Los afectados por las cartas que exigen un pago para no ir a juicio por piratería se organizan para contraatacar
Los presuntos piratas contraatacan. Los receptores de las cartas que exigen un pago de varios cientos de euros a cambio de no ir a juicio por piratería se están organizando para demandar a aquellos que las envían. Según han informado a eldiario.es, han presentado alrededor de un centenar de denuncias en las que se acusa a uno de los abogados remitentes de un delito de estafa procesal, debido a que dos de las empresas de EEUU a quien dicen representar y para las que están recudando dinero están disueltas. Una de ellas, desde 2016.
El texto de la denuncia, al que ha tenido acceso este medio, incluye documentación facilitada por las secretarías de Estado de Nevada y de Wyoming para probar este cese de actividad. Pese a ello, los denunciados siguen adelante con la reclamación de las indemnizaciones por copyright en su nombre, tanto en las misivas (que instan a los usuarios a llegar a una “solución extrajudicial y amistosa” con esas empresas disueltas a cambio del pago de una cantidad que va desde los 150 a los 450 euros) como en los juicios contra los usuarios que se niegan a pagar.
“Como se acredita con las cartas de pago que emiten”, refleja la denuncia en referencia a una de las compañías extintas, Wind River Productions LLC, “los denunciados están recibiendo pagos en nombre de la citada empresa, sin comunicar en ningún momento al juzgado o a las partes la cesación de su actividad o disolución”.
Según consta en la documentación aportada, She Fighter Nevada LLC, otra de las empresas en cuyo nombre se solicitan indemnizaciones por infringir el copyright, fue disuelta el 30 de noviembre de 2016. Wind River Productions LLC, el 15 de abril de 2019.
Los denunciantes son miembros del colectivo de clientes afectados de la operadora Euskaltel y dirigen sus denuncias contra el abogado Rafael Eizaguirre, contra el procurador Alfonso Bartau y contra un ciudadano norteamericano residente en Los Ángeles, Mickael Wickstrom, firmante del “poder general para pleitos de propiedad intelectual y antipiratería” que los dos primeros presentan para actuar en representación de las empresas en cuyo nombre solicitan indemnizaciones. También denuncian a la empresa Alfa Guardian SL, que gestiona los pagos que consigue Eizaguirre.
Aunque las cartas llegan desde septiembre a usuarios de toda España, la primera oleada afectó a clientes de Euskaltel desde 2016. Se calcula que pueden haber entre 5.000 y 6.000 afectados solo de este operador. El motivo es que esta empresa vasca tiene su sede social en Bilbao, cuyos juzgados de lo mercantil tramitaron las peticiones de identificación de los usuarios por un presunto delito contra la propiedad intelectual a mucha mayor velocidad que los de Madrid, donde está la base del resto de teleoperadores.
Tanto en el País Vasco como en el resto de España, el método para conseguir los nombres y las direcciones de los presuntos infractores a los que enviar las cartas ha sido el mismo. Los abogados (Eizaguirre es el remitente de las cartas que se dirijen a clientes de Euskaltel, mientras que un despacho de Alicante, Lucentum Legal, actúa contra los usuarios del resto de España) se personan en los juzgados con una lista de direcciones IP que, alegan, pertenecen a los presuntos infractores, pidiendo al juez que inste a las operadoras a identificarlos. Se desconoce cuantos usuarios en total puede haber afectados puesto que las operadoras se niegan a facilitar estos datos. La recomendación de los abogados es no pagar.
“Es una actuación que solo puede realizarse de modo consciente por la persona que dice ostentar una representación ante el juzgado, que prevaliéndose de un certificado extranjero limita las posibilidades de verificación, con el fin de obtener unos datos personales y, gracias a ello, requerir el pago de cantidades que, desde luego, no van a la empresa que dice ser los titulares de estos derechos”, denuncian los usuarios.
“Muchas personas, ante el temor a un proceso judicial y los costes y molestias que implica, deciden abonar esa cantidad con tal de no ir a juicio”, recalcan.
eldiario.es ha intentado contactar con el abogado Rafael Eizaguirre durante varios días para incluir su opinión en esta información, sin éxito. Los teléfonos que aparecen asociados a él y a la empresa que recoge los pagos que tramita, Alfa Guardian SL, en las diferentes guías profesionales y empresariales en las que aparecen, se encuentran inoperativos. El número que el letrado facilita a los receptores de las cartas “tiene restringidas las llamadas entrantes y es imposible realizar la conexión”, avisa la operadora. Eizaguirre tampoco atiende al contacto facilitado a este medio por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, en el que está colegiado.
Alfonso Bartau, el procurador contra el que se emiten las denuncias de los receptores de las cartas, ha declarado en conversación con eldiario.es que no tenía constancia de la existencia de las denuncias. Añade que su labor profesional se cierne a la representación procesal de sus clientes en los tribunales y no tiene ninguna relación con el envío de las cartas o lo que en ellas se reclama.
La justicia europea entra en juego
Como adelantó eldiario.es, la justicia europea ha entrado en juego en el asunto de las cartas que exigen un pago para no ir a juicio por piratería, una práctica que se da en varios países de Europa. Será el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el que decida si esta práctica supone un abuso tras una cuestión prejudicial elevada por un tribunal de Amberes (Bélgica).
El juez belga pidió ayuda al TJUE ante las dudas sobre si Mircom, una empresa que compró a ocho productoras de EEUU y Canadá el derecho a reclamar indemnizaciones por violar el copyright de sus obras, podía exigir realmente tales pagos en su nombre. Recientemente, el Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Bilbao ha reconocido que las cartas enviadas en España intentan explotar el mismo modelo, por lo que congela todos los procesos abiertos en la sala hasta que el TJUE se posicione sobre el asunto.
