Parece que la opinión pública empieza a tener cada vez más claro que el Proyecto Castor es una gran estafa, o lo que es lo mismo, un claro ejemplo de lo que el capitalismo de amiguetes implica para la ciudadanía: si sale bien, ellos se forran, si sale mal, pagamos todas.
Vale la pena hacer un repaso mental (o mejor, anotar en una larga lista) las innumerables metidas de pata que poco a poco se han ido destapando y visibilizando y que en su día seguro fueron aplaudidas y celebradas entre palcos y pasillos. Cada firma en una concesión o autorización, cada cambio de legislación a golpe de BOE, cada llamada telefónica... Son muchos los motivos para considerar la ilegitimidad de la deuda del Castor:
En primer lugar por el comportamiento de los acreedores. Los bancos que financiaron y refinanciaron el proyecto se dejaron por el camino un análisis pertinente y completo de los riesgos que éste podía comportar. La excusa de confiar en el Gobierno, o en la administración de turno, y en sus procedimientos puede dejarte colgado, aunque seas el mismísimo Banco Europeo de Inversiones. Eso sí, cobrar, siguen cobrando.
En segundo lugar las disposiciones contractuales. La famosa cláusula 14 de la concesión que permitía una compensación aun si mediaba dolo o negligencia, y el hecho de no buscar las opciones legales existentes para no indemnizar a la empresa. Se nos dice que esta cláusula no era normal, pero en demasiadas concesiones hay clausulas similares en este tipo de mega infraestructuras.
En tercer lugar las circunstancias en las que se efectuó el contrato o concesión. A día de hoy se han hecho evidentes las dudas sobre si hubo un concurso con todas las garantías para licitar la construcción. La capacidad de persuasión e influencia que tiene una empresa como ACS, liderada por Florentino Pérez, no debe pasar por alto. Es la constructora que más licitaciones públicas se lleva en el Estado, y esto nos debe mover a demandar más información y transparencia sobre cómo se llevan a cabo estas concesiones y contratos. Incluso parece que se forzaron cambios legislativos a favor de la empresa en distintas ocasiones (cambio de límites marítimos o ampliación de los años durante los cuales la empresa tenía derecho a renunciar a la concesión, entre otros).
También se hizo la vista gorda en una Declaración de Impacto Ambiental que no “debía” –no estaba obligada– a incluir el estudio sobre el riesgo sísmico, pero es evidente que “debería” haberlo hecho (ante las evidencias de estudios y avisos anteriores). El principio de precaución debería haber regido cualquier decisión al respecto, pero parece que los principios a los que se respondió fueron de otra índole.
Y por último, el destino de los fondos. La deuda del proyecto Castor no ha servido para absolutamente nada. Se trata de un proyecto de almacenamiento de gas innecesario y tremendamente caro por sus sobrecostes, como ya declaró la Comisión Nacional de la Energía en 2012. Se planificó hace más de 10 años, pero faltó valentía política para desplanificarlo cuando los “expertos” del sistema gasista hicieron saltar la alarma. Faltó valentía (o sobró amiguismo) para no indemnizarlo, o para al menos esperar a hacerlo, cuando estaba claro por qué habían saltado los sismógrafos. Y falta valentía ahora cuando es obvio que el Castor solo ha sido beneficioso para quienes lo han construido (y quienes lo han financiado). Son 0 los responsables hasta la fecha, mientras la ciudadanía paga en sus facturas de gas una cuenta que no para de subir.
En la investigación abierta en el Juzgado nº4 de Vinarós, son ya cuatro los jueces que han pasado por una causa que acumula ya más de 13.000 folios. La instrucción ha sido calificada de “causa compleja” lo que la dilatará, como mínimo, hasta junio de 2017 (18 meses a contar desde el 6 de diciembre de 2015). Y el plazo podría prorrogarse 18 meses más, hasta finales de 2018. Tratándose de un caso tan complejo, y al que se le suma la carga simbólica de estar juzgando a la 1ª concesionaria mundial en construcciones, parece claro que el continuo cambio de jueces a cargo de este caso no ayuda a hacerlo avanzar.
Sorprende la rapidez y agilización de procesos ante la concesión, ante el análisis de impacto ambiental o ante la indemnización, frente a la más que desesperante lentitud ante la decisión de cierre definitivo, o ante la investigación judicial. Sorprende también la falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno y la Administración, que con su inacción favorecen la impunidad.
Pero es esta misma impunidad la que nos mueve a no dejar que el caso Castor caiga en el olvido. Con un 17% de pobreza energética en el Estado, no son las personas las que deben cargar con esta deuda. Por ello, desde la sociedad civil organizada se ha lanzado un proceso con los objetivos de incidencia política, mediática y eventualmente legal, para revertir los altos costes que se están imputando a la sociedad por el proyecto Castor, y por la implementación de mecanismos legales y políticos que impidan estas prácticas. Este proceso se inaugura con un Juicio Popular que tendrá lugar en Barcelona el 17 de junio, para el cual se ha abierto un periodo de adhesiones, señalando a la empresa ACS y a Florentino Pérez, a los sucesivos gobiernos implicados y sus ministros, y al Banco Europeo de Inversiones.
Es urgente continuar trabajando para el desmantelamiento de las instalaciones del Proyecto Castor, entre otras reivindicaciones de las poblaciones locales. Asimismo lo es el hecho de poder revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que asciende a más de 3.400 millones de euros y que recae sobre la ciudadanía.
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http://www.odg.cat/es/blog/manifiesto-acusacion-juicio-popular-castor
