Le Monde tuvo acceso a documentos internos del Departamento de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos de Francia, en los que se explican dos propuestas que se votarán en el parlamento a principios de 2016. La primera es cerrar todos aquellos puntos de conexión wifi que sean libres o abiertos “bajo pena de sanciones penales” cuando se declare un estado de emergencia como el de los ataques de París. El argumento es que los sospechosos pueden comunicarse usando estas redes abiertas sin ser detectados por la policía.
La segunda es “bloquear o prohibir todas las comunicaciones de la red Tor”, esta vez sin que haya estado de emergencia. El proyecto Tor, también conocido como el “router cebolla” utiliza su red de usuarios y un complejo sistema de rebotes para “anonimizar” a quien lo usa. El paquete de medidas incluye también el control de aplicaciones de voz sobre IP (VoIP) como Skype o Telegram, que serían legales pero cuyas empresas estarían obligadas a ceder las claves de sus usuarios o dejar puertas traseras para la identificación proporcionar las claves de cifrado o facilitar puertas traseras para identificar a sus clientes.
Francia se ha sumado a las voces que culpan a las herramientas de cifrado de los ataques terroristas, y a otros líderes del mundo libre que reclaman acceso a los datos íntimos de sus propios ciudadanos, lo que equivale a vulnerar derechos civiles en nombre de la seguridad. La victoria de Le Pen en las regionales no augura buenos tiempos para los derechos civiles. Lo que no explican los proyectos de ley es cómo van a bloquear el uso de estas redes. China lleva años tratando de bloquear Tor cerrando uno a uno los nodos a los que se conecta el usuario, pero ha descubierto que son como las canas: donde arrancas una, te salen siete.
Esta es la opción técnica. Aparentemente, lo que el gobierno francés propone es una medida burocrática que implique a los proveedores de Internet. Las telefónicas deberán ayudar al gobierno a localizar aquellos usuarios que se conecten a las plataformas prohibidas para poder poner multas disuasorias, como se hizo en su momento con las descargas ilegales.