Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de La Fábrica de la Tele, han solicitado el sobreseimiento para ellos dentro de la denominada Operación Luna, la presunta trama de espionaje ilegal a más de un centenar de famosos que afecta a Sálvame y que se conoce también como Operación Deluxe.
Los responsables de la productora, investigados en el caso, han pedido el archivo del procedimiento sobre ambos, argumentando que están alejados del tema procesal del que se discute porque los hechos que se investigan se dan solo en Sálvame y no en otros de los muchos programas que producen. Así consta en el texto que el abogado de la productora, Ludovico Moreno Martín, ha remitido al Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, que lleva el caso, y al que ha tenido acceso verTele.
Recordamos que la causa investiga las supuestas filtraciones de un policía, Ángel Jesús Fernández Hita, así como la colaboración de otros dos, a Gustavo González. Este fue ya imputado en 2018 por conseguir información privilegiada sobre multitud de celebridades, al comienzo de la operación. Se planteaba que el paparazzi pedía información a Hita, quien ya reconoció que filtró datos aduciendo su “amistad” con aquel, pero negó haber recibido ningún tipo de retribución. La policía investigó las nóminas de González, contratado por la productora entre 2017 y 2018, para tratar de acreditar un posible pago a Hita, pero no se encontró prueba alguna y se descartó el cohecho.
Ven “voluntad de convertir” el proceso “en algo muy distinto de lo que es”
Ahora, el abogado de los productores cuestiona que desde una de las múltiples acusaciones particulares ha habido “voluntad de convertir el procedimiento en algo muy distinto de lo que en realidad es”. De hecho, añade que han sido varias las que habrían “seguido la misma estrategia de querer convertir la causa en un proceso sumario frente a un concreto espacio televisivo, una productora y una cadena de televisión, en lugar de conducirse procesalmente como corresponde a unas diligencias penales seguidas por la eventual comisión por un funcionario público de un delito de revelación de secretos”.
El letrado lamenta que el procedimiento “se estaba instruyendo con verdadera discreción” hasta que “empezó a ser del dominio público y pasto de publicaciones sensacionalistas verdaderamente lesivas para todos lo que de un modo u otro se encuentran concernidos por el desarrollo de las actuaciones”, refiriéndose a su difusión en medios de comunicación.
Por ello, considera que ante el “foco público” sobre el procedimiento, la llamada a declarar como investigados de Madrid y Cornejo, en calidad de representantes de La Fábrica de la Tele, “no tenían otro propósito que el de alimentar a los medios de comunicación más exaltados con la intervención en la causa, en una u otra condición, de personajes extraordinariamente populares y cuya sola presencia en el juzgado ya propicia informaciones sensacionalistas”.
Reiteran que 'Sálvame' no requería de su supervisión
“Llegados ya a este punto ningún sentido tiene mantener la imputación cuando es diáfano que en ninguna responsabilidad han incurrido”, recalca el abogado, que insiste en que Sálvame “no era ni de lejos en el que más dedicación podían poner mis representados en las fechas a las que se contrae el procedimiento”. “Aunque suene prosaico”, reitera, “tenían otras muchas cosas que hacer y el programa no exigía ni mucho menos su constante presencia y directa participación”.
El abogado subraya que Sálvame cuenta con un equipo de más de 60 personas, con “unas funciones definidas y unos cometidos concretos” que tras 14 años en antena “ejecutan sin necesidad de una especial supervisión”, para argumentar la inexistencia de una imputación fáctica dentro del procedimiento.
El delito de cohecho, ya descartado, “una mera invención”
Por otro lado, y además de desvincularse de los posibles delitos que se investigan, también rechazan la idea del cohecho que, como explicábamos, se valoró en un inicio. “Más allá de unos informes policiales que sobre este particular resultan absolutamente infundados, el delito de cohecho en una mera invención y que se ha incorporado a la investigación judicial de un modo forzado y sin ninguna base objetiva”.
De hecho, se refiere a los aumentos sustanciales de la cantidad percibida por el tertuliano, que señalaron las investigaciones, a su propia condición de personaje social, por las entrevistas e intervenciones sobre su relación con María Lapiedra. “Bastaba, además, acudir a las publicaciones de la época”, afea el abogado, que en las conclusiones reitera que “desde luego, no ha salido ni un céntimo de las cuentas” de La Fábrica de la Tele “que haya ido destinado a pagar a ningún funcionario público”.
Recalcan que la relación de González e Hita es previa a 'Sálvame'
Sobre González y su vínculo con Hita recuerdan que “como se desprende incuestionablemente de las actuaciones, disponía ya de esa misma fuente de información mucho antes de mantener relación con La Fábrica de la Tele”, y añaden que no era su única fuente ni vía para contrastar informaciones. En cualquier caso, se manifiesta que la procedencia de las informaciones que los periodistas tengan “pertenece al secreto profesional” y “no es un ámbito en el que una productora o un medio de comunicación puedan realizar indagaciones”.
Tras señalar que solo se cita a Sálvame de entre “los muchos programas televisivos que La Fábrica de la Tele ha producido coetáneamente”, manifiestan que “los Sres. Cornejo y Madrid no han tenido nunca la más mínima relación con el Sr. Fernández Hita, del que todo lo ignoran, y nada hay en las actuaciones que sugiera que la entidad de la que son consejeros delegados haya podido realizar alguna petición, pago u ofrecimiento al funcionario policial investigado”.
El proceso, abocado a una nueva prórroga
Recordemos que la investigación por una presunta revelación de secretos parece abocada a prorrogarse una vez más, lo que la llevaría hasta finales de 2023. La instrucción ya se había sometido a una prórroga de seis meses, a petición del juez Marcelino Sexmero, encargado del caso, que finaliza de forma oficial el próximo 21 de junio. Sin embargo, se prevé que se dilate otros seis meses más, como ya informamos.
A ello habría afectado la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia, que sigue adelante pese al adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez para el 23 de julio. Pero también el creciente número de celebridades afectadas que quieren personarse como acusación particular. Uno de los últimos en sumarse ha sido Kiko Rivera. El DJ, uno de los protagonistas de crónica social que ha desaparecido de los contenidos de la nueva Mediaset, seguirá así los pasos de su madre, Isabel Pantoja, que forma parte de la lista de cerca de 180 personas afectadas por la supuesta trama.