La PDLI, FACUA y las radios y televisiones privadas, contra las enmiendas para resucitar la ley Sinde
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), FACUA-Consumidores en Acción, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) han publicado a lo largo del lunes varios comunicados donde rechazan la enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que el pasado miércoles presentó el PP junto a PSOE y Ciudadanos. Esta enmienda pasa por eliminar la figura del juez en el caso de que una web haya violado reiteradamente la ley, dando así todo el poder al Ejecutivo para cerrarla si lo considera necesario.
La PDLI considera que la enmienda es “alarmante” y la califica como “despropósito jurídico”. La plataforma continúa diciendo que “es gravísimo que se puedan retirar contenidos de Internet sin que un juez evalúe si afecta o no a la libertad de expresión”. En algunos supuestos, incluso, no será necesaria la intervención de un juez, como por ejemplo si ya se ha producido una retirada voluntaria de contenidos por parte del administrador de la página.
FACUA también rechaza la nueva norma y considera “que esta medida supone un retroceso en materia de libertad de expresión al dejar en manos de una comisión administrativa la clausura de una página”. La organización de consumidores se suma así a otra organizaciones y expertos que ya han alertado sobre las consecuencias que tendría la adopción de la enmienda.
“Rompe los equilibrios”
Por su parte, la AERC donde están contenidas Cadena SER, Onda Cero, Radio MARCA o Kiss FM, entre otras; y UTECA, que agrupa a los grupos Mediaset, Atresmedia, Net TV (Grupo Vocento), Veo TV (Unidad Editorial), Secuoya, TRECE, Real Madrid TV y DKISS, se muestran inquietos y disconformes, según un comunicado oficial.
Las dos asociaciones creen que así se fortalece la posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios y creen que estas enmiendas son “un intento de reforzar la posición de dominio y perpetuar los abusos de las entidades de gestión”, que “rompe los equilibrios” y “olvida los precedentes tendentes a la equidad y a la proporcionalidad y provoca una nueva desarmonización de la legislación española con la UE”.
La AERC y UTECA continúan en su comunicado que, de esta forma, se pone de manifiesto “la capacidad de influencia de las entidades de gestión y la permeabilidad a ella de los partidos políticos” y que así solo “se pretende devaluar a esta Comisión, limitando su capacidad de acotar tarifas desproporcionadas impidiendo los abusos de las entidades de gestión, ya sancionados por nuestros tribunales y las autoridades de competencia”.
