La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha prohibido todas las convocatorias de manifestaciones o concentraciones feministas que estaban programadas para los días 7 y 8 de marzo en la región. Esta institución se ha amparado en “motivos de salud pública” para tomar esta decisión. La situación epidemiológica en la que se encuentra la Comunidad, la estimación de que estos eventos movilizarían “a más de 60.000 personas” en la capital y el temor a la confluencia de las distintas concentraciones —en Madrid y en el resto de municipios— son algunas de las razones que ha esgrimido este jueves el delegado de Gobierno, José Manuel Franco, para justificar su decisión.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado este viernes que se hayan prohibido todas las manifestaciones en la capital, pero no en otros lugares, porque es donde siempre se producen movilización “más grandes y más importantes”, y donde ahora se están registrando también los peores datos de coronavirus.
Madrid ha sentado un precedente que ha generado polémica en el movimiento feminista. Por ahora, es la única comunidad autónoma en la que se han prohibido las manifestaciones del 8M. En Catalunya se celebrarán alrededor de 40 concentraciones, una de ellas de 3.000 personas garantizando la distancia de seguridad, en Galicia hay 85 manifestaciones programadas y en la Comunitat Valenciana se prevén actos descentralizados con un aforo de medio centenar de personas. Algunas autonomías han reaccionado tras conocer la decisión de Franco. El Gobierno murciano ha pedido a la Delegación del Gobierno que en su territorio no se celebren manifestaciones. En la misma línea se ha posicionado el Ejecutivo de Castilla y León, que “recomienda” que estos actos reivindicativos no se organicen.
La ministra de Sanidad hizo un llamamiento a la responsabilidad asegurando que “no ha lugar” a las manifestaciones este año. Por su parte, su compañera de Ejecutivo, la responsable de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que “como miembro del Gobierno” está “obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias”. Aún así, ha indicado que esa asunción de las recomendaciones “no significa” que desconozca “el señalamiento” sufrido por el feminismo “por parte de quienes tiene una agenda reaccionaria, convenientemente engrasada”.
Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la Comisión 8M había convocado cuatro concentraciones de hasta 500 personas en el centro de Madrid. La Delegación de Gobierno no ha aceptado este planteamiento. Desde el departamento dirigido por Franco insisten en que la prohibición se debe a “la posible concentración de muchas personas en Madrid —y el resto de municipios— debido a la cantidad de manifestaciones comunicadas a la Delegación y el hecho de que puedan confluir en manifestaciones multitudinarias, desaconsejadas por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad”.
Tras conocer esta decisión, la Comisión del 8M ha reivindicado que manifestarse “es un derecho democrático”. Una de las portavoces del colectivo asegura a elDiario.es que están sorprendidas de que no les autoricen salir a la calle y lamenta que se hayan “enterado por los medios de comunicación” de esta noticia. “Estamos estudiando acciones legales para recurrir esta medida”, añade. Además, en relación a que Madrid sea la única Comunidad en la que se han prohibido las marchas feministas, destaca que “eso plantea que la decisión no es de orden sanitario, sino político”.
Desde que irrumpió la pandemia se pide un informe sanitario a la Consejería madrileña antes de autorizar una manifestación en Madrid, aseguran fuentes de la Delegación, que también detallan que ese escrito “no es vinculante”. “Aunque habitualmente se hace caso al informe”, inciden. Esta institución también ha tenido en cuenta —según las fuentes consultadas— el comunicado publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos pidiendo a la ciudadanía que no acuda a manifestaciones por “suponer un riesgo para la salud pública de toda la población”.
Estas mismas fuentes explican que en los eventos programados para conmemorar el 8M en toda la Comunidad de Madrid tienen varias particularidades y han tomado la decisión de no autorizar su celebración por “motivos de salud pública”. “El problema es la gran acumulación [de gente] que se producía” y “lo que esto conllevaba en el terreno de los desplazamientos”, ha apuntado este jueves Franco en rueda de prensa para justificar su decisión. Además, ha incidido en la situación epidemiológica de la Comunidad, que tiene una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 261 casos por cada 100.000 habitantes, solo superada por Ceuta y Melilla.
Franco, entrevistado en la Cadena SER, ha explicado que del total de manifestaciones convocadas para el 7 y 8 de marzo, alrededor del 70% correspondían a la defensa de los derechos de las mujeres. El delegado ha destacado, por un lado, que “nadie puede garantizar que el número de personas asistentes sean los que tienen previsto los convocantes”. Asimismo, ha añadido que considera “que la salud de los madrileños no puede permitirse que entre el domingo y lunes hubiera más de 60.000 personas” en las calles.
En Madrid, la concentración del 8M no es la primera manifestación no autorizada por la Delegación en las últimas semanas. La hemeroteca recoge algún caso más. Esta institución negó la autorización a una concentración convocada para el 14 de febrero contra la privatización de la Sanidad bajo el lema 'Nos están matando'. Al conocerse la noticia, Franco aportaba una justificación muy parecida a la repetida este jueves para prohibir las concentraciones del 8M. “Las hemos prohibido porque el número de manifestantes que ellos nos comunicaban era excesivo dada la situación sanitaria que estamos atravesando. Hemos pedido un informe a la Consejería de Sanidad y, teniendo en cuenta el estado epidemiológico que teníamos en Madrid y el número de personas que querían manifestarse, [la Consejería] ha desaconsejado esa manifestación”, exponía el delegado de Gobierno en una entrevista en Canal 33 el pasado 10 de febrero.
El 29 de enero comunicaron la denegación de autorización para celebrar otras dos concentraciones debido también a motivos sanitarios. Una de ellas, estaba previsto que se celebrase un día después para protestar por la gestión del Gobierno central y que a ella acudiesen 2.000 personas. La otra pedía la dimisión de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Una semana después tomaron las misma decisión con convocatorias similares que se preveían “multitudinarias”, entre ellas otra concentración contra el Ejecutivo de Sánchez que se iba a celebrar en la Plaza de Colón. Otras concentraciones sí que se han celebrado. Por ejemplo, el homenaje a la División Azul celebrado el 13 de febrero, en el que se lanzaron proclamas antisemitas. Se trataba de “una concentración de 400 personas, en un lugar abierto y con el recorrido perimetrado”, alegan desde Delegación.
Hace un año la celebración de la manifestación del 8 de marzo en Madrid fue utilizada políticamente contra el Gobierno. Durante los primeros meses de la pandemia, el asunto levantó una gran polvareda política. Partidos como PP y Vox acusaron al Ejecutivo de mandar a la gente a contagiarse a estas manifestaciones por puro sectarismo partidista. De hecho, se llegó a abrir una causa judicial en la que Franco estuvo imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión por no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo. La investigación terminó siendo archivada alegando que el político no tuvo un conocimiento “cierto, objetivo y técnico” del riesgo de la realización de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo.
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