Iván, con su padre dependiente: “Queremos que esté lo mejor posible, pero somos esclavos de esta espera”

Estos últimos meses de José y Felicitas, un matrimonio de Azuqueca de Henares (Guadalajara), han ido de alguna manera al compás del curso político. Desde 2016 él, de 71 años, sufre demencia senil y Parkinson, pero fue en primavera, unas semanas antes del 28A, cuando la decadencia fue “brutal”. A ella, que tiene 70 y es su principal cuidadora, le diagnosticaron cáncer de colon en julio, durante los días de las negociaciones fallidas para la investidura de Pedro Sánchez. Felicitas dejó en ese momento de poder hacerse cargo de José, lo que obligó a la familia a ingresarlo en una residencia. Este 12 de noviembre, justo después de la repetición electoral, tienen cita con Servicios Sociales de Castilla-La Mancha para valorar su grado de dependencia. Un trámite que debería desembocar, por fin, en alguna ayuda.

La historia de José y Felicitas la cuenta uno de sus tres hijos, Iván. Cuando ese julio tuvieron el primer contacto con la administración, ya les adelantaron que el proceso completo, hasta recibir la prestación, podría demorarse un año. “Paciencia”, les recomendó la asistente social, que en su primer informe puso el caso como de extrema urgencia y recomendó un Grado III, el máximo que contempla el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Los tres hermanos viven cerca, con sus propias responsabilidades familiares. La residencia privada fue la única opción cuando Felicitas cayó enferma y tenían que esperar al menos ese plazo para una pública. Cuesta casi 1.900 euros al mes que pagan gracias a que la pensión de José es alta, aunque no lo suficiente como para cubrirla por completo, así que tiran de los ahorros.

Iván siente en todo caso que ellos tienen “suerte” porque “todo lo que cobra mi padre se destina a esto pero, ¿el que no pueda ni pagarlo?”, se pregunta. “Necesitamos o bien una plaza pública, o bien poder pagarle esta. Aunque nos dieran solo una ayuda económica y lo tuviéramos en casa, no tenemos ni los conocimientos ni el tiempo para atenderle correctamente. Tiene que estar donde le asista gente profesional y cualificada; él requiere por ejemplo que le cambien de postura cada poco... Y nosotros queremos que, dentro de lo mal que está, esté como mejor sea posible. Somos todos esclavos de esta situación”, lamenta Iván.

Por eso Felicitas, que fue operada en agosto de cáncer y no ha acabado con las sesiones de radioterapia, no podrá seguir cuidando sola de José cuando se recupere del todo: él ahora vive postrado en la cama, no habla, no come por sí solo y necesita sonda. Le visitan hijos o nietos todos los días.

Los últimos meses en casa todos los recuerdan duros. “Ya se sabe que en estos casos, la convivencia es difícil”, dice Iván. Luego se corrige: “Realmente hay que vivir esto para saber lo que es. Yo en ningún momento pensé en meter a mis padres en una residencia, pero tuvimos que tomar la decisión. La gestión es muy complicada. Por la demencia tenía brotes de agresividad, también incontinencia, y había que tenerle todo el tiempo controlado”.

Casi 400.000 personas esperando

La familia de José, Felicitas e Iván es una de las más de 146.000 que esperan en España una valoración para la dependencia, con datos del Ministerio de Sanidad de septiembre. Es una cifra récord desde 2012, y se alcanzó este verano, cuando los partidos y la prensa hablaban del gobierno que nunca salió adelante. La lista de espera de personas que sí tienen hecha la valoración de su grado pero en un limbo, sin obtener la ayuda que les corresponde, también ha aumentado este tiempo por primera vez desde 2015, y supera las 250.000 personas. Son casi 1.100.000 los usuarios que sí se benefician del sistema, pero el gasto medio por cada uno ha caído un 14% desde 2009.

Las entidades culpan directamente de este retroceso en el Sistema al bloqueo político, entre otros factores que se arrastran. “Estamos con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018 prorrogados, que a su vez arrastran los recortes del 2012. Se va acumulando y acabará todo colapsando”, denunciaba a eldiario.es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. “Mientras no hay gobierno, no aumenta la financiación y cada día mueren 80 personas sin recibir lo que les corresponde por derecho. La dependencia ha tenido muy mala suerte: primero, machacada y prácticamente aniquilada por el gobierno de Mariano Rajoy; luego, sin ser recuperada por el de Pedro Sánchez”.

La Dependencia la gestionan las comunidades, pero están ahogadas: la Ley establece que deberían aportar con el Estado el 50% de la financiación, y de media aportan el 80% mientras la Administración Central solo el 20%. “La Ley de Dependencia nació en 2006 prácticamente con consenso en el Congreso”, declaraban desde el Consejo General de Trabajadores Sociales sobre los errores que colean, “pero la realidad, tras 12 años, es que tenemos desigualdades territoriales tremendas. No hay financiación. Necesitamos urgentemente reforzar el sistema y la dotación”.

Concretamente Castilla-La Mancha, donde viven José, Felicitas e Iván, está en la mitad baja en varios indicadores: es por ejemplo la séptima en número de personas valoradas esperando su prestación. Iván repite de nuevo que son “afortunados” a pesar de que han tenido “mala suerte en que se nos han juntado la enfermedad de mi madre y de mi padre, y eso nos ha aturullado”. “Hemos tenido que aprender de manera autodidacta, con ayuda de vecinas que trabajan en esto o lo han pasado. Nosotros pagaremos lo que haya que pagar para sobrevivir como podamos. Lo que no sabemos es cuánto tiempo podremos mantener esa situación”.