Escándalos como el dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o el caso de Cambridge Analytica y Facebook han demostrado que las empresas u organizaciones no siempre hacen las cosas como deberían. Ante estas situaciones, el papel de los denunciantes que sacan a la luz este tipo de infracciones es crucial, y no siempre están amparados. Consciente, la Unión Europea ha querido tomar cartas en el asunto.
El pasado abril, la Comisión Europea aprobó la propuesta de una nueva directiva para proteger a este tipo de informantes. Con esta norma, aún pendiente de aprobarse en el Parlamento Europeo, se pretende establecer una serie de medidas para crear canales de denuncia protegidos en empresas e instituciones y prohibir cualquier represalia contra quienes los utilicen en aras del interés público. “No debería haber castigo por hacer lo correcto”, decía tras su aprobación el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. “Además, las propuestas de hoy también protegen a quienes actúan como fuentes de periodistas de investigación, ayudando a garantizar que la libertad de expresión y la libertad de los medios se defiendan en Europa”, añadía.
“Es un paso adelante muy bien recibido y una propuesta importante para que Europa sea más segura y más justa para todos”, comenta a eldiario.es Julia Reda, vicepresidenta del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea, que hace dos años presentó un borrador coincidiendo con el inicio del proceso judicial del denunciante de LuxLeaks Antoine Deltour, quien recientemente se ha autoproclamado ganador de su batalla ante los tribunales. Aun así, Reda considera que “aún no es perfecta” y apunta varias cuestiones a mejorar, como garantizar el anonimato en los informes o que un denunciante pueda acudir siempre a los medios de comunicación.
Avances hacia la protección del whistleblower
whistleblower“Al principio, la Comisión Europea se mostró escéptica sobre si la Unión Europea era competente para legislar sobre la protección de denunciantes”, explica Reda. Sin embargo, las recomendaciones del Consejo de Europa, que desde 2014 instaba a una protección para los denunciantes, junto con la presión pública tras destaparse cada vez más casos de fraudes y corrupción en empresas e instituciones y conocerse el trato injusto a sus denunciantes, han hecho que la Unión Europea actúe. “Creo que el hecho de que las elecciones europeas sean el próximo año también ha sido un factor para el timing”, puntualiza Reda. “La protección de denunciantes es un tema popular entre los europeos y aquí la Comisión puede mostrar lo que Europa está haciendo para mejorar la vida de las personas”.
Con esta propuesta se protegerán las denuncias de los incumplimientos en materias de contratación pública, servicios financieros (como blanqueo de capitales o financiación al terrorismo), seguridad alimentaria (tanto en personas como en animales), seguridad nuclear, de productos y de transporte, protección del medio ambiente, salud pública, protección al consumidor, a la privacidad y a los sistemas de comunicación.
Asimismo, se aplicará a casos en los que los intereses financieros de la Unión Europea se hayan visto comprometidos. Además, para conseguir un mayor alcance, la Comisión plantea una extensión de medidas que se dirigirá a aquellas áreas donde la protección a los whistleblowers sea relevante.
Para todos estos casos, se dispondrá de tres tipos de canales de denuncia a los que se podrá acudir de forma escalonada y cuando el denunciante no quede conforme con la respuesta que le ha dado el órgano anterior. Primero se deberá acudir al interno de la propia entidad, luego al externo puesto a disposición por parte de las autoridades y, en caso de que ninguno de los dos actúe o se prevean peligros inminentes, a los medios de comunicación.
Así, como regla general, todas las empresas privadas de más de 50 empleados o con una facturación anual de más de 10 millones de euros estarán obligadas a contar con canales internos de denuncia que garanticen la confidencialidad de los denunciantes. Al sector privado también deben unirse todas las administraciones estatales y regionales y todos los municipios locales de más de 10.000 habitantes. En todos ellos será necesario designar a una persona o a un departamento (dependiente del tamaño de la entidad) para tramitar dichas denuncias desde que se reciben hasta que se resuelven.
Las pymes y las microempresas estarán exentas de implantar ese mecanismo, salvo que se dediquen a servicios donde haya un riesgo de blanqueo de capitales o de financiación terrorista. En caso contrario, deberán acudir directamente a los canales externos de las autoridades públicas que cada Estado miembro tendrá que identificar de manera clara. Y si en el plazo de 3 a 6 meses los denunciantes no han conseguido la respuesta esperada, ya podrán hacerlo público ya sea a través de plataformas web o redes sociales, acudiendo a los medios de comunicación o contándoselo directamente a cargos públicos o organizaciones civiles que lo denuncien públicamente.
De este modo, como indican desde el Grupo Verde, los trabajadores están bajo protección. “Es probable que haya algunas críticas de quienes quieran que todos los ciudadanos estuvieran cubiertos, pero centrarse en los trabajadores está en línea con los estándares internacionales sobre protección de denunciantes”, aseguran en su comunicado. Esto incluye desde los propios empleados, voluntarios o accionistas hasta autónomos, contratistas y proveedores. Incluso aquellos que hayan acudido a una entrevista de trabajo y tengan una información susceptible de denuncia, pero deja fuera a hackers o activistashackers.
Asimismo, la directiva que se está tramitando prohíbe cualquier forma de represalia al trabajador, ya sea en forma de despido, degradación o cualquier acto contra el empleado en su puesto laboral. Ante ello los denunciantes estarán protegidos, y en caso de que algo así les suceda, le corresponderá al empleador demostrar que no está tomando medidas coercitivas a raíz de la denuncia. Además, a los denunciantes no se les considerará infractores de posibles restricciones a la divulgación de información impuestas por contrato o ley y contarán con protección ante procedimientos contra ellos por difamación, violación de los derechos de autor o revelación de secretos.
Así, no solo la figura del whistleblower queda salvaguardada, sino que se pueden derivar otras ventajas. “Gracias a las acciones de los denunciantes en los casos de evasión de impuestos, la Unión Europea podría recuperar millones de ingresos tributarios perdidos que ahora se pueden gastar en mejorar los servicios públicos”, argumenta Reda. “Así que incluso los europeos que no son denunciantes se benefician indirectamente de la protección y nadie sabe si ellos mismos pueden convertirse en denunciantes en el futuro y necesitar protección”, reflexiona.
Lo que queda por mejorar
Aunque distintas organizaciones y expertos la han acogido como un paso importante, lo cierto es que la directiva tiene ciertas lagunas que no garantizan una protección total.
Según Reda, una de las principales es colocar a los medios de comunicación como la última instancia a la puede acudir el denunciante. “Los denunciantes siempre deberían estar protegidos si hacen sus revelaciones directamente a la prensa o al público”, argumenta Reda. “Si un denunciante tiene información importante que es de interés público, siempre se les debe permitir ir directamente a la prensa”.
También denuncian desde el Grupo Verde que la directiva no menciona en ninguna parte la posibilidad de presentar informes totalmente anónimos. Además, Reda estima “insuficiente” la protección a la confidencialidad de los informes de los denunciantes. Según la actual propuesta, se deberán proporcionar los datos del whistleblower cuando sea requerido legalmente en las investigaciones judiciales o posteriores procedimientos. Algo razonable pero que no garantiza al 100% la confidencialidad del filtrador.
Reda también considera que la normativa debería incluir más sectores sobre los que la Unión Europea tiene competencia, como “el asilo y la migración, los acuerdos comerciales y la seguridad de las centrales eléctricas en general y no solo las centrales nucleares como se propone actualmente”. Además, el Grupo Verde también cree que es “un poco confuso para los denunciantes” que regulaciones que ya los protegen en algunos sectores, como la directiva de aviación o la regulación de abuso de mercado, permanezcan sin cambios ni unificación de criterios.
Otra cuestión que se deja de lado son las recompensas por destapar estos delitos. Según Reda, es algo que se podría haber considerado; sin embargo, “lo más importante es que la protección no dependa de los motivos del denunciante, solo de si la información que revelan es de interés público o no”. De lo contrario, los empleadores que quisieran demandar a un filtrador podrían desprestigiarlo fácilmente para evitar que la ley los proteja.
En estos momentos y hasta el 13 de julio los ciudadanos pueden dejar sus comentarios sobre la propuesta en la web de la Comisión Europea. Con ellos realizarán un resumen que presentarán al Parlamento Europeo y al Consejo para que forme parte del debate legislativo previo a su aprobación. Una vez ratificada, los países miembros tendrán un plazo máximo hasta 2021 para transponer la directiva a su marco normativo y así empezar a garantizar los derechos de los whistleblowers en Europa.
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Las imágenes son propiedad, por orden de aparición, de EFE y Julia Reda/Flickr