El mes de Julio ha sido el más caluroso desde que existen registros climáticos, confirmando los últimos informes científicos: la crisis ecológica y climática se recrudece y es imprescindible impulsar cambios rápidos y profundos para tratar de evitar, si aún estamos a tiempo, los peores escenarios de una desestabilización global de los sistemas vitales del planeta.
Conscientes de la gravedad de la situación, más de cien organizaciones en España, agrupadas en Alianza Climática, han decidido sumarse a la Huelga Mundial por el Clima del 27 de septiembre para reclamar la Declaración del Estado de Emergencia Climática. Pero, a pesar de que la presión social está creciendo en todas partes, hay que reconocer que, hasta la fecha, los compromisos institucionales, más allá de su interés simbólico, no están ofreciendo respuestas a la altura de los desafíos planteados. Tres referencias al respecto.
En primer lugar, las declaraciones de emergencia deberían interpretarse como el último recurso para adoptar medidas excepcionales con las que hacer frente a una amenaza de catástrofe existencial, un auténtico ecocidio impulsado por la crisis climática y de la biodiversidad. Y, sin embargo, como se insiste desde el mundo científico, las respuestas siguen sin mostrar la contundencia necesaria para hacer frente a la situación.
En segundo lugar, hay que reconocer la relación existente entre el clima, la energía y una economía basada en la acumulación de capital y el consumo ilimitados, ya que los procesos de calentamiento global se relacionan con el desbordamiento de los límites biofísicos de un planeta finito y la correspondiente quema de combustibles fósiles que, además de acercarse a su declive productivo, no pueden ser sustituidos “a la par” por energías renovables. Sin embargo, el relato dominante sigue manteniendo la quimera de que los avances técnico-científicos permitirán compatibilizar los paradigmas del crecimiento ilimitado con los objetivos de “cero emisiones” climáticas y la salvaguardia de la biodiversidad.
En tercer lugar, hay que explicitar las desigualdades, inter-vivos y con las generaciones futuras, sobre la apropiación de márgenes vitales crecientemente desbordados (por ejemplo, la emisión de carbono en la atmósfera) y que tales situaciones no se van a poder resolver igualando “por arriba” la huella ecológica de todas las personas. Por ello la implementación de un marco legal sobre “límites admisibles” y una potente fiscalidad al carbono tienen todo el sentido para luchar contra tal desbordamiento, recaudar fondos imprescindibles y por principios elementales de justicia climática.
España es especialmente sensible al cambio climático. Sus emisiones de gases de efecto invernadero han sido las más altas de la Unión Europea entre 1990 y 2014, tiene una fuerte dependencia de combustibles fósiles mayoritariamente procedentes del exterior, a la vez que sus características geográficas la convierten en uno de los países climáticamente más vulnerables del continente. Por todo ello, la Declaración del Estado de Emergencia Climática constituye una excelente oportunidad para tomar en consideración una serie de cuestiones clave:
Plena descarbonización en el horizonte 2040/50. Ese objetivo requiere una “transición fuerte” que contemple la reducción de la demanda energética (en torno al 50/60%) y la generalización de energías renovables a través de la progresiva electrificación de las redes y la potenciación de los recursos locales (viento, agua, geotermia, biocombustibles, etc.). Lógicamente, la aplicación de tales criterios debería proyectarse prioritariamente sobre los complejos empresariales, instituciones y ciudades con mayor carga energética/climática, lo que permitiría conseguir resultados significativos en poco tiempo.
Adaptación al cambio climático antes de mediados de siglo. La trascendencia de los efectos del cambio climático sobre amplias zonas de la Península requiere culminar urgentemente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para anticiparse al aumento de eventos extremos, a las alteraciones en los sistemas de montaña, los bosques, el agua, el suelo, muy especialmente el litoral o a la creciente desertización y pérdida de biodiversidad y calidad edafológica de partes importante del territorio. El país debería finalizar la elaboración de los programas de territoriales y sectoriales clave en el próximo quinquenio.
Relaciones sostenibles en entornos territoriales integrados. La desconexión con la naturaleza ha transformado las ciudades en auténticos sumideros de energía y todo tipo de recursos, cada vez más aisladas de unos entornos territoriales degradados a meros lugares de extracción, monocultivo y vertido. Ante un futuro en el que la energía será escasa y cara y el cambio climático una realidad inevitable, es necesario recuperar conceptos como biorregión y resiliencia, a partir de los cuales el mundo rural, las ciudades y los entornos naturales/litorales configuren sistemas de convivencia ecosocialmente equilibrados en los que la adaptación al cambio, la proximidad y la circularidad cobren pleno sentido.
Futuro alternativo para los más afectados. Inevitablemente, el binomio crisis/transiciones va a generar profundas transformaciones en diversos sectores y territorios en los que será imprescindible desplegar proyectos de reintegración socioeconómica. Además de las inversiones y empleo relacionados con la transición energética (más de 236.000 millones de euros de inversión y de 300.000 empleos (2021/2030) según estimaciones oficiales) lo cierto es que en torno a conceptos tales como la biomímesis, la adaptación a la biocapacidad, las energías renovables, la agroecología y el cambio de dietas, la optimización de los recursos/servicios ambientales, la preservación de la fertilidad del suelo, la reforestación, las biorregiones y las ecociudades, se abre un nuevo mundo de oportunidades que han de ser formuladas y procesadas con urgencia.
Marco sociopolítico para afrontar las transiciones. Esta cuestión suele constituir la asignatura pendiente de las estrategias que fracasan por no asimilar que las transiciones ecosociales requieren cambios profundos que afectan a nuestras lógicas de vida y necesitan poner en pie nuevos acuerdos sociales. A partir de una sociedad bien informada sobre la situación, se apuntan cuatro temáticas clave a abordar: 1) la organización de redes capaces de articular iniciativas, desde la Presidencia del Gobierno hasta las redes locales descentralizadas; 2) la disposición de competencias suficientes para implementar líneas de acción en entidades de alto impacto energético y climático (por ejemplo, la cadena energía/clima como sector estratégico); 3) la instrumentación de sistemas presupuestarios, fiscales y financieros capaces de movilizar recursos extraordinarios en costes y plazos adecuados; y 4) la generación de procedimientos que garanticen que las transiciones se acometen desde principios de democracia, transparencia, justicia solidaria y bajo la tutela de instituciones públicas garantes del bien común.
Cometeríamos un grave error si minusvaloráramos la dimensión de los cambios que comporta afrontar la emergencia climática o si consideráramos que su instrumentación puede resolverse legislando desde “arriba”. Por el contrario, la experiencia apunta a que tales desafíos solo se podrán abordar en toda su amplitud si mayorías sociales bien informadas llegan a asumirlo como un auténtico Reto/Proyecto de País propio y lo proyectan en un amplio Acuerdo Político, Social y Territorial para avanzar hacia una sociedad más justa y compatible con los límites ecológicos del planeta. Hoy, tal aspiración parece una quimera, pero no debe de subestimarse la energía liberada por el avance de la propia crisis y la vitalidad con la que movimientos como el feminismo, el ecologismo o los derechos humanos (también los de “los otros” y los de las próximas generaciones) están desplegando nuevos referentes y horizontes de un futuro en el que, aunque nos resistamos a reconocerlo, nos estamos jugando la vida tal y como la conocemos.
