España es un país de contrastes, también en las medidas para atajar la quinta ola. El fin del estado de alarma dejó sobre la mesa la posibilidad de una gestión múltiple de la pandemia. En lugar de actuar a coro, las comunidades autónomas pudieron adaptarse a sus distintas realidades para frenar la transmisión del virus, y así hicieron. El problema es que ahora todas alcanzan el “riesgo extremo” en contagios y el escenario de restricciones no puede ser más desigual.
Por un lado está la reapertura de las plantas COVID-19 en los hospitales, la aprobación de distintos toques de queda, las nuevas restricciones a la hostelería y las limitaciones a las reuniones y, por el otro, la flexibilidad absoluta. Una pandemia por capas que dibuja un verano muy diferente dependiendo de la zona geográfica que toque.
Los números, vistos en conjunto, no son optimistas. A pesar de estar batiendo récords en vacunación, España tiene la segunda incidencia acumulada más alta de Europa y la situación asistencial está sufriendo en diferido la explosión de casos. Los ingresos en planta se han duplicado en solo dos semanas y las UCI se encuentran al 16,5% de su capacidad. Con este panorama, incluso las regiones más reticentes se han visto obligadas a tomar medidas. Aunque siempre hay excepciones.
Catalunya, Andalucía, Galicia, la Comunitat Valenciana y Madrid son las comunidades que mejor representan esta variedad de posturas y realidades con las que se topan los ciudadanos: el toque de queda en un lado del espectro y las escasas limitaciones al ocio y a la movilidad en el otro. Todas, además, enfrentándose a la encrucijada imposible de “salvar el verano” o cortar la transmisión de forma drástica llevándose por delante los principales atractivos del turismo.
Retraso de cirugías y 165 toques de queda en Catalunya
Con el ocio nocturno cerrado y un toque de queda entre la 1:00 y las 6:00 en más de 165 municipios (que abarcan buena parte de la población –serán 162 en la próxima prórroga–), el día a día en Catalunya recuerda bastante a la situación vivida durante la segunda ola de COVID del pasado otoño. Las reuniones de más de 10 personas están prohibidas y los restaurantes, con un límite de 6 personas por mesa, deben cerrar a las 00:30. Tanto comercios como actividades culturales siguen teniendo restricciones y el aforo permitido oscila entre el 50 y el 70%. Tampoco está permitido comer ni beber en espacios públicos. Así ha respondido la Generalitat ante los peores datos del país: una incidencia de 1.088 casos por cada 100.000 habitantes –llegó a alcanzar los 1.240 la semana pasada– y un 44% de ocupación en UCI –aún en crecimiento–.
El aumento desbocado de casos durante las primeras semanas de julio ha llegado ya tanto a los hospitales como a la Atención Primaria, ambos saturados y obligados a desprogramar visitas y cirugías no urgentes, y con un personal que ha llegado muy quemado y falto de fuerzas al verano. Los datos del martes registraron 585 ingresados en UCI y 2.977 pacientes en planta. Los profesionales sanitarios observan cómo el número de críticos sube a diario y se acerca al umbral de 650 ingresados, que supondría el aplazamiento de las intervenciones urgentes.
Por otro lado, el turismo se ha recuperado respecto al año pasado aunque sigue a años luz de 2019. En Barcelona, todavía muchas persianas siguen bajadas en zonas que antes bullían en verano, como Las Ramblas. En junio pernoctaron en Catalunya 992.842 personas –690.000 de ellos residentes en otras partes del Estado–, según datos provisionales del INE, muy lejos de los 2,3 millones de hace dos veranos. Si se compara con los datos de 2020, cuando solo hubo 156.464 pernoctaciones en junio –el país todavía estaba bajo duras restricciones– el aumento es del 634%, informa Pol Pareja.
Madrid, con problemas en la vacunación pero sin arriesgar la “libertad”
La capital vuelve a ser una isla que funciona a contracorriente dentro del país. Hace apenas unas semanas estaba a la cola en la vacunación, con más viales guardados en el almacén que el resto de comunidades y una polémica rodeando a las segundas administradas a destiempo. Madrid abrió entonces la vacunación nocturna y cedió parte de la labor a empresas privadas como El Corte Inglés o el Banco Santander, con lo que ha recuperado alguna posición. Sin embargo, en cuanto a contagios, la tasa ha ido subiendo sin que desde las autoridades se tomase ninguna medida para impedirlo. Actualmente, tiene la sexta incidencia más alta del país, con 718 casos por 100.000 habitantes y el índice a 7 días (365) lleva a pensar que todavía no ha tocado techo.
“Lo que tenemos que hacer ahora es no afectar más al comercio y a la hostelería mientras que no sea necesario”, dijo la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso antes de la subida de casos. Es cierto que la situación hospitalaria, con un 9% de ocupación en planta y un 17% en UCI, ha permitido coger más aire que en olas anteriores, aunque la presión se nota. Pero no ocurre así en la Atención Primaria, primer escudo contra la transmisión comunitaria y dique de contención para las urgencias hospitalarias, que está especialmente débil y colapsada a en esta región.
De momento el ejecutivo de Ayuso no contempla cambiar de estrategia porque “por ahora vamos bien”, así que mantendrá abierta la hostelería hasta la 1:00 de la mañana y el ocio nocturno hasta las 3:00. No obstante, ha suspendido las primeras dosis de los más jóvenes (de 20 a 29 años), que registran aquí una incidencia de 2.010 casos por cada 100.000 habitantes.
Los hosteleros de Galicia tienen que pedir una PCR a sus clientes
La región gobernada por Alberto Núñez Feijóo lanzó una de las medidas más controvertidas hace dos semanas: solo se podrá acceder a interiores de restaurantes o a locales de copas y discotecas disponiendo de una PCR negativa o del certificado de vacunación. Es una de las opciones de “ocio seguro” que han implantado otros países como Francia y que aquí quieren imitar también las islas Canarias. A los hosteleros no les ha sentado demasiado bien la normativa. “No somos policías y nadie nos ha enseñado cómo debemos proceder en la puerta de nuestros locales”, se quejaba una empresaria nocturna de Vigo.
Con una incidencia acumulada de 655 casos por 100.000 habitantes, pero unos datos asistenciales por debajo de la media española, Galicia también prohíbe los encuentros entre personas no convivientes entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana. No lo califica de toque de queda, pero tiene efectos prácticos similares. Las reuniones, a cualquier hora del día, no pueden ser de más de seis personas en interiores ni de diez en exteriores. Paralelamente, aunque los hospitales no están en una situación crítica, los teléfonos habilitados para rastrear los contactos de los positivos sí que están saturados. Esto obliga a los ciudadanos gallegos a autogestionarse sus cuarentenas e interpretar las normas sin recibir asesoramiento profesional desde la Xunta.
Andalucía, el “paraíso” del ocio nocturno que pide las mascarillas en la calle
La región gestionada por José Moreno Bonilla fue la primera en abrir de par en par el ocio nocturno y ampliar los horarios de bares y restaurantes tras el fin del estado de alarma. No tenía entonces los mejores datos y ahora tampoco, aunque las medidas a la hostelería y las discotecas apenas han cambiado. Hace una semana propuso un toque de queda de 2:00 de la mañana, justo cuando cierra el ocio nocturno, a 7:00 en aquellos municipios que superasen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, esta restricción a la movilidad nocturna no ha llegado a estrenarse: Villanueva de Córdoba, el único municipio andaluz que cumplía con los requisitos, se ha salvado porque su incidencia está “en descenso”.
En este contexto han aparecido imágenes de localidades costeras, receptoras de turismo, con calles llenas de personas o haciendo cola para acceder a locales de ocio nocturno que pueden funcionar con la normativa andaluza en vigor.
Los llamamientos a la “prudencia” se han repetido en las intervenciones de los dirigentes andaluces, pero las restricciones sanitarias para frenar la multiplicación de los casos en las últimas semanas han sido mínimas. Para lo único que se ha pronunciado el ejecutivo andaluz es para exigir a Moncloa la obligatoriedad de las mascarillas en la calle, una medida más cosmética que útil dadas las incidencias actuales. La estrategia autonómica es la de “seguir intentando compatibilizar la actividad económica con la situación sanitaria” y avanzar con la vacunación. Actualmente, es la segunda comunidad más rápida –por detrás de Asturias– con el 99,9% de sus dosis ya administradas.
Comunitat Valenciana, adalid de la cautela y de los toques de queda
La comunidad costera parecía haberse salvado del repunte que vivió España en abril, en la cuarta ola. Sin embargo, el impacto de la quinta se sintió por todo el territorio valenciano a mayor velocidad que en los demás. También es cierto que partía con la incidencia más baja del país y, por tanto, fue más fácil que volviera a remontar. En cualquier caso, el ejecutivo de Ximo Puig fue de los primeros en tomar medidas restrictivas haciendo gala de la “mano de hierro”. La capital y otros 77 municipios, el 50% de la población, volvieron a ver restringida su movilidad nocturna tan solo 35 días después de que decayera el anterior toque de queda, algo que no ha sido plato de buen gusto para todos.
No obstante, la Justicia valenciana lo ha avalado hasta el 16 de agosto junto a la limitación a 10 personas de las reuniones sociales. Tampoco se permite en la región ningún tipo de local de ocio nocturno. Según el Tribunal Superior de Justicia, las medidas del Gobierno valenciano son “equilibradas” y cumplen el juicio de “proporcionalidad” dado el aumento de las hospitalizaciones y “el colapso que se está ya produciendo en los centros de Atención Primaria”. La Comunitat presenta una incidencia de 586, menor que Madrid o Andalucía, y una ocupación hospitalaria del 6,7% y del 12,3% en UCI.
Información realizada con la colaboración de Pol Pareja (Catalunya), Daniel Salgado (Galicia), Javier Ramajo (Andalucía) y Carlos Navarro (Comunitat Valenciana).