Nuevo lío con los jóvenes predoctorales y el Gobierno y las universidades. Varias decenas de los mejores investigadores de la promoción de 2018, destinatarios de las ayudas FPI (Formación de Personal Investigador) en varias disciplinas, denuncian que un retraso en la resolución de la convocatoria por parte del Ministerio de Ciencia y Universidades ha provocado que algunas universidades hayan rechazado firmar sus contratos porque es demasiado tarde, lo que les va a dejar sin poder trabajar durante todo el verano. El problema afecta más o menos según la universidad del contrato.
El problema ha venido porque el Ministerio se retrasó a la hora de publicar la resolución definitiva con los beneficiarios de las ayudas, entre las más prestigiosas que otorga la administración. Según la convocatoria, el Gobierno tiene seis meses para publicar la relación de admitidos, prorrogables en otros dos y que cuentan a partir del primer día en el que se abre la recepción de solicitudes.
Ese día tope era el pasado 9 de junio. Pero el ministerio se retrasó y no publicó la resolución hasta el día 18. Y entonces llegó el palo: cuando los beneficiarios acudieron a sus universidades a formalizar sus contratos, algunas de ellas, denuncian, les dijeron que ya no podía ser y que debían esperar hasta el 1 de septiembre. Otras han tenido más cintura y sí han contratado a los investigadores.
El Estatuto del Personal Investigador en Formación establece que estos contratos tendrán cuatro años de duración (el plazo para hace una tesis es de tres años, prorrogable otros dos y casi todos los estudiantes utilizan al menos un cuarto año) y con una remuneración “no inferior” a 16.127 euros los dos primeros años, 17.279 el tercero y 21.599 el cuarto.
El retraso en la entrada en vigor del contrato implica que no pueden empezar a trabajar de manera formal en sus grupos de investigación, que seguirán avanzando sin ellos. Por extensión, implica no cobrar hasta septiembre.
No gana el Ministerio para broncas con los jóvenes investigadores. Este, y el anterior. Durante años, el colectivo estuvo en pie de guerra porque el Gobierno incumplía la ley, que le obligaba a desarrollar un Estatuto que actualizara el sector. El Gobierno del PP comenzó las negociaciones, pero no llegó a aprobarlo hasta que lo hizo el actual ministerio, de Pedro Duque. Después vino la pelea sobre si estos contratos formativos (sustituyen a las antiguas becas para darle un carácter laboral a esta etapa) incluían derecho a indemnización, que acabó zanjando un juzgado en favor de los investigadores. El siguiente campo de batalla vino porque muchas universidades pusieron trabas a la hora de aplicar la subida salarial que contemplaba el recién aprobado Estatuto, batalla que en algunos centros sigue en marcha. El último encontronazo lo sufrieron 70 jóvenes destinatarios de ayudas FPU (Formación de Profesorado Universitario, prácticamente iguales que las FPI), a los que pasó algo parecido a los denunciantes de 2018: un retraso en los trámites les dejó sin poder firmar y teniendo que buscarse la vida mientras llegaban las ayudas oficiales.
La situación ha derivado en un reparto de culpas. Un portavoz del Ministerio asegura que la publicación se ha hecho a tiempo, aunque se pasaron nueve días de los ocho meses de plazo (seis prorrogables en dos más) que otorga la norma que regula la convocatoria. En cualquier caso, recuerdan desde el Ministerio, por ley las universidades tienen 20 días hábiles para formalizar los contratos (hasta el 16 de julio) y, por tanto, no pueden no firmar los contratos. Y la prueba de que tiempo han tenido es que algunas (la UAM y la Universidad de Granada, al menos) sí han tramitado los contratos.
Las universidades devuelven el golpe. El vicerrector de Comunicación de la Universidad de Barcelona, Francisco Esteban, uno de los centros que ha mandado a septiembre a 50 investigadores, explica que “este año la resolución ha salido mucho más tarde de lo habitual. Hay que tener presente que la formalización de los contratos no es inmediata, exige recoger una serie de documentos (...). No queda mucho tiempo material para proceder a la formalización inmediata de los contratos, dado que la resolución del ministerio se ha publicado muy tarde”, expone.
Y justifica la decisión de la universidad: “La UB se plantea que el inicio de los contratos sea a principios de septiembre, como ya se hecho otros años cuando la resolución ha llegado tarde. El objetivo de esta decisión responde única y exclusivamente a que los nuevos investigadores predoctorales puedan incorporarse a la plena actividad y dedicación en los grupos de investigación en septiembre, cuando comienza la actividad académica y de investigación. Es necesario tener en cuenta que durante el mes de agosto se produce el cierre de edificios y centros de la UB, y por tanto el trabajo no se podría llevar a cabo. Para el doctorando también es mejor poder empezar así, ya que el inicio de su tesis coincide con el del próximo curso académico y, a lo largo de este, también su investigación puede plantearse de forma más adecuada”.
El comportamiento de las universidades con el tema ha sido desigual, por lo que es complicado averiguar cuántos de los alrededor de 1.300 beneficiarios se han visto total o parcialmente afectados. En la Complutense, de Madrid, han conseguido firmar para empezar en agosto, cuentan los investigadores. Sigue siendo un mes perdido. La UAM, también de Madrid, ya ha formalizado algunos, indican fuentes de la universidad. Y otros empezarán en agosto. En la Universidad de Granada les han dejado elegir entre julio o septiembre.
En el CSIC, que también recibe a algunos de estos investigadores, el Ministerio pidió a los líderes de los proyectos de investigación donde se iban a integrar los jóvenes un documento seis horas antes del límite. Muchos no llegaron a tiempo, por lo que ya tendrán que empezar como pronto en agosto, explican fuentes conocedoras de los procesos.