Los acusados de piratería por carta se niegan a pagar: “Que demuestren que he sido yo quien ha descargado eso”

“En la carta dicen que en octubre de 2018 compartí un capítulo de la serie Ash Vs. Evil Dead durante un segundo. Me piden 400 euros por una infracción de un segundo. Además, da la casualidad de que soy cliente de Movistar y yo esa serie la tengo en la televisión de pago”, explica Manuel Rubio. Es uno de los receptores de una de las cartas de la última oleada de reclamaciones por copyright que empezaron a llegar a usuarios de toda España la semana pasada. Las envía un despacho de abogados de Alicante, Lucentum legal, que exige 400 euros en nombre de una productora audiovisual alemana a cambio de no llevar al usuario a juicio por piratería.

Manuel Rubio es un nombre ficticio. El despacho le “requiere expresamente que se abstenga de dar cualquier tipo de difusión” al contenido de la carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Rubio, residente en Cádiz, recibió la carta el jueves 12 de septiembre. El viernes 13 este medio informaba del envío masivo de cartas por parte de este despacho de abogados, en las que se incrimina a los usuarios una infracción de la Ley de Propiedad Intelectual por “la descarga y/o compartición de material protegido por derechos de autor a través de redes peer to peer, sin la autorización del titular de los derechos”. Como “solución amistosa” a esta presunta infracción, el bufete reclama esos 400 euros: 100 en concepto de indemnización “por cada título ilícitamente compartido” y 300 más por “los gastos de investigación y reclamación”.

“No voy a pagar”, asevera Rubio: “Si quieren tomar medidas, pues que las tomen y que me demuestren que he sido yo quien ha descargado eso”. “Me bajo cuatro cosas y es siempre a título personal y particular”, afirma.

Para identificarle, los abogados de la productora (Crystalis Entertainment) acudieron al Juzgado de lo Mercantil nº9 de Madrid con una lista de IPs desde las que, denunciaron, se han compartido o descargado contenidos protegidos. Con esa lista de IPs (que pueden vincularse a una conexión a Internet pero no a una persona en concreto, y que además cambian con el tiempo), provenientes de clientes de Movistar, el juez ordenó a Telefónica que identificara a los titulares de la línea y facilitara la información a Lucentum.

Uno de ellos era Rubio, que niega que la IP que el despacho le asigna pertenezca a alguno de sus equipos: “He estado revisando todas ellas y no corresponde ni a la IP personal, ni a la IP pública, ni a la del aparato, ni nada. No coincide ningún dígito. No tienen ni una prueba, es lo que me sorprende. Y tiene guasa, vete a saber si no es un vecino o alguien con un móvil que se haya conectado a mi red y lo ha descargado, que también puede ser”.

A juicio por el P2P

“No pagar” es la recomendación de los abogados. También es la estrategia que ha seguido el Colectivo de Afectados de Euskaltel por reclamaciones P2P, que agrupa a más de 500 usuarios que han recibido cartas similares. A ellos se las entregaron en mayo. Según algunas fuentes, puede haber varios miles de clientes de Euskaltel que recibieron una carta en aquella oleada. Aunque las cuantías, la productora denunciante y el proveedor de servicios son distintos, el procedimiento para identificarles e imputarles la infracción de copyright ha sido exactamente el mismo. “Hay docenas de casos de ancianos que han recibido la carta y no saben ni usar Internet”, asegura a eldiario.es Unai, portavoz del Colectivo. También prefiere no dar su nombre completo.

Contactada por este medio, Telefónica ha confirmado que entregó los datos sobre los titulares de las conexiones a Internet que solicitaba Lucentum, pero ha evitado ofrecer cifras concretas sobre cuántos de sus clientes están afectados. El despacho, por su parte, ha rechazado colaborar en la elaboración de esta información.

Los clientes de Euskaltel que han recibido las cartas del copyright van varios pasos por delante de los de Movistar. En su caso la productora audiovisual que les denuncia es Voltage Pictures y sus empresas subsidiarias (Reliance Entertainment Productions, Venice PI, o Wind River Productions). El abogado que las representa es Rafael Eizaguirre. Los primeros juicios debido a la negativa de los usuarios a satisfacer sus exigencias se celebraron en julio y se encuentran a la espera de sentencia. “La prueba que presenta este señor es una declaración jurada de otro señor alemán, que nadie sabe quien es, pero que dice que tiene un Excel con nuestras IPs”, detalla Unai.

No son los primeros juicios que se celebran en esta comunidad por las reclamaciones de derechos de autor vía IP. Los primeros casos datan de 2016. Voltage ha llevado a juicio a cientos de usuarios residentes en el País Vasco, con resultado diferente según la provincia donde se ubique el juzgado. Mientras que en Donosti se desestimaban las denuncias, el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao los resolvía con condenas. A esta diferencia de criterio se sumaba la aleatoriedad de la multa impuesta, ya que los jueces de Bilbao establecieron indemnizaciones de 150 euros en vez de los entre 400 y 500 que se pedían en aquella primera oleada de cartas. A partir de entonces, todos las reclamaciones de esta zona se han centrado en los tribunales de Bilbao.

La sexta oleada

Cada una de las oleadas de cartas se corresponde con un película o serie distinta. La primera fue Dallas Buyers Club, luego llegaron Lady Bloodfight o Once Upon A Time In Venice. “Ahora estamos en la sexta oleada”, explica Unai: “Hace tiempo se filtró una lista con los contenidos que iban a provocar las denuncias, que se ha ido cumpliendo. La próxima será Colossal, la de Nacho Vigalondo”.

“De todas formas, parece que todo se ha frenado un poco a partir de que nos organizamos porque claro, somos casi 600 personas y vamos con [el abogado experto en tecnología y derechos digitales] David Maeztu”, opina.

En el País Vasco no solo los denunciados se han visto obligados a reaccionar. También Euskaltel ha tomado cartas en el asunto. En mayo denunció a las subsidiarias de Voltage a la Agencia Española de Protección de Datos y en julio, ante el Instituto de Consumo Vasco. La compañía considera que las cartas incurren en “un acto desleal de engaño”, puesto que dan a entender al usuario que ha habido una intervención judicial pese a que “nadie lo ha declarado culpable de nada”, explica en su denuncia ante los citados organismos.

Aunque desde el Colectivo de Afectados de Euskaltel por reclamaciones P2P denuncian que la compañía se ha desentendido de las denuncias, esta explica que intentó resistirse a entregar los datos personales de sus clientes a las productoras, pero los jueces desestimaron sus alegaciones. “El hecho de que los primeros afectados hayan sido clientes de Euskaltel se debe a que los Juzgados de Bilbao han sido los primeros del Estado en atender y resolver dichas demandas”, defienden.

“Como ya adelantamos el pasado mes de julio, preveíamos que este tema iba a afectar también a clientes de otros operadores, y que el motivo por el que aún no hubieran comenzado nuevos procesos era que los juzgados de Madrid aún no habían iniciado los trámites. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón, y ya se están empezando a conocer los primeros casos fuera del País Vasco de clientes del resto de operadores”, explican fuentes de Euskaltel a eldiario.es.