Como lapas, los símbolos de Franco sobreviven aferrados, en parte, gracias a la impunidad reinante. Muchos de los tributos franquistas han caído desde 2007 aplicando la Ley de Memoria Histórica, pero otros tantos salpican todavía las calles españolas. Una nueva iniciativa solicita a los órganos consultivos autonómicos que dictamine sobre la parafernalia simbólica de la dictadura presente en 350 pueblos.
Los escritos presentados en las diferentes instituciones regionales reclaman también la elaboración de catálogos de vestigios del fascismo español. Se trata de una vía de presión para que los gobiernos regionales no miren para otro lado.
Porque los rastros de exaltación del golpe de Estado, la guerra civil y la represión del franquismo están presentes en nombres de pueblos, calles y avenidas, monumentos, placas e insignias. Incluso en honores y distinciones públicas y enterramientos en iglesias.
“Lo que se pretende es una vinculación directa entre el órgano consultivo autonómico y una versión democratizada de calles y municipios de 350 pueblos españoles que incumplen la Ley de Memoria Histórica”, resume el abogado especializado en cuestiones memorialistas que ha presentado la docena de requerimientos, Eduardo Ranz. El mismo letrado ya denunció al Banco de España y otras 300 localidades por incumplir la legislación vigente.
Castilla y León es la comunidad autónoma que registra un mayor número de símbolos franquistas, según los escritos, con 191. El Consejo Consultivo de la región ha recibido el listado correspondiente. Como en Castilla-La Mancha, que llega a 69 y Aragón, que le sigue con 22. Extremadura conserva 17 símbolos, la Comunidad Valenciana 16 y Asturias 12. Con 8 están Galicia y Andalucía, por 3 de Canarias y uno en Cataluña, Islas Baleares y Murcia. En total, 349 municipios.
Un gran ausente: el Valle de los Caídos
¿Por qué no aparece el Valle de los Caídos? En Madrid no hay Consejo Consultivo, “lo que hace que no se pueda pedir un dictamen” sobre el mausoleo de Cuelgamuros que acoge los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Tampoco está incluida Melilla, con el mismo condicionante, ni el caso “sobre la última estatua de Franco” en la ciudad africana.
El resto de órganos consultivos apelados deben pronunciarse sobre la cuestión puesta encima de la mesa. Y hacerlo como entes autónomos que colaboran con las administraciones públicas cuyas decisiones han de ser tomadas conforme al ordenamiento jurídico.
“Además de calles y avenidas, el tiempo ha demostrado que la problemática en simbología también se extiende a honores y distinciones de ministros franquistas, nombres de pueblos dedicados a Franco o a generales golpistas, así como de enterramientos en basílicas de genocidas”, asegura Ranz. Caso de la polémica sepultura del militar golpista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena en Sevilla.
Entre las distinciones denunciadas están las que conserva en Málaga el alto cargo el franquismo y declarado “falangista” José Utrera Molina. El entierro del suegro del exministro del Partido Popular Alberto Ruiz-Gallardón estuvo envuelto en una fuerte controversia por la presencia de un grupo de falangistas que entonó el 'Cara al sol'.
El exitoso precedente vasco
En el Estado español existe un precedente exitoso: el País Vasco. “En la legislatura del 2009-2011 se procedió a la elaboración de un catálogo de escudos, insignias, placas u objetos” que suponían una exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Euskadi es por tanto la única comunidad autónoma libre de símbolos fascistas, en palabras del abogado Eduardo Ranz.
Aunque se elaborara el catálogo, la afirmación es matizable ya que, por ejemplo, la Agencia Tributaria de Bilbao inició en mayo pasado el desmantelamiento de su escudo franquista, cuyo peso dificulta las labores de desmontaje.
Los consejos a los que ha llegado el escrito de denuncia son Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya y de Les Illes Balears, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y el Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia.