Solo seis estados de la UE llaman violación al sexo sin consentimiento
Una “relación sexual sin consentimiento válido” es una violación. Así lo define y con ese criterio las registra la Oficina Europea de Estadística Eurostat. Bajo ese prisma, en Europa se contabilizan 80.000 violaciones al año, conocidas. Es el dato que llega en forma de denuncia y que no refleja el volumen total de lo que queda en silencio.
Sin embargo, solo seis estados de la Unión Europea han legislado basándose en que cualquier sexo no consentido es una violación, según el recuento de Amnistía Internacional. España no está entre ellos, como está poniendo ahora de relieve la reciente sentencia de la manada: los magistrados han considerado que los hechos eran abuso, no agresión (que es como el Código Penal define a la violación).
Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Chipre, Luxemburgo y Alemania “tienen definiciones basadas en el consentimiento. El resto está muy rezagado pues sus leyes penales siguen definiendo la violación en función de la fuerza física o la amenaza de la fuerza”, explica la ONG al analizar este delito sexual en el continente.
215.000 delitos anuales. 85% víctimas mujeres
Los crímenes de violencia sexual en Europa también se dividen en violación y abuso, según la calificación de Eurostat. En la categoría de abuso incluye “un acto sexual no deseado, un intento de conseguir un acto sexual o un contacto o comunicación con intención sexual no deseada”. Entre abusos de todo tipo y violaciones, Eurostat computa unos 215.000 crímenes sexuales cada año. El 85% de las víctimas conocidas fueron mujeres. El 99% de los crímenes están perpetrados por hombres. Mientras los actos de violencia sexual han decrecido en la UE desde 2008, los casos de violación se incrementaron un 47%, según la oficina estadística.
El hecho de basar la definición penal de violación sexual (u otras violencias sexuales) en el consentimiento está recogido en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres de 2011. El conocido como convenio de Estambul que España ha ratificado.
Este viernes, a partir de la oleada de protestas en la calle tras la lectura del fallo del juicio a la manada, el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado que estudiará si los delitos de violencia sexual están “bien tipificados”. Un movimiento cercano al populismo punitivo que ha rodeado el debate de la cadena perpetua revisable. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha aprovechado para culpar a los gobiernos socialistas de no haber revisado estos delitos cuando estuvieron en La Moncloa: “La tipificación de estos delitos data de la época del Gobierno de González”, ha reiterado Méndez de Vigo.
Ha obviado el ministro las ocasiones en las que el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta en el Congreso para retocar el Código Penal de 1995. Hace solo tres años, en 2015, el PP sacó adelante una reforma del código en la que, por ejemplo, instauró la prisión permanente revisable. También retocó aspectos penales sobre la violencia de género e incluso introdujo nuevos tipos penales respecto a la libertad sexual con la figura del acoso. Además aprovechó para elevar las penas por asesinato y homicidio.
