No habrá revisión de las cuentas vaticanas. Al menos, no por el momento. La Secretaría de Estado del Vaticano ha decidido “suspender” el contrato firmado en diciembre pasado con la consultora Pricewaterhousecooper (PWC) para llevar a cabo una auditoría en las finanzas de la Santa Sede, uno de los principales puntos de la reforma de la Curia auspiciada por Francisco.
¿Qué ha sucedido? Oficialmente, en la Santa Sede se habla de “deficiencias en el proceso” para contratar a la auditora, que cobraría tres millones de euros por su trabajo. La realidad es bien distinta, y trasluce una fuerte tensión en la Curia vaticana entre los partidarios de las reformas y la “vieja guardia”, que no quiere cambiar el oscuro modelo económico del Vaticano.
Un modelo en el que cada una de las congregaciones vaticanas (que hacen las veces de ministerios) contaban con su propio presupuesto y no debían rendir cuentas ante nadie. De ahí que, durante años, existiera –y existe– una contabilidad 'B' mediante la cual cardenales y obispos recibían cuantiosas prebendas por parte de líderes religiosos y políticos a cambio de activar causas de canonización o facilitar contactos con el Santo Padre.
Muchas de estas actuaciones fueron denunciadas en los libros Avarizia y Via Crucis, de los periodistas Emiliano Fittipaldi y Gianni Nuzzi, ambos imputados en las filtraciones de documentos secretos vaticanos, conocidos como Vatileaks II. De hecho, durante el juicio, se ha apuntado a que una de las razones por las que Lucio Ángel Vallejo Balda pudo filtrar los papeles a Francesca Chaouqui y los periodistas fue para evitar el freno a las políticas de control financiero auspiciadas por el Papa Francisco.
Contrato rescindido
El contrato fue firmado en diciembre pasado por el cardenal australiano George Pell, el superministro de Economía del Vaticano, y preveía la revisión por tres años de los presupuestos de los distintos departamentos, en el marco de una reforma para frenar el déficit financiero y garantizar mayor transparencia en la Curia Romana.
Sin embargo, el contrato ha sido rescindido, y no hay fecha para que se retome. Desde la Secretaría de Estado, por otro lado, denuncian el el estilo autoritario y los métodos del cardenal Pell, que suscitan recelos y críticas dentro del Vaticano. El purpurado australiano, cuyo futuro está en el alambre después de que tuviera que testificar, via satélite, ante la comisión del Gobierno de Australia que investiga abusos sexuales a menores en el país, parecía haber atesorado todo el poder sobre las finanzas vaticanas, con el apoyo de Francisco. El Vatileaks II frenó todo el proceso, así como la confianza del Papa en sus principales colaboradores en materia económica. Y ahora todo se encuentra parado.
Otras fuentes apuntan a que en el interior del Vaticano se está viviendo un conflicto interno, con luchas de poder entre partidarios de las reformas y los opositores a Francisco. El propio Pell reconocía hace pocas semanas que existían “ciertas resistencias” en el interior de la Curia.
La auditoría de las cuentas de la Santa Sede esconde un problema de fondo más delicado. Los profesionales encargados de chequear las finanzas vaticanas poseen información muy sensible y hay cierto temor a que no sean rigurosos con su obligación de mantener el secreto profesional. De ahí la exigencia de ser escrupulosos con los revisores.
Bajo el mandato del papa Francisco, el Vaticano quiere poner orden en sus finanzas. El pasado jueves, se presentó el informe de la Autoridad Financiera vaticana, que mostraba cómo se habían descubierto 544 operaciones sospechosas de lavado de dinero a lo largo de 2015, casi cuatro veces más que el año anterior, lo que supone varios miles de euros, que hasta la fecha, simplemente, “se perdían”.
El Vaticano lleva los dos últimos ejercicios en números rojos. Las donaciones y las aportaciones no fueron suficientes para alcanzar el equilibrio presupuestario de un balance que arrastra desde hace años una notable opacidad. Hay que recordar que en 2014 el Vaticano ordenó el cierre de 4.614 cuentas corrientes, de las cuales 2.600 no estaban activas. Para mejorar la gestión de los activos, Pell está estudiando la creación de una asesoría que decida sobre las inversiones de todos los dicasterios romanos. Pero el próximo ocho de junio cumplirá 75 años, edad de jubilación. Y son muchos los que hoy quieren su cabeza. Nada personal: una cuestión de dinero.