibió una llamada de su hija diciendo que los motivos que las habían enfrentado se habían enfrentado. La esposa de Ortega, que en todo momento atribuyó la denuncia de su hija a una manipulación por parte de los opositores al FSLN y apoyó sin fisuras a su marido, dijo confiar en que Daniel perdonaría a su hijastra: “Ya ni siquiera cabe hablar de perdón, sino de reencuentro, de construcción, de la capacidad del amor”. La paz y el amor duraron poco. Este mismo año, Zoilamérica ha afirmado ante los medios ser víctima de una persecución política por parte del Gobierno sandinista. En una reciente entrevista al diario El País, Zoilamérica niega que hubiera tal reconociliación y sigue manteniendo las acusaciones contra Ortega.
Las declaraciones de las organizaciones feministas contra la reforma de la Ley 779 incluyen claras alusiones al caso Zoilamérica: “Se ha alegado que se busca 'proteger a la familia', cuando en la realidad se pretende imponer al país entero el modelo que representa la 'pareja presidencial' de que 'los trapos sucios se lavan en casa', y deja en la impunidad a agresores, abusadores y/o violadores sexuales”.