El Partido Popular ha salido hoy en tromba a criticar el informe del Relator Especial y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU, que tira por tierra las leyes de 'concordia' que el propio PP y sus socios de Vox están impulsando en Castilla y León, Comunitat Valenciana y Aragón. Al informe han reaccionado los dirigentes de estas comunidades autónomas, pero también el propio líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha instado a “leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado”.
“Lo mejor que se puede hacer es leer los textos, segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica”, ha dicho Feijóo durante un acto en Figueres en alusión a este informe que ha remitido a España el Relator Especial y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU. De nuevo, Feijóo ha echado mano de ETA, recalcando que su formación no va a olvidar “a la dictadura ni a la banda terrorista”; “lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu y no puede hablar de grupo terrorista. Nosotros sí”, ha lanzado el líder 'popular'.
El informe tiene “bulos” y “mentiras”
Sobre las conclusiones de la ONU y la advertencia a España, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Azcón, ha dicho que el informe tiene “bulos” y “mentiras” porque “en Aragón no se está tramitando ninguna ley, se ha derogado una ley y se está tramitando un plan de concordia”. Su vicepresidente en el gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, de Vox, aseguró que “no vamos a aceptar ninguna lección de quienes son cómplices del terrorismo de Hamás”, en alusión a una acusación realizada por Israel sin pruebas sobre el supuesto vínculo entre la UNRWA y el grupo terrorista.
Por su parte, el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha destacado que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la “horrible dictadura franquista” y ha defendido que la 'ley de Concordia' “consolida” los derechos de estas víctimas. Por ello, ha considerado que quien firma el informe de la ONU “ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana”.
Desde Castilla y León, su vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, ha comentado que se han enterado de la existencia del informe “a través de los medios de comunicación” y que está deseando recibirlo “de manera formal” para estudiar su contenido. Según García-Gallardo, “lo que hay que preguntarse es quiénes son estos relatores” y “qué saben de la legislación española y del contenido contenido real de las leyes” porque lo que ha visto en la prensa “ya denota mucho desconocimiento”.
“Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”, reza el informe entre sus conclusiones, en las que se denuncia que esas contrarreformas “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de Derechos Humanos” cometidas en el franquismo y “previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”.
El Gobierno mueve ficha
Desde el Gobierno central también han reaccionado al informe, pero, en su caso, para tomar medidas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que emplazará a Aragón a una negociación bilateral, previa a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que revierta la derogación de la ley de memoria democrática de la comunidad, tal y como ha pedido la ONU. El ministro ha ha advertido de que el Ejecutivo actuará de la misma manera con la Comunitat Valenciana y Castilla y León, si acaban aprobando sus proposiciones de ley de concordia.
Torres ha subrayado la “unanimidad y contundencia” de la “demoledora” comunicación de Naciones Unidas y también su rápida respuesta al requerimiento formulado por el Ejecutivo español respecto de estas tres iniciativas legislativas, al entender que pretenden “blanquear la dictadura” de Franco, al no condenarlo ni hacer referencia a las víctimas del bando republicano. El titular de Memoria Democrática ha recalcado que estas iniciativas suprimen procesos de memoria ya iniciados y que contaron con el respaldo del PP.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha felicitado de que la ONU respalde que “las leyes de blanqueamiento de la dictadura” impulsadas por PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son “indignas en una democracia como España”. “Que vergüenza PP y Vox. La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España. Memoria es democracia”, ha afirmado el ministro en un mensaje en la red social X.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica “celebra” el informe
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha mostrado su satisfacción por el informe. Para el presidente de la asociación, Emilio Silva, “las leyes de concordia son un intento por blanquear el franquismo y ensalzar la dictadura, lo que supone una agresión para las víctimas”. Insta también a “abrir las puertas de los juzgados para que cumplan sus deberes con violaciones de derechos humanos tan graves porque la justicia es la mejor política de memoria”.
En un comunicado, la asociación memorialista celebra el toque de atención de Naciones Unidas a las instituciones españolas sobre “sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista”. Las 'leyes de concordia', señalan, suponen una “amenaza” para las víctimas, que aún no tienen “garantizado su acceso a la justicia, a una indemnización y a las garantías de no repetición”. Hacer efectivos estos derechos es un deber del Estado, apuntan, y “no investigar y enjuiciar infracciones [en ellos] constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos”.
Más allá del margen de acción institucional, la ARMH subraya una de las conclusiones del informe que afecta al asociacionismo en materia de memoria histórica: un proyecto de ley como el castellanoleonés “no facilitaría la participación, ni otorgaría un rol consultivo a organizaciones de víctimas e instituciones de la sociedad civil”, denuncian.