La ley Sinde no viene sola: tres normas que se negocian fuera de foco y pueden afectar a tus derechos en la red
“Hubo un tiempo en el que la libertad en Internet se percibía como frágil y peleamos por mantenerla. Esa pelea está aparcada porque creemos que la libertad se mantendrá a unos niveles aceptables o suficientemente amplios. No es así. Eso nunca estuvo garantizado y lo veremos pronto”. Fue la reflexión de David Bravo, jurista digital, cuando el Parlamento Europeo votó a favor de la renovación de la directiva de derechos de autor. Tras un intenso debate en torno a su proporcionalidad, el texto que salió adelante introdujo medidas como un filtro automático de contenidos que registre todo lo que se suba a la red en busca de violaciones de copyright y con capacidad de anular publicaciones de los usuarios sin autorización judicial.
El pronóstico de Bravo no tardó en cumplirse. Justo una semana después de la votación en la Eurocámara, PP, PSOE y Ciudadanos propusieron de forma conjunta endurecer la ley Sinde. En medio de las negociaciones para reformar la Ley de Propiedad Intelectual, los tres grupos plantean eliminar la necesaria autorización judicial para ordenar el cierre de una página web.
Ocho años después de que la negociación para aprobar la misma norma generara un movimiento de rechazo que acabó acampado en la Plaza de Sol durante el 15M, PP, PSOE y C's vuelven a la carga. Su objetivo es que si la administración considera que la web es reincidente y sigue acumulando denuncias por violación de los derechos de autor, esta pueda forzar su cierre sin volver a consultar al juez.
El Ministerio de Cultura negó a eldiario.es que la enmienda suponga un peligro para la extensión a la red de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva. No convencidos con esta explicación, este lunes se han sumado a las quejas la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la organización de consumidores Facua y las patronales de radios y televisiones privadas, que denuncian que las enmiendas fortalecen “la posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios” y “la vuelta a los tiempos de los abusos” de estas entidades.
La nueva polémica alrededor de la ley Sinde muestra que pese a las quejas ciudadanas, las fuerzas políticas siguen dispuestas a apoyar regulaciones para Internet que tendrían un difícil encaje fuera del ciberespacio. En España, al menos tres leyes que se encuentran en proceso de negociación amenazan con desligar los derechos durante la actividad en la red de los ciudadanos de los que tendrían en el mundo físico.
Ley de Protección de Datos
La renovación de la Ley de Protección de Datos también se encuentra en negociación en el Congreso. El nuevo texto debe respetar íntegramente los mínimos impuestos en el Reglamento europeo que entró en vigor en mayo, pero puede ir más allá en algunos aspectos. En este caso varias enmiendas elevadas por el PSOE han elevado las dudas de los expertos por la eliminación de salvaguardas judiciales.
En sus propuestas, el PSOE propone que sean las empresas privadas que sostienen las plataformas digitales quienes decidan sobre la veracidad de los contenidos y que puedan anular el anonimato de sus usuarios; o la obligación de los medios a publicar rectificados de las personas que se mencionan en las publicaciones. En la actualidad, solo un juez puede dirimir sobre la veracidad de una información, la revelación de la identidad de un ciudadano que se comunica bajo un seudónimo o forzar a un medio a publicar una determinada versión de los hechos.
“La propuesta del PSOE en materia de derecho al olvido también es excesiva. Se desvía de la reciente jurisprudencia del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] y es un ataque al derecho a difundir información veraz”, señaló a su vez el abogado especialista en libertades digitales, Carlos Sánchez Almeida, sobre otra enmienda socialista en referencia a este cuestionado derecho.
El anonimato es un objetivo habitual de las políticas restrictivas. Considerado por la ONU como un derecho clave para asegurar la libertad de expresión, el PP ha intentado prohibirlo en las redes sociales varias veces durante esta legislatura. La última el pasado mes de diciembre, argumentando que el anonimato ampara los ataques al honor en estas plataformas.
Filtradores y alertadores
Con la democratización de Internet y las herramientas digitales, las filtraciones de información cambiaron de forma radical. En cuestión de minutos una sola persona que sea testigo de irregularidades y conductas corruptas puede descargar y enviar a un medio de comunicación decenas de miles de documentos más que los que desencadenaron el escándalo Watergate. Sin embargo, esa persona también está mucho más desprotegida: esas mismas herramientas digitales permiten rastrearla e identificarla igualmente rápido.
Las grandes filtraciones de información de la era digital han estado acompañadas de sentencias y persecuciones más duras que nunca. Para corregir esta situación, la mayoría de países desarrollados han impulsado leyes para proteger a los informantes y evitar que queden desamparados ante aquellos a los que denuncian. España aún no lo ha hecho, y ha quedado como el único país entre los 37 que integran la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para sus denunciantes de corrupción, ni mediante una ley propia ni en el articulado de otras normas.
La ley que debe corregir la situación lleva desde comienzos de 2018 empantanada en el Congreso, esperando a que el PP, que preside la comisión que la tramita, permita continuar con el proceso. PSOE, Podemos y Ciudadanos explicaron en junio a eldiario.es que sus posturas ya están próximas pese a las diferencias iniciales, pero que la negociación no puede concluir debido a inacción del PP.
Reforma de la ley mordaza
Los grupos políticos negocian desde 2016 cómo derogar el paquete de normas que el PP aprobó gracias a su anterior mayoría absoluta y que dieron forma a la conocida como ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana). La llegada del PSOE al Gobierno ha supuesto un impulso a las conversaciones. Estas se centran en los artículos de esas leyes recurridos ante el Tribunal Constitucional, grupo que no incluye artículos como el de “falta de respeto” a policías, una de las sanciones que entraron en vigor con la ley mordaza que más se interponen, como denuncian organizaciones como la PDLI.
Por ahora, el Ejecutivo no ha conseguido la mayoría necesaria para derogar los artículos del Código Penal que han provocado las condenas a tuiteros y raperos por enaltecimiento del terrorismo o incitación al odio. Comentarios que difícilmente habrían tenido repercusión de no haber quedado registrados en el archivo de una red social, son motivo de condenas de cárcel por realizarse online.
De momento ha sido la fiscala general del Estado quien se ha posicionado más claramente a favor de virar el rumbo en su discurso de entrada del año judicial, reclamando ponderar “adecuadamente” las penas de prisión en los casos en los que está en juego la libertad de expresión. Las últimas sentencias de la Audiencia Nacional también han reconocido que animar a atentar a una banda terrorista desaparecida no pone en riesgo a nadie. Impulsado por ello, el Gobierno planea reducir los castigos con prisión y cambiarlos por trabajos en beneficio de la comunidad, pero la posibilidad de que se convoquen elecciones antes de que se llegue a un acuerdo puede dar al traste con meses de trabajo para tumbar la ley mordaza.
