Anticorrupción acusa a Imanol Arias y Ana Duato de defraudar 2,9 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción acusa al actores Imanol Arias y Ana Duato de defraudar un total de 2,98 millones de euros procedentes principalmente de su participación en la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó'. En concreto, Arias habría ocultado al fisco 2,18 millones entre 2010 y 2014, y Duato no habría tributado 794.389 euros entre 2010 y 2012.
Así figura en la querella que el Ministerio Público ha presentado contra doce empresas y 34 personas, entre las que se encuentran la hermana del protagonista de la serie Ana Isabel Arias y el marido de la intérprete, el productor Miguel Ángel Bernadeu.
Anticorrupción precisa que el bufete de abogados que empleaban, Nummaria, está constituido por un “enjambre” de entidades que comparten profesionales, empleados, clientes, responsables, sedes y se facturan entre sí sin un motivo económico conocido, “con el fin de generar una opacidad tal que les permita eludir el pago de los impuestos debidos”.
Ana Duato asegura que la deuda de 794.000 euros con Hacienda fue liquidada antes de las actuaciones contra Nummaria
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga las sociedades opacas creadas con ayuda del despacho de abogados Nummaria para defraudar a Hacienda, según informaron fuentes de la investigación.
La actriz Ana Duato ha negado este viernes 6 de mayo la existencia de una deuda de 794.000 euros con Hacienda, ya que habría sido liquidada con anterioridad a las actuaciones que se siguen contra el despacho de abogados Nummaria.
“En el caso concreto de ciertas cantidades que, según filtraciones a la prensa, Hacienda dice reclamar a Ana Duato, referidas a los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, se da la circunstancia de que habían sido liquidadas con anterioridad a la operación policial y judicial de Nummaria, por lo que no existe tal deuda”, ha defendido la actriz de la serie 'Cuéntame cómo pasó'.
En un comunicado, Ana Duato y su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, han explicado que, en el marco de las actuaciones que se siguen contra el despacho Nummaria, han sido citados para la próxima semana ante el juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para serles notificada la querella, en tanto que clientes del citado despacho.
En este sentido, ambos han manifestado su “deseo de colaborar plenamente con la justicia en el esclarecimiento de supuestas irregularidades” atribuidas al despacho Nummaria, de las que “nunca”. fueron conocedores.
Asimismo, Duato y Bernardeau han reiterado que han sido “clientes de buena fe” y que su relación con Nummaria “siempre estuvo expresamente sometida al mandato de cumplimiento de la legalidad”. Por este motivo, argumentan que “cualquier acto ilícito que pudiera derivarse de la actuación de Nummaria es totalmente ajeno a ellos”.
Por último, han insistido en que “no han tenido ni tienen cuentas en el extranjero”, así como han agregado que “no han evadido jamás dinero a paraísos fiscales y que liquidan íntegramente los impuestos en España”.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ana Duato de no haber tributado un total de 794.389 euros entre 2010 y 2012, procedentes principalmente de su participación en la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó'. Así figura en la querella que el Ministerio Público ha presentado contra doce empresas y 34 personas, entre las que se encuentran también el marido de la intérprete.
En relación con la actriz, el fiscal sostiene que con la estructura Gaumukh AEIE ocultó a Hacienda parte de las rentas obtenidas en su mayoría de su actuación en la serie protagonizada por Los Alcántara. En concreto, defraudó en concepto de IRPF 141.440 euros, 311.370 euros y 341.578 euros en 2010, 2011 y 2012. La querella destaca la participación de su marido Miguel Ángel Bernardeau, quien ostenta el cargo de socio (40%) y es administrador de la productora de televisión que produce la serie, Ganga Producciones.
El fiscal no incluye esta compañía en la operativa, pero sí cree que el matrimonio utilizó Ganga Proyectos S.L. y Bernardeau manifestó ante notario ser el dueño de Gaumuk AEIE, empresa en la que confluyó Nevington Limited, cuyo administrador era el costarricense Bernal Zamora y estaba participada por Dudley International y Hillside Finance.
La Fiscalía considera que el despacho de abogados Nummaria creaba estructuras societarias “casi idénticas” para una parte “muy importante” de sus clientes con el fin de no tributar por el Impuesto de Sociedades y el IRPF, ocultando beneficios y valiéndose de más de 40 Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE's), participadas en un alto porcentaje por sociedades residentes en Reino Unido, participadas a su vez por entidades de Costa Rica y con testaferros del país centroamericano o Mauricio.
A nivel nacional, el bufete utilizaba de forma “masiva” sociedades, comunidades de bienes, UTEs y todo tipo de entes instrumentales. En muchas ocasiones, el punto de conexión entre el plano nacional e internacional estaba en la utilización de una Agrupación Europea de Interés Económico, con domicilio en España participada por una firma inglesa.
Las entidades que conforman el grupo Nummaria emiten “facturas de manera cruzada”, residenciando los ingresos en aquella que estiman más oportunas. Llama la atención el caso de la Fundación Nummaria, supuestamente dedicada a la promoción del estudio de las ciencias humanísticas pero que no tenía empleados y de la que no consta en internet la realización de actos. Sin embargo, en 2014 registró unos pagos de 170.000 euros, siendo sus principales “proveedores” el Real Madrid (77.400) y la Sala Retiro (70.299).
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga delitos fiscales, blanqueo de capitales e insolvencia punible en el caso, en el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se cite a declarar en calidad de investigados a Imanol Arias y Ana Duato. El magistrado todavía no ha acordado sus interrogatorios, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Varios clientes denunciaron la ilicitud del sistema ante el Ministerio Público, que ha solicitado declarar compleja la causa debido a la necesidad de articular mecanismos de cooperación judicial con Suiza, Reino Unido, Portugal, Costa Rica y Mauricio y la posible aparición de nuevos indicios sobre el fraude económico.
