Los hermanos Lapeña, una larga espera para poder dejar el Valle de los Caídos

El primer fallo judicial firme que permite la exhumación en el Valle de los Caídos a asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo ha abierto una vía para un entierro digno que dé fin a la espera de la familia de los aragoneses Manuel y Antonio Lapeña, dos afiliados a la CNT represaliados.

Por fin un auto firme permite recuperar los cuerpos de dos de los miles de asesinados que “descansan” en el Valle de los Caídos en contra del deseo de sus familiares, pero una nueva piedra aparece en el camino, los informes solicitados por Patrimonio Nacional.

En el caso de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), su 'pecado' fue su vinculación con la CNT, según cuenta a Efe Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) y marido de Puri, nieta de Manuel.

Manuel Lapeña era el veterinario de Villarroya y, aunque había fundado la CNT en la localidad, en el momento de su muerte ya se había desvinculado de ella y no ocupaba ningún cargo ni responsabilidad.

Aún así, como a tantos otros, lo subieron al camión y tras dos o tres días detenido desapareció. Creen que fue fusilado en el barranco de la Bartolina, en Calatayud.

Por su parte, Antonio Lapeña era herrero y, aunque fue miembro de dicho sindicato, nunca fue dirigente.

Viendo lo que le ocurrió a su hermano, huyó al monte, pero posteriormente se entregó al asegurarle que no le ocurriría nada.

Le mintieron y fue fusilado en las tapias del cementerio. Junto a los de su hermano, sus huesos acabaron descansando en el mayor monumento en exaltación del franquismo, de donde sus familiares llevan años intentando sacarlos desde que conocieron su paradero.

En aquel sangriento 1936, había “listas hechas y bien hechas” con dirigentes y afiliados sindicales y políticos y, en definitiva, cualquier sospechoso de no recibir con los brazos abiertos al nuevo régimen, cuenta el presidente de Arico.

Incluso, en las semanas posteriores al golpe del 18 de julio, muchos patronos aprovecharon para no pagar a sus trabajadores y “simplemente los mataron”, asegura.

Su suegro, hijo de Manuel Lapeña, continúa a sus 92 años esperando recibir el cuerpo de su padre para enterrarlo junto a su madre en Villarroya. Está mayor y “un poco decepcionado de tantas promesas y de no llegar a nada”. “Lo ve difícil”, reconoce.

Desilusión que ha llegado esta semana, a pesar de que el caso de estos dos hermanos es el que más lejos ha llegado y el único en culminar con un auto firme que ordena la exhumación, al pedir Patrimonio Nacional nuevos informes antes de ejecutar la resolución judicial.

Un hecho que les ha llevado a presentar en el Tribunal Supremo una demanda contra Patrimonio Nacional.

En ella, el abogado de la familia, Eduardo Ranz, sostiene que el auto del juzgado dice claramente que se ha de producir la exhumación y que, en todo caso, han tenido tiempo desde 2007, cuando que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, para pedir dichos informes.

Esta “no es la actitud”, subraya a Efe el abogado.

Desde 2012, en una fecha tan simbólica como el 20 de noviembre, este letrado ha abierto hasta siete casos similares de familiares que desean recuperar los cuerpos de sus antepasados del Valle de los Caídos, pero el único que ha prosperado es este, el de los hermanos Lapeña, que seguía la vía civil y que comenzó en 2014.

Para este caso se apoyaba en la llamada “perpetua memoria”, una doctrina de Derecho Civil utilizada en los siglos XIX y XX sobre la recuperación de la identidad de las personas y, a partir de ahí, tengan derecho a la “digna sepultura”, tal y como recoge la propia Constitución.

Sin embargo, estos artículos fueron derogados en junio de 2015, por lo que las sentencias favorables a la exhumación no podrán ser automáticas para otros casos similares después de esta resolución.

“No sabemos si puede servir o no. Depende de cómo se arme el siguiente caso”, ha reconocido el abogado.

Mientras, en Arico hay “siete u ocho personas” de distintos puntos de España -como Barcelona, Asturias o Valladolid- buscando lo mismo: recuperar a sus muertos para darles un entierro digno.

De momento, su presidente exige que se cumpla la sentencia, que habla de “entrega inmediata”, y se abra la cripta en la que se encuentran los cuerpos para realizar las muestras de ADN.

Este caso podría abrir la puerta a todos los demás para recuperar a sus familiares 80 años después. “Sería inconcebible que no les dejaran recuperarlos”, enfatiza.

Nadie ha conseguido recuperar ningún cuerpo del Valle de los Caídos después de que en 1980 se lograra con decenas de represaliados navarros.

Pablo Sebastián Segura