El fantasma de las 'fake news' vuelve al Congreso disfrazado de “derecho de rectificación”
Como el fantasma de las navidades pasadas. Justo un año después de que el Gobierno del PP alentara la narrativa de los hackers rusos y venezolanos dedicados a la distribución de fake news para alentar el independentismo catalán, el PSOE coge el testigo. Lo hace desde el Ejecutivo (su portavoz, Isabel Celaá, denunció una “ola de fake news” a finales de septiembre) y desde el Congreso, donde el grupo socialista impulsa una ley que busca eliminar garantías judiciales para facilitar el control de contenidos en Internet con el mismo pretexto.
El fantasma de las noticias falsas llega esta vez vestido de ley de protección de datos. Este miércoles el Pleno del Congreso aprobará que la norma que sustituirá a la actual, que data de 1999, supere el período de enmiendas y continúe su trámite legislativo. Enmarañadas en su articulado (PDF) hay medidas que regulan los comentarios en redes sociales y la redacción de las noticias en medios de comunicación, han avisado organizaciones de defensa de los derechos digitales, la patronal tecnológica y varios juristas.
El foco de las críticas es un nuevo “derecho de rectificación” potenciado y sin control judicial, que obliga tanto a los medios como a “responsables de redes sociales, plataformas digitales y servicios de la sociedad de la información equivalentes” a incluir la opinión de un tercero que se sienta afectado por la información o el comentario. Hasta ahora esto solo podía hacerse si lo ordenaba un juez, al entrar en conflicto con las libertades de expresión e información. El borrador de la ley sustituye esa intervención de la justicia por un “protocolo efectivo” que permita llevarlo a cabo.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Federación española de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ven en esta regulación un nuevo intento de “usar las noticias falsas como excusa para controlar Internet”. Para estas organizaciones, la “ampliación del derecho de rectificación abre la puerta a la censura de contenidos” y lo califican como un “derecho de amnesia”. Además, se preguntan sobre su “verdadera finalidad”, dado que el derecho de rectificación ya está regulado en una ley específica: “¿Se trata de un derecho a medida pensado para personajes públicos?”.
Desde la PDLI y la FeSP señalan que este derecho de rectificación influiría directamente en informaciones como las que desgranaron las irregularidades del máster de Pablo Casado: “¿Qué harán los diarios digitales si los abogados de Pablo Casado empiezan a enviar burofaxes a los medios para obligarles a incluir un aviso de rectificación en todas las noticias sobre su máster regalado?”, se pregunta el jurista especializado en derechos digitales, Carlos Sánchez Almeida.
Además, como anticipa el refranero cuando señala al que “parte y reparte”, los grupos parlamentarios han incluido una modificación que les exime de sanciones por violar la protección de datos. Si el borrador sale adelante solo recibirán un “apercibimiento”, una excepción que hasta ahora solo estaba prevista para instituciones como la Administración General del Estado, el Banco de España o las universidades públicas. Lo recordaba otro abogado, Samuel Parra, especialista en protección de datos.
eldiario.es ha intentado recabar la opinión del diputado socialista que impulsa la iniciativa, el antiguo director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, dado que fue su grupo quien presentó la enmienda que ha dado origen al nuevo “derecho de rectificación”. El diputado ha declinado en varias ocasiones el ofrecimiento. La PDLI y la FeSP registraron la semana pasada de forma oficial en el Congreso una carta con sus argumentos y en la que solicitaban una reunión con los grupos. Tampoco han recibido respuesta.
Así se hace atractiva una ley que recorta derechos
La negociación de la reforma de la ley de protección de datos se ha caracterizado por mantener un perfil bajo a nivel mediático. El texto se ha mantenido oculto hasta el último momento. Días antes de que saliera a la luz, se filtró que este incluirá el “derecho a la desconexión digital”, que prohibirá a los jefes perseguir a sus empleados fuera del horario laboral a través de dispositivos digitales. Rallo escribió en una tribuna en El País que con ella “España se sitúa en la vanguardia del reconocimiento de novísimos derechos”.
“Si nos fijamos en las informaciones que se han ido filtrado gota a gota sobre la nueva ley, queda en evidencia que ha habido mucha 'cocina' para vender las supuestas bondades de la norma”, denuncia a eldiario.es Yolanda Quintana, secretaria general de la PDLI: “Se ha puesto el acento en los llamados nuevos derechos digitales, como el bautizado como 'derecho a la desconexión digital', cuando en realidad no pasan de ser brindis al sol al no venir acompañados de las obligaciones concretas que de esos derechos se derivaría”.
Quintana afea que mientras se desarrollaba esta promoción controlada sobre la ley, el texto se mantuviera oculto, “por lo tanto las organizaciones expertas o los juristas no lo podíamos discutir”. La nueva protección de datos ha utilizado el procedimiento de tramitación rápida usado para reformar leyes, a pesar de que gran parte de su articulado es nuevo. De no haber sido así el texto debería haberse enviado a consulta de órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, lo que habría impedido mantenerlo oculto. La ley podría entrar en vigor a finales de año.
Sin ley de derechos digitales
La patronal de las empresas tecnológicas que operan en España se ha sumado a las críticas y señala que el Congreso debería abrir un proceso público para elaborar una ley de derechos digitales, no ir parcheándolos sobre la marcha en leyes “con un objeto muy concreto y radicalmente diferente”. Para la asociación, DigitalES, “la fórmula elegida para regular sobre una materia tan importante para los ciudadanos es imprecisa y poco transparente”.
La patronal recuerda que “no existe oposición alguna” ni en la industria, ni en el mundo académico, ni en la sociedad civil para iniciar esta traslación de derechos al mundo digital: “Organizaciones empresariales y de consumidores ya se han pronunciado en contra de esta forma de abordar derechos digitales por la puerta de atrás”, señala en un comunicado.
