El Defensor del Pueblo estudiará la posibilidad de solicitar al Tribunal Constitucional que anule el denominado 'decretazo digital' aprobado por el Gobierno socialista justo antes de la campaña electoral previa al 10N. Asociaciones de internautas y en defensa de las libertades digitales, junto a un grupo de juristas independientes, presentará este miércoles un recurso contra este decreto-ley que añadió el “mantenimiento del orden público” a la lista de supuestos que permiten al Ejecutivo intervenir Internet por vía administrativa sin orden judicial previa.
El texto del recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, afirma que el decreto-ley viola los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la libertad de expresión. “Consideramos que darle la postestad al Gobierno de controlar Internet sin que intervenga la autoridad judicial supone un modo censura previa y un secuestro de contenidos”, afirma Carlos Sánchez Almeida, portavoz de la coalición de juristas y organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, Facua y Críptica, así como abogados especializados y catedráticos de derecho constitucional.
Muchos de los firmantes de este recurso estuvieron detrás del que llevó a la anulación de la reforma que permitía a los partidos políticos elaborar bases de datos con información ideológica de los votantes para enviar propaganda electoral segmentada. El Defensor del Pueblo es el paso previo necesario para que un recurso interpuesto por la ciudadanía llegue al Tribunal Constitucional, ya que solo el presidente del Gobierno, los de las comunidades autónomas o un grupo de 50 parlamentarios pueden presentar recursos de inconstitucionalidad directamente ante el Alto Tribunal.
En este caso el recurso no solo ataca el fondo de la medida, sino también su forma. La Constitución habilita el mecanismo del decreto-ley para regulaciones “de extraordinaria y urgente necesidad”, permitiendo que el Ejecutivo lleve al BOE una norma con rango de ley sin recibir el visto bueno del Parlamento que, no obstante, deberá ratificarla en un período de 30 días. Los firmantes argumentan que el Gobierno de Sánchez no ha sido capaz de demostrar que la reforma, que el presidente justificó en la necesidad de “poner punto y final a la república digital catalana”, cumpla ese requisito de máxima urgencia que permite saltarse los trámites administrativos habituales.
Acabar con la república digital catalana
El decreto-ley que corre el riesgo de convertirse en el primer revés de Sánchez durante esta legislatura entró en vigor el pasado 6 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones del 10N. Fue ratificado por la Diputación Permanente del Congreso (al no estar todavía formadas las nuevas cámaras), con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la negativa de ERC y la abstención de Unidas Podemos.
Un par de semanas antes Sánchez había afirmado que la reforma pretendía impedir que la “república digital catalana” creara su propia infraestructura en “paraísos digitales” para independizar sus redes del control estatal. No obstante, el texto que terminó llegando al BOE no mencionaba a Catalunya pero sí permitía al Gobierno controlar la infraestructura física que soporta Internet “cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público” sin tener que pedir permiso a un juez.
La decisión provocó una cascada de críticas. Diversos expertos denunciaron la ambiguedad del concepto “orden público” en plena estapa de recrudecimiento de las protestas en las calles de Catalunya tras la condena a los líderes del procès, alertado de con que el control de la infraestructura física de las telecomunicaciones, como las antenas, los centros de datos o las redes de fibra, el Gobierno podría cortar la conexión a Internet de un área donde sospechara que iban a producirse revueltas.
Otros, en cambio, afirmaron que se trataba de mera “propaganda” electoral.
El texto también incluía otras medidas destinadas a dificultar una votación de independencia vía online, como la prohibición de que las bases de datos con información ideológica de ciudadanos españoles manejadas por instituciones públicas se ubiquen fuera del territorio nacional, o el veto a cualquier desarrollo de vías de autentificación de la identidad individual que no estén controladas desde la administración central del Estado