El creador de SeriesYonkis traslada la responsabilidad a los usuarios de la web

El principal acusado, Alberto G.S., en el juicio a los responsables de la web SeriesYonkis por piratería audiovisual, que se sigue en Murcia, ha descargado este lunes la responsabilidad de los hechos que se investigan en la comunidad de usuarios que utilizaban su web.

En la primera jornada del juicio que se sigue contra él y otros tres acusados en la Ciudad de la Justicia de Murcia por delitos contra la propiedad intelectual, el lorquino Alberto G.S., ha declarado ante la juez que él sólo se ocupaba de los aspectos técnicos y que no colgó nunca enlace alguno hacia películas protegidas por la propiedad intelectual.

Además ha explicado que cuando recibió algún comentario sobre el origen de insertar algunos enlaces procedía a borrarlos y que por aquellos años estaba inmerso en su actividad investigadora en la universidad. Motivo este, según él, por el cual no podía dedicar mucho tiempo a las páginas web y por el que el contenido variaba por minutos debido a la actuación de los usuarios.

El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que uno de los acusados, “a sabiendas de lo ilícito de su proceder” y operando desde terminales informáticos de la Universidad de Murcia, donde fue becario, y en su propio domicilio, operó con webs de las que era administrador. 

El creador de la web estuvo sentado junto a Jordi T. y David M. y A.H., acusados de la posterior compra de la plataforma creada por el murciano. El juzgado penal número 4 de Murcia celebra hasta el jueves las primeras sesiones del juicio en el que los acusados se enfrentan a una petición del fiscal de 2 años de prisión.

Este juicio ha levantado gran expectación mediática al tratarse del primero en España en el que se juzga facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar para acceder a obras protegidas, lo que podrá crear jurisprudencia.

El juicio contra una de las mayores páginas de piratería de cine y de series de televisión que operaba en Internet causó perjuicios de hasta 546 millones de euros, según la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, y de 9,5, según la Federación Antipiratería.