El Gobierno regula el arbitraje sobre los pagos de las redes a los medios de comunicación por el uso sus noticias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que permite a la Comisión de Propiedad Intelectual arbitrar los conflictos entre los medios de comunicación españoles y las tecnológicas que usen sus publicaciones. De esta forma, el Gobierno encarga a este organismo la intermediación entre editores de prensa y servicios digitales cuando estos no puedan acordar un precio por el uso de sus contenidos en Internet, como cuando se distribuyen a través de agregadores de noticias como el de Google o se comparten en redes sociales.

La Comisión de Propiedad Intelectual forma parte del Ministerio de Cultura y es la encargada de realizar los trámites administrativos en la lucha contra la piratería en Internet. Entre sus nuevas competencias, la norma ratificada hoy establece que los medios podrán acudir a este organismo para dirimir las “cuestiones litigiosas” con las tecnológicas antes de abrir un proceso legal en los tribunales.

El real decreto termina de perfilar el nuevo escenario para la relación entre los medios de comunicación y los servicios digitales en España, después de que la reforma de la ley de propiedad intelectual en 2021 permitiera a los editores negociar individualmente el precio de sus publicaciones con las tecnológicas. Ese cambio legal puso fin tras ocho años de bloqueo propiciado por el conocido Canon AEDE, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que provocó la salida de Google News de España y la negativa de los prestadores de servicios digitales a pagar una tarifa unitaria por el uso de los contenidos de prensa.

La negociación individual entre editores y tecnológicas es el camino que han seguido la mayoría de países europeos en la actualización de sus leyes de copyright, como Francia o Italia. Esta actualización de las normas de propiedad intelectual se está produciendo en todo el mundo y en ocasiones está provocando nuevas fricciones entre las grandes tecnológicas y los estados. En Canadá y Australia, por ejemplo, Meta (propietaria de Facebook e Instagram) ha llegado a vetar que los usuarios publiquen enlaces a publicaciones de prensa en sus servicios al no estar de acuerdo con la remuneración a los editores impuesta en esos países.

El real decreto también pretende “mejorar el cumplimiento de los plazos y la eficacia en la lucha contra la piratería en Internet”, actualizando las capacidades de la Comisión de Propiedad Intelectual. Esta modernización era un compromiso del Gobierno con la UE como parte del plan de recuperación y resiliencia por el que España recibirá 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026.