Del 'clicktivismo' a la democracia directa: en qué punto está la participación digital

“València es mi pasión y ser alcaldesa es mi amor”, decía Rita Barberá, la alcaldesa de España que quería poner la ciudad en el mapa a cualquier precio. Tanto sus formas como el fondo de su discurso se quedaron a años luz de ciertas prácticas, inéditas en política hasta hace poco, introducidas por los nuevos partidos y sus representantes, forjados al calor del municipalismo. Formas inéditas, como la costumbre de Manuela Carmena de coger cada día el metro para llegar a su despacho de alcaldesa en el palacio de Cibeles. Fondo y discurso con códigos y referentes renovados,  como cuando Ada Colau tiró de la proclama zapatista “mandar obedeciendo” el día en el que las urnas le dieron el mando de Barcelona.

Para obedecer el mandato ciudadano, primero hay que escuchar. El altavoz del ayuntamiento catalán es la plataforma online Decidim Barcelona: “Queremos universalizarla para crear espacios de incidencia política en la agenda municipal”, explica Gala Pin, regidora de Participación y Territorio del Ayuntamiento de Barcelona. El primer paso para ampliar la capacidad de acción de la ciudadanía requiere un cambio de normativa que la haga irreversible, gobierne quien gobierne. Ese cambio de normativa —pionera, en la mayoría de los ayuntamientos del cambio— blinda la participación para convertirla en un mecanismo efectivo de redistribución de poder.

Puesta la primera piedra, empieza el reto: movilizar a la ciudadanía, crear espacios de debate y llevar a la práctica esos mecanismos de participación que se han imaginado. El Ayuntamiento de Madrid priorizó desde el principio la parte digital. Barcelona, en cambio, optó por dar fuerza a la presencial y a su potente tejido asociativo. “Aquí la idea es que se produzca un trasvase y los usuarios de la plataforma Decidim protagonicen espacios de debate en las calles para no caer en la inercia del clicktivismo”, apunta la regidora de la capital catalana.

Es su intento de huir del activismo de impacto, de la protesta del sofá y tuit imperante para revalorizar las prácticas tradicionales de participación en plazas y espacios vecinales que permitan afianzar una democracia radical de forma tangible y presencial. 

Multiconsultas con clicks y con firmas

“Por primera vez en Barcelona, a través de la recogida de firmas, la ciudadanía puede plantear consultas sobre temas de competencias municipal al resto de vecinas y vecinos de la ciudad”, relata Gala Pin. Lo han llamado la Multiconsulta y la primera llevaba al pleno la posibilidad de hacer un referéndum sobre dos cuestiones: la remunicipalización del agua y el cambio de nombre de la plaza de Antonio López por el de Idrissa Diallo, el primer fallecido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca de la capital catalana.

Esa Multiconsulta fue tumbada en un primer intento por el mismo pleno contraviniendo la propia normativa a la que sí dio el visto bueno. El ayuntamiento achacaba el voto negativo de la oposición a la manipulación interesada de la multinacional Agbar, la empresa concesionaria de la gestión del agua. “El bloqueo político, partidista y de la multinacional es una demostración de que cuando la participación habla de redistribuir el poder en algo tan básico como el agua es cuando no hay consenso generalizado y no se quiere promover. Aquí ha aflorado un conflicto de intereses”, afea Gala Pin.

Decía Manuel Castells que en realidad, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos no fue un accidente, sino más bien una reacción contra el establishment. Así explica el famoso sociólogo que las actuales democracias por la que tanto se ha luchado solo pueden existir en la mente de las personas y no en las instituciones.

Hasta hace poco —tres años, en concreto— la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas no pasaba de ser una “participación informativa” o simplemente consultiva. El salto hacia la propositiva es, para sus impulsores, imparable, porque se ha convertido en un “consenso mundial”. Como proclama Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, “las elecciones son un elemento necesario pero no suficiente, porque la democracia directa está para quedarse”.

“El caso del Ayuntamiento de Madrid es súper atípico porque se mueren de ganas de entregarle el poder a la gente y que entienda que es suyo. Cuando diseñas un programa que amplía los derechos de los ciudadanos, y cuando esos ciudadanos entienden el beneficio de tener ese derecho, ya no se lo puedes quitar”,  reflexiona Dinorah Cantú, coordinadora del GovLab de Nueva York, el laboratorio de innovación que montó Barack Obama para sus procesos digitales.

En la capital también tuvieron su “momento multiconsulta” a la madrileña cuando preguntaron a la ciudadanía cuál de los dos proyectos seleccionados preferían para remodelar la Plaza de España o si querían un billete único para el transporte púbico En esa votación participaron más de 200.000 madrileñas y madrileños. Las firmas, eso sí, las cambiaron por clicks. Ambas propuestas fueron las dos únicas iniciativas que alcanzaron, en la plataforma Decide Madrid, el número mínimo de apoyos ciudadanos necesarios (28.000 en total, un 1% del padrón municipal) para poder ser aprobadas en un referéndum vinculante.

Un 'big data' de demandas ciudadanas

El número de participantes en las consultas ciudadanas siempre se ha usado como argumento arrojadizo por la oposición para desacreditar las políticas de participación, ante lo cual el concejal madrileño Pablo Soto siempre ha recordado que, como establece Suiza —un país repleto de ejemplos de democracia directa— un 2% de implicación ya se toma como un éxito en cualquier proceso participativo.

A esto se le suman otros datos, como los 400.000 usuarios y las 25.000 propuestas con las que cuenta actualmente Decide Madrid, una plataforma virtual de participación basada en Consul, el software libre que se inventaron los hackers de Carmena y que ya ha sido replicado en más de 50 instituciones en todo el mundo para consultas ciudadanas. “En esa web tenemos un big data de preocupaciones ciudadanas”, apunta Yago Bermejo, responsable de Participalab, el laboratorio de democracia digital de Medialab-Prado en Madrid.

La fórmula conocida para legitimar estos procesos se centra, casi de forma exclusiva, en el número de apoyos que reciben las iniciativas ciudadanas, una práctica que emula los mecanismos de democracia representativa en el que las urnas establecen las mayorías de poder político. Para Domenico Di Siena, investigador de la red CivicWise, “el voto no puede ser el elemento fundacional de la participación; tiene que ser uno más”.

El investigador propone aprovechar las distintas capacidades de personas diversas para que, juntas, puedan idear nuevas propuestas. La inteligencia colectiva se vuelve un concepto inherente a las nuevas prácticas de participación que buscan radicalidad democrática con la construcción de comunidades de ciudadanos y espacios —como plazas virtuales y/o presenciales— en los que dialogar.

Una de las últimas ciudades que ha firmado un convenio con Madrid para replicar el código de Consul en su plataforma de participación ciudadana ha sido Bahía Blanca, una localidad argentina costera de la provincia de Buenos Aires. El director general de Innovación Pública y Gobierno Abierto del municipio, José Fernández Ardáiz, reflexiona sobre las formas de implementar la participación online sin caer en la “cultura facebookeana” del me gusta o no me gusta para evitar replicar la costumbre del clicktivismo en la que se participa solo desde los márgenes digitales: “La participación online parece un gesto simple y rápido que no requiere compromiso, cuando en realidad la implicación de la ciudadanía debería ser algo más que apretar un botón y olvidarse del proyecto”.

La mezcla de mecanismos online y offline permite establecer capas, niveles y grados diferentes de implicación, aunque Ardáiz reconoce que estas plataformas online “difunden la posibilidad de participar de manera rápida, simple y descomprometida”.

Internet ha cambiado tanto la organización social como los vínculos sociales de toda una generación que tiene hoy menos de treinta años y que casi ni conoció el mundo sin la hipertecnologización actual. “Los jóvenes están acostumbrados a lo colaborativo y participativo porque es el espíritu de las redes sociales. Es ridículo decirle a una chavala o chaval que no puede opinar o participar”, añade el consultor argentino.

Según Yago Bermejo, no hay por qué desprestigiar ese voto online clicktivista porque solo es la primera parada: “Las plataformas digitales sirven para que la gente se encuentre por similitud de afecciones o de ideas”. Conectan y crean grupos de interés que pueden actuar como lobbies de presión ciudadana o “comunidades propositivas” que pueden migrar del espacio online al presencial.

De la propuesta al sorteo

“Vimos que algunas de las 20.000 propuestas ciudadanas que hay colgadas en la plataforma Decide Madrid están muy individualizadas, así que decidimos agruparlas por temáticas para unir y conectar a personas que proponían ideas parecidas y las llamamos comunidades propositivas”, sostiene Saya Sauliere, coordinadora de uno de los proyectos piloto en los que investiga el Ayuntamiento de Madrid.

La primera comunidad se creó para elaborar una propuesta con la que hacer de Madrid una ciudad más amigable con la infancia. A la primera reunión presencial asistieron unas cien personas, que conformaron una grupo fuerte capaz de sostener y lanzar una iniciativa transformadora de la ciudad que espera recabar, desde la plataforma web Decide Madrid, las 28.000 firmas necesarias para pasar a ser consultado mediante referéndum vinculante. Como recuerda Saya Sauliere, “hay muy pocas ciudades en el mundo que tengan este mecanismo” por el que una propuesta de los ciudadanos se pueda someter a un plebiscito cuyo resultado  será  asumido por el poder político.

“Decide Madrid permite que cualquiera pueda participar, pero como mecanismo de deliberación es limitado”, apunta Arantxa Mendiharat, mediadora cultural especializada en otra de las líneas de investigación de Madrid: la reinvención del Observatorio de la ciudad como órgano conformado por ciudadanos elegidos al azar donde se puede aplicar la democracia por sorteo. En realidad esta práctica, basada en la elección aleatoria de un grupo de ciudadanos representativos del conjunto social a los que se les consultan diversas cuestiones, es tan antigua como la democracia representativa de la Grecia antigua, donde se inventó.

Hoy en día se utiliza en diversas partes del mundo de forma habitual. En Toronto, por ejemplo, cada mes se reúne a un grupo de ciudadanos elegido por sorteo para examinar un proyecto del ayuntamiento que tiene que ver con planificación urbana. El propio referéndum celebrado hace pocas semanas en Irlanda sobre el aborto partió de una iniciativa que llegó a una comisión parlamentaria surgida de una Asamblea Ciudadana formada en 2016, en la que participaron 99 representantes, entre ellos cargos políticos y ciudadanos escogidos de forma aleatoria.

Esta fórmula permite, como subraya el concejal Pablo Soto, buscar una solución alternativa cuando el Gobierno y el Pleno no llegan a acuerdos. También ahorra al partido del poder el coste electoral que acarrea tomar ciertas decisiones que nunca van a contentar a todos. Eso se vivió en Australia, donde los jurados ciudadanos se han utilizado para definir el precio del agua o fijar la localización de un contenedor de residuos nucleares. Decisiones que podían resultar problemáticas para los partidos políticos porque podrían acarrear castigos electorales.

Su similitud con los jurados populares que tienen la última palabra en algunos juicios es clara, pero también guardan muchas diferencias. En el caso de la democracia por sorteo, se escoge al azar una muestra que debe ser representativa del conglomerado social. “Además, tratan temas que nos afectan en nuestras vidas, mientras que los jurados populares dictan sentencias sobre otras personas”, afina  Arantxa Mendiharat, y añade: “Hoy en día el ciudadano de a pie no tiene espacio para participar, porque lo acaparan los políticos y la ciudadanía organizada. La democracia por sorteo otorga un espacio activo a esas personas”.