Prevenir los contagios por VIH con un 76% menos de presupuesto
Según las estimaciones, el diagnóstico temprano del VIH evita que esta enfermedad se transmita a otras tres personas y, además, va unido a un tratamiento efectivo para el paciente. Por ello, la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA) ha mostrado su preocupación por la “barrera” que imponen las administraciones públicas a la hora de abordar acciones de prevención. Se trata de un obstáculo económico que las 87 entidades que conforman la coordinadora llevan sorteando desde 2011 y que, según ha destacado su director, Toni Poveda, se mantendrá durante este año.
En concreto, en 2011, el Ministerio de Sanidad empleó un total de 14.863.000 euros en la lucha contra el VIH. De esta cantidad, 4,8 millones se destinaron a las comunidades autónomas para que pusieran en marcha sus propios programas de prevención y control. Otros 4,5 millones fueron a parar a las ONG que trabajan en prevención. En 2012, el gasto total fue de 3,5 millones de euros. Una reducción del 76,45%, que trajo consigo el fin de las aportaciones a las comunidades y la reducción de las subvenciones a las organizaciones, que recibieron en total un millón de euros.
Y este año “se continúa con la política de que no hay ni un euro para las comunidades y se mantiene el presupuesto para las organizaciones”, ha resaltado Poveda durante la presentación de la campaña en prevención del VIH: 'Prueva se escribe con V de vida'. Además, el jefe de CESIDA ha denunciado la eliminación el pasado año de los convenios con el Consejo de la Juventud e Instituciones Penitenciarias, que tampoco se firmarán este año.
Pese al recorte presupuestario, las entidades han conseguido que “la atención a los usuarios siga adelante”, aunque se haya visto afectada “la calidad de los servicios que se ofrecen”, ha reconocido Poveda. Así, ha explicado que determinados centros han tenido que trasladar sus sedes y que, de los 35 que realizan las pruebas rápidas de diagnóstico, varios se han visto obligados a reducir los días de atención a los ciudadanos.
Prueba sí, tratamiento no
El decreto sanitario de la ministra Mato tampoco está poniendo las cosas fáciles en materia de prevención del VIH. Según ha reconocido Jorge del Romero, director del Centro Sandoval y vicepresidente de la Fundación para la Formación e Información sobre tratamientos en el ámbito del VIH, “el acceso al tratamiento es casi imposible para una persona inmigrante sin tarjeta sanitaria”. Lo que propicia que estas personas no se hagan las pruebas que las entidades realizan de forma gratuita. “¿Para qué? Es muy bonito promover la prueba, pero si un inmigrante sin papeles tiene la enfermedad, ¿qué haces?”, se pregunta el especialista.
Aunque se calcula que cada año se contagian unas 4.000 personas, en el último año se han diagnosticado 2.907 nuevos casos de VIH. De ellos, el 38% son personas de otros países que, según ha resaltado Del Romero, “en su mayor parte se han infectado en España”.
Además, el director del Centro Sandoval ha alertado de que la edad de los nuevos diagnosticados está descendiendo. Tanto es así que en su centro, ocho de cada diez son jóvenes. Según los datos totales, más del 50% de las personas que han sido diagnosticadas en el último año tienen menos de 35 años.
En total, en España hay entre 120.000 y 150.000 personas con esta enfermedad y, de ellas, un 30% lo desconocen. Es decir, entre 36.000 y 46.000 personas tienen VIH y no lo saben. Esta situación es especialmente alarmante, ya que se calcula que son los responsables de la mitad de las nuevas infecciones. Además, y en palabras de Jorge del Romero, “un diagnóstico precoz es positivo mirando al futuro, porque va unido a un tratamiento efectivo y poco tóxico que permite llevar una vida normal y reduce la carga viral casi a cero, lo que hace que nunca se desarrolle sida”.
