Cinco jueces despejan el destino de la momia de Franco

Francisco Franco nunca quiso ser enterrado en el Valle de los Caídos, según algunos historiadores y según ha declarado su nieto mayor, Francis Franco, que a su vez encabeza la cruzada para que no lo muevan de donde está: “No vamos a facilitar que jueguen con la momia de mi abuelo”, a quien presentaba como un hombre de concordia. “Si a mi abuelo le preguntasen (sic) que esto podía solucionar algo, él sería el primero que aceptaría”, justificaba en una entrevista en la cadena COPE. Los nietos, alentados y apoyados por los monjes del Valle y la Fundación Franco, han decidido no aceptar.

Al parecer Franco quiso ser enterrado en Mingorrubio, el cementerio de El Pardo (en Madrid), donde está enterrada su esposa, Carmen Polo. Según algunas teorías, el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, varió las últimas voluntades del dictador y decidió enterrarlo en el icónico Valle de los Caídos, frente al altar mayor, un lugar reservado según las leyes canónicas para el máximo responsable de la Iglesia, en este caso, el arzobispo de Madrid o el Papa.

Mingorrubio es el mismo camposanto donde el Gobierno quiere trasladar sus restos con no pocos traspiés. Primero fue la oposición en bloque de los siete nietos de Franco y sus alegaciones por vía administrativa, luego la negativa del prior a abrir la puerta de la basílica (en sentido real, no figurado), los recursos judiciales de la Fundación Franco y la familia y, como aglutinador, el silencio de la Iglesia española. Para acabar, un juez crítico con la ley de Memoria Histórica considera que puede haber peligro de muerte para los operarios que levanten la lápida de 2.000 kilos: “No quisiera el Magistrado firmante tener sobre su conciencia un accidente en este caso”, dice en el escrito en el que se defiende tras la recusación que ha hecho contra él el Gobierno.

Entre alegaciones, recursos, manifestaciones, franquistas y curiosos que se han echado al Valle duplicando las visitas y acciones judiciales ha pasado un año desde el anuncio de la exhumación, un tiempo que han ganado los Franco alargando los plazos que se marcó Pedro Sánchez tras ganar la moción de censura en 2018. “Lo que sea, será. Si se imponen las cautelares, esperaremos a la sentencia, que tardará dos o tres meses”, calculan fuentes del Gobierno, que tienen el plan listo para el traslado mientras algunos medios dan por seguro que se va a parar la exhumación.

Ahora todos fían el destino de la momia –Franco fue embalsamado y su aspecto debería ser bastante similar al de 1975– a una reunión que tiene lugar este martes en el Tribunal Supremo. La sección cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo decide si da vía libre a las medidas cautelares de paralización que han pedido los nietos, la fundación franquista y los monjes benedictinos que se hacen cargo del Valle de los Caídos con la financiación del Estado (todo allí, incluida la abadía, el aceite de las velas, la limpieza o el mantenimiento, está financiado con fondos públicos). La decisión no tiene por qué tomarse mañana mismo, precisan fuentes judiciales, ya que depende de los magistrados, que hasta ahora han tomado el asunto con tiempo: la familia pidió las cautelares el 8 de marzo.

El recurso que se estudia este martes pide básicamente que se impida la exhumación el próximo 10 de junio, cuando el Gobierno anunció que haría el traslado del cadáver con un coste calculado de 3.738,90 euros. Los nietos, encabezados por Carmen Martínez Bordiu y Francis Franco, han solicitado al Supremo que aplique medidas cuatelares y no permita que se mueva el cuerpo antes de que haya una sentencia definitiva sobre el caso, ya que también han recurrido la decisión del traslado en sí.

Son cinco magistrados: Pablo María Lucas, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Jorge Rodríguez-Zapata, Celsa Pico y José Luis Requero, a quien la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica señala por su relación con el letrado Santiago Milans del Bosch, “estrecho colaborador de la fundación Franco y cuyo bufete defiende intereses de la familia del dictador”. La Asociación ha presentado al Consejo General del Poder Judicial una queja avisando de que la Sección Cuarta “podría tener su imparcialidad comprometida” por “la estrecha relación” de Requero con Milans del Bosch, –el magistrado es padrino de una de las hijas del letrado– por lo que consideran que el juez debería abstenerse en la decisión, informa EFE.

Si el Supremo impone medidas cautelares, se paralizará la exhumación y se aplazará todo a la sentencia final. Si no las impone, la exhumación seguirá adelante y se abrirán dos escenarios: que la sentencia sobre el fondo dé la razón en unos meses al Gobierno en la exhumación, en cuyo caso no hay consecuencias; o que diga que no se debió exhumar, en cuyo caso habría que devolver el cadáver al Valle de los Caídos.

Los Franco esperan que cuando llegue la sentencia sobre el fondo del asunto avale algunas de las líneas de defensa que han usado en la demanda: que el Consejo de Ministros no es competente para decidir la exhumación, que se trata de una ley de caso único puesto que solo afecta a su abuelo, que los trabajos de exhumación son de obra mayor y requiere de más permisos, que es inconstitucional o que no era una decisión urgente que había que tomar por Real Decreto ya que su abuelo lleva 44 años enterrado allí. El Gobierno aduce que se trata del cumplimiento de una ley refrendada por el Congreso (con la abstención de PP y Ciudadanos), que ha sido garantista con la familia (han podido alegar varias veces durante el proceso administrativo aunque no se han atendido las alegaciones) y lo enmarca en el contexto de cumplimiento de la memoria histórica.

El prior también lo fía todo a la decisión del Supremo de este martes. Ya anunció que no atendía a requerimientos si no venían de la justicia. “No se llevarán a Franco”, dijo Santiago Cantera, de pasado falangista, que se puso desde el primer momento de parte de los Franco y que no ha dudado en compatibilizar la oración con las acciones judiciales. Tiene un “equipo jurídico”, según él mismo reconoce, y aseguró haber consultado con numerosos “juristas, propios y ajenos”, que le daban la razón para oponerse a los planes del Gobierno. Él fue el primero que recibió un poder notarial firmado por los nietos en el que le expresaban que no querían que nadie tocara a Franco. Blandiendo ese papel, el prior ha negado al Gobierno la entrada al templo, ha alegado durante el proceso administrativo y ahora se suma al judicial, pidiendo también las cautelares. Si se aceptan, el religioso respirará tranquilo por unos meses puesto que es acérrimo defensor de que no se mueva el cuerpo ni se lesiones los intereses de los Franco. De hecho, sigue celebrando misas en honor al dictador, a José Antonio y a los “caídos”.

Su pulso al Estado ha llegado también a su presupuesto, que está congelado desde diciembre del año pasado, después de que se le haya requerido unas cuentas equilibradas y una mejor justificación sobre en qué emplea el dinero público que recibe anualmente. Fuentes cercanas a los monjes acahacan la congelación de su dinero al conflicto de la exhumación, una decisión que el Gobierno desvincula de este Real Decreto y enmarca en la falta de rendición de cuentas.

De momento, en el cementerio de Mingorrubio ya se ha cavado la fosa de Franco, técnicamente “unidad de enterramiento”, junto a la tumba de Carmen Polo. Allí pretende el Gobierno, si el Supremo rechaza las cautelares, que acabe el cuerpo del dictador el próximo lunes 10 de junio a partir de las 10 de la mañana, cuando empezará la exhumación. El dispositivo de seguridad que lo trasladará no ha sido revelado “para evitar incidentes”. Se llevará allí contra la voluntad de la familia que, además de alegar durante el proceso administrativo y poner recursos en los juzgados, quiso que fuera enterrado en la catedral de La Almudena y no ha dado un emplazamiento alternativo, pese a que se les ha solicitado. La pretensión de que Franco acabara en el centro de Madrid se ha aplacado con un informe oficial que alerta de peligros para la seguridad. Pero, por un tiempo, el órdago de que podían enterrar a su abuelo en una fosa familiar comprada en la catedral de Madrid hizo temblar al Gobierno y la Iglesia española, que temieron que Franco pasara de estar enterrado con honores en El Escorial, a 50 kilómetros de Madrid, a acabar en la zona más turística y transitada de la capital. El capítulo tuvo incluso secuela en el Vaticano.

¿Y qué opinan los obispos españoles? Se borran de la ecuación con un confuso “no se opone, pero tampoco lo apoya”, según la palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Al principio apostaron por atender a lo que dijera el Gobierno, una postura que ha ido escorando para acabar diciendo que harán lo que diga la justicia. Si la exhumación sigue adelante y aun así el prior del Valle se niega a abrir la puerta de la basílica a las autoridades, la jerarquía tendrá que decidir si lo mete en cintura o le permite ir por libre. El Gobierno dice tener un plan B por si el religioso no permite entrar a los técnicos –los templos son inviolables según los acuerdos entre la Iglesia y el Estado–, aunque no ha especificado cuál.

“Al 90% de los españoles les importa un pito dónde está enterrado mi abuelo”, decía el mayor de los nietos en declaraciones a Carlos Herrera. Una idea subyacente en la posición de algunos partidos como el PP, cuyo líder, Pablo Casado, advirtió en campaña que si llegaba a la presidencia del Gobierno “no gastaría un euro en desenterrarlo ni un euro en volverlo a enterrar”. El líder de Ciudadanos lo considera “batallas fraticidas” y se abstuvo en el Congreso sobre la exhumación. Abascal (Vox) cree que “a los muertos hay que dejarlos en su sitio” y a la ley de Memoria Histórica, en la papelera.

La salida del cadáver del enclave público del Valle de los Caídos, que mandó construir el dictador entre 1940 y 1958 como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, tenía que coronar una profundización en la ley memorialista de Zapatero, como anunciaron los socialistas nada más ganar la moción de censura. Un proyecto que ha quedado frenado tras la caída de los presupuestos, que asignaban 15 millones a las fosas comunes y a la reparación de las víctimas del franquismo.

Precisamente, debajo del cadáver al que el Supremo dedicará su reunión del martes yacen, en diferentes pisos y columbarios, los huesos de 30.000 muertos –12.000 de ellos sin nombre– desperdigados en sótanos de la basílica, considerada la mayor fosa común de España. La exhumación de Franco no es la primera que se enquista allí. Los hermanos republicanos Lapeña también toparon con la burocracia, los recursos, las trabas de familiares de franquistas enterrados y el tiempo: la sentencia histórica que ordenaba exhumar a Antonio Ramiro y Manuel se dictó hace tres años. Todavía esperan, varios pisos por debajo de Franco, a poder salir del Valle de los Caídos.