Un juez obliga a La Rioja a escolarizar a un niño con diversidad funcional en un centro ordinario

Adrián debe ir a un colegio ordinario. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJLR) falló el pasado 14 de junio que el menor, de 11 años y con epilepsia y hemiparesia, debe ser matriculado en un centro ordinario en contra del criterio de la Consejería de Educación de la comunidad, que había determinado que el menor fuera escolarizado en un colegio de educación especial. Los padres de Adrián recurrieron y la justicia les ha dado la razón.

Con esta son al menos cinco ya las sentencias hechas públicas en los últimos dos años a favor de la educación inclusiva y contra el criterio de la administración de enviar a menores con diversidad funcional a centros educativos especiales. La justicia tampoco está haciendo nada extraordinario, según explica la propia sentencia y corrobora Carme Fernández, directora de la Fundació Gerard: España está adherida a la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad, que parte del principio de que todas las personas tienen derecho a una educación en condiciones de igualdad.

El TSJLR considera que la administración no ha probado que la única manera de que Adrián reciba los apoyos escolares que necesita sea en un centro de educación especial, como argumentaba La Rioja. “No resulta acreditado (...) que para adoptar la resolución de escolarización en un centro de educación especial (...), se haya acreditado que es inviable la integración [de Adrián] en un centro educativo ordinario, ni que los apoyos que precisa el alumno solamente puedan ser proporcionados en un centro de educación especial; tampoco que los apoyos recibidos no hayan dado lugar a una evolución del alumno, ni tampoco que sea previsible que su adaptación e integración social será reducida en un centro ordinario”.

El consejero de Educación riojano, Alberto Galiana, declaró al diario La Rioja que el caso nunca ha sido una cuestión de recursos —aunque se argumentó precisamente esto durante el juicio— y que al Gobierno lo que le ha movido es “lo mejor para el menor”. Galiana afirmó que Educación acatará la sentencia.

“Ese colegio era bueno para él”

La resolución judicial es el final de una batalla que ha durado ya unos cuantos años, según explica Marcos, el padre de Adrián. El pequeño ha estado escolarizado en escuelas ordinarias durante todos los años previos, excepto el pasado curso.

Inicialmente estuvo en un colegio público hasta 2º de Primaria, repitiendo en tercero de infantil (por indicación de los profesores) Al terminar segundo, la Consejería ya intentó derivarlo a un centro de educación especial. Pero, tras una larga lucha, los padres consiguieron como única opción que el niño fuera dos días a un colegio ordinario y tres a uno especial “Esto ya es una irregularidad porque en La Rioja la educación combinada no está regulada”, advierte Fernández. Es en este último colegio donde el niño evolucionó y se integró con sus compañeros yendo solo dos días y un solo año, según explican sus padres.

“El chico estaba bien en ese colegio, nosotros creíamos que podía seguir el ritmo y que era bueno para él”, cuenta Marcos. “Aunque tiene alguna limitación, iba bien”, añade.

Así estuvo Adrián un curso. “Ante nuestra desinformación, ya que no conocíamos los derechos de Adrián, estábamos contentos. El año fue bueno para él. En el colegio ordinario se asentó, se integró con sus compañeros. Va más lento que los demás, pero mejoró académicamente. Antes no tenía relación con los otros niños, ahora, en solo dos días, sí. Incluso mantiene la amistad con amigos de ese curso”, relata Marcos.

Pero Educación volvió a la carga. Comunicaron, informes mediante, que Adrián tendría que pasar a un centro de educación especial. Así lo hizo el curso pasado. Pero la familia se negaba. Empezó una campaña en change.org, conocieron la Fundación Gerard, que trabaja por la inclusión educativa, supieron de la existencia de la citada Convención de la ONU. Y decidieron pelear, aunque no era su intención inicial.

“No queríamos denunciar”

“No queríamos denunciar ni acudir a la justicia ordinaria”, explica Marcos. “Queríamos razonar, explicarles que Adrián había mejorado. Pero hicieron caso omiso y, cuando desestimaron el recurso de alzada que pusimos, solo nos quedaba la denuncia. Nosotros no queremos dar guerra, solo queremos que se cumpla la sentencia, que vuelva al centro donde estaba escolarizado el último año, en el que yendo solo dos días a la semana mejoró, con todos los apoyos necesarios, y aquí paz y después gloria”, cuenta el padre.

Pero quizá el camino no sea tan sencillo como les gustaría. La Rioja ya tuvo una sentencia similar a esta el año pasado y recurrió.

La preocupación de Fernández y la familia de Adrián es que la actuación de Educación parece premeditada, aún a sabiendas de que va contra la ley. “La Consejería conocía la sentencia anterior, conoce el derecho de las personas con discapacidad, pero [cuando nos dijeron que debía escolarizarse en un centro de educación especial] no nos contaron las opciones que tenía”, cuenta Marcos. “O toda esta serie de actuaciones irregulares con enfoques excluyentes y segregadores son inherentes al sistema o se hace para perpetuar un sistema de educación especial que no interesa que desaparezca”, opina Fernández.

De momento, pese a la sentencia, la familia no tiene noticias de Educación ni sabe a qué centro acudirá Adrián el próximo curso. Fernández advierte: “En el caso anterior hubo problemas para que el niño se escolarizara después de la sentencia. Esperamos que en este caso no pongan pegas”.