El BOE de este viernes recoge una orden ministerial de Sanidad en la que figura la información que quiere que le remitan las comunidades autónomas sobre sus casos de COVID-19, tras la polémica generada durante las pasadas semanas porque cada autonomía enviaba sus notificaciones con criterios diferentes. El Gobierno pide distinguir entre casos sintomáticos y asintomáticos entre los positivos confirmados.
Sanidad señala que la evolución de la situación de la crisis sanitaria “obliga a adaptar y modificar el procedimiento de notificación de la información epidemiológica” de las comunidades autónomas para “asegurar la eficiencia en la gestión de la crisis”.
En el cuadro que deben remitir las comunidades entre las 20.00 y las 21.00 cada día −Sanidad informa del balance la mañana posterior− piden, entre otras cosas, el total acumulado de casos confirmados mediante prueba diagnóstica y que se distinga entre ambas (PCR y test de anticuerpos), además de que se informe de los sintomáticos y los asintomáticos. También solicitan incluir en el acumulado de fallecimientos desde el 31 de enero con infección por SARS-CoV-2 todas las muertes independientemente del lugar del deceso. Esto último ya había sido ordenado el pasado 5 de abril, pero estas cifras seguían sin ser homogéneas.
Asimismo, las comunidades deberán informar de las altas tanto hospitalarias como domiciliarias y de las confirmaciones diagnósticas que se hayan realizado únicamente mediante test de anticuerpo (sin PCR o con esta negativa), incluidas las infecciones ya resueltas en el momento de la notificación.
Se recoge que los casos UCI y hospitalizados deben ser los acumulados desde el inicio (no los que se encuentran en ese momento, como se notifica en la Comunidad de Madrid) y deberán informar de los contagios de profesionales sanitarios.
Información de la situación de capacidad asistencial
La orden obliga a enviar información diariamente entre las 13:00 y las 14:00 horas sobre capacidad asistencial. Todos los centros hospitalarios públicos y privados con camas de UCI, reanimación o recuperación post-anestesia que atiendan casos de COVID-19 tienen que comunicar el número total de camas que tienen en unidades críticas con y sin respirador y el de ingresos en hospitalización convencional. Deberán dar cuenta asimismo del las camas ocupadas por pacientes tanto infectados como no infectados, los ingresos y las altas por coronavirus en las últimas 24 horas y el número de altas previstas en las próximas 24 horas.
Adicionalmente, todos los centros remitirán también datos sobre la presión de urgencias por COVID-19 considerando como ingresos el número de casos.
En ese mismo intervalo horario, pero semanalmente cada viernes, las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y todos los centros hospitalarios han de comunicar las existencias que tienen de mascarillas, equipos de PCT, hisopos, guantes, gafas de protección, bastas y solución hidroalcohólica. También el número de equipos de ventilación mecánica invasiva y de ambulancias medicalizadas y no medicalizadas.
Sanidad no consigue unificar los datos entre CCAA
Hasta ahora, el Ministerio que encabeza Salvador Illa no ha conseguido que las comunidades unifiquen sus datos. Las autonomías no han clasificado de la misma forma a sus positivos y no han dividido entre 'sintomáticos' y 'asintomáticos'. Esta falta de un criterio unificado suponía un nuevo problema para las ya incompletas estadísticas que ofrece Sanidad, que afectan a los datos sobre hospitalizaciones o los fallecimientos en residencias, sobre los que el ministerio sigue sin poder publicar datos homogéneos.
La última diferencia se produjo en Catalunya: la Generalitat ofreció este miércoles por primera vez la cifra que le remiten las funerarias, por lo que sus fallecimientos contabilizados sufrieron un gran incremento. Ese aumento no aparecía reflejado en las cifras de Sanidad. Fernando Simón fue preguntado por esta cuestión en rueda de prensa y señaló que tenían que “discutir” con el departamento de Salud catalán “qué significan realmente los nuevos casos procedentes de las residencias o funerarias” al no tener la seguridad de si tenían diagnóstico de coronavirus previo.