Jueces que eligen bando

“El sentido de la Justicia es una virtud innata que no tiene nada que ver con la técnica del Derecho”

Piero Calamandrei

La mayor víctima en la última refriega por desbancar al Gobierno, a través de uno de sus miembros, ha sido la razón. Es preciso crear un vórtice de sinrazón, de hechos alterados, de conclusiones ilógicas, para conseguir el objetivo buscado, que no es otro que perder al ciudadano en una red de confusión para alzar como verdad incuestionable lo que de ningún modo lo es. Resulta enormemente preocupante y peligroso que los jueces conservadores, a través de tres de sus asociaciones, hayan elegido bando con tanta prontitud y con tan poco rigor. Nunca en la historia se había visto esta alineación tan clara con los movimientos que buscan hacer caer a un gobierno concreto. Entiendan que si un juez tiene prohibido recriminar al Ejecutivo, hay que inferir que también está vedado hacerlo de forma grupal a través de unas asociaciones que no pueden siquiera ser sindicatos y mucho menos actores políticos declarados. Cosa distinta es darle caña al juez del ramo para conseguir mejoras y reivindicaciones.

Los representantes de estos jueces han asumido un relato concreto, que es el que mantienen los partidos políticos de la oposición, sin realizar ninguna de las tareas a las que su vocación les aboca, como son la constatación de los hechos, su contraste y su debida ponderación. En este caso les ha valido la idea lanzada por la derecha de que el ministro de Interior pidió el contenido de un informe destinado a un juez y que cesó a un coronel por no darlo. Ninguno de estos datos es pacífico ni ha sido corroborado, existen varias versiones, pero les resultan suficientes para pedir no sólo la dimisión sino hasta el cese de su ex compañero Marlaska, llegando algunos a afirmar que tampoco estaría facultado para volver a ser juez después de esto. Condena sin pruebas y tribunales de honor. Todo en orden.

Lo hacen, según dicen, por mor de defender un sacrosanto principio, el de la independencia judicial, sobre el que establecen una cruzada que todo lo cubre. Temblores da ver qué concepto tan curioso de la cacareada independencia y de la separación de poderes tienen estos magistrados. Obvian, o confunden, que la independencia judicial no supone una autonomía estanca del Poder Judicial sino un ejercicio individual de sus funciones exclusivamente fundado en el Derecho y ajeno a cualquier injerencia política. La independencia judicial es, para que se entienda, una característica íntima y personal de cada juzgador, en el que reside en su totalidad un Poder Judicial que no es colegiado ni gregario sino propio de cada magistrado. Algo muy diferente a pretender, como parecen indicar sus palabras, que el Poder Judicial sea autónomo absolutamente y controle todo lo demás. Es por ese motivo por el que la labor de tutela de la independencia judicial que realiza el CGPJ mediante el amparo, sólo se ejercita mediante la petición concreta de un juez que manifieste haberse sentido perturbado o atacado en la misma. ¿Me pueden decir en qué se ha perturbado en concreto la independencia de la juez Medel en este asunto? Pues si la de ella no lo ha sido, y no veo que haya solicitado amparo ninguno, no veo que en comandita pueda reclamarse un ataque y salir en bloque a la guerra.

En términos prácticos, resulta ilógico que se comporten como si de facto existiera una verdadera Policía Judicial, ajena a la jerarquía de sus cuerpos, cuando llevan décadas reclamando precisamente conseguirlo sin resultado. Ahora se inquietan y claman porque dicen que un ministro preguntó por el contenido de un informe (dato no adverado) y niegan hasta que fuera lícito preguntar por su desarrollo y estado. ¡Eso es infame! ¡Denme esa cabeza! Parecen ignorar que existe una orden de mandato general interno, dictada en 2012 por el DAO de la época Rajoy y que sigue en vigor, que ordena remitir todos los viernes un resumen de las operaciones judiciales previstas con su concepto, fecha, número de detenidos, registros y “posibles implicaciones de cargos públicos y de registros en sedes oficiales”. Así que el papelito no demuestra nada que no sea que De los Cobos incumplió esta norma y según dicen hasta engañó a su superiores. Supongo que las asociaciones judiciales conservadoras aprovecharán esta información para emitir ahora todas las notas de pataleta atinentes a las independencias judiciales violadas en ocho años y las peticiones de dimisión de todos los ministros y directores generales que han sido y fueron.

Con toda esta preocupación, tanto las directivas de las asociaciones judiciales como la propia juez Rodríguez-Medel parecen haber olvidado que sí se han producido objetivamente dos revelaciones de secretos oficiales -una del contenido del tendencioso informe y otro de un oficio calificado como reservado de la dirección general- que no parecen preocupar a nadie. El propio coronel afirma no conocer el contenido del informe pero en sus enconadas protestas se da por supuesto que ha sido cesado por negarse a darlo a revelarlo. Ilógico. Se ha llegado a hablar de “delitos” cuando saben perfectamente que el cese de un cargo de confianza no precisa de ninguna argumentación, de ninguna, más allá de la “pérdida de confianza” que no debe ser explicada ni adverada ni controlada sino sólo declarada. También saben que el funcionario al cargo que no puede ser legalmente cesado es el capitán que comanda el equipo y no un mando genérico en la cúspide.

Las cúpulas de las asociaciones están en guerra, y han elegido claramente bando, pero se predicarán puros y castos porque la pureza y la técnica sólo anidan en una ideología, eso no lo olviden. Es esa pureza la que les impide asombrarse por las extrañas maniobras de su colega o preguntarse con espíritu crítico sobre algunas cosas. Yo sí lo hago. ¿Por qué hay una juez que tiene tantísimo interés en instruir algo no urgente, cuando un decreto de alarma ha suspendido los plazos, y en hacerlo además sin que el Gobierno sepa si avanza o no? ¿Por qué no pide la documentación y la analiza e interpreta ella? ¿Por qué se lo encomienda a la Guardia Civil, siendo competente la Policía, y les prohíbe expresamente decir nada no sólo sobre el contenido sino también sobre los tempos cuando el procedimiento no es secreto sino reservado como todos? ¿Por qué este misterio si lo que analiza son hechos palmariamente conocidos? ¿No será ella la que está jugando con el embate sorpresa al Ejecutivo? ¿Por qué, si ella misma afirma que no es nada urgente, da bríos a la instrucción durante el periodo en el que el Ministerio Fiscal y la propia defensa del imputado, la Abogacía, están neutralizados por el parón procesal? ¿Por qué si considera que hay indicios de delito deja en manos del ciudadano denunciante lo que suceda con el resto de delegados del Gobierno, aun con el riesgo de que esos supuestos delitos de los que ella ha tenido noticia queden impunes por inacción? ¿Por qué si ella misma envía al ciudadano denunciante al Supremo, con parte de su denuncia que atañe a aforado, no deja que ésta arrastre a Franco como marcan las normas o bien por qué no investiga ella lo más imprescindible y luego envía una exposición razonada?

De preguntarse es mejor preguntarse por todo porque si no parece que lo que se busca es un relato con el que cobrarse al cuello de su poco amado colega Marlaska y de paso desestabilizar a un gobierno en cuyo pacto de coalición figura la modernización del sistema de acceso a la carrera judicial que hace peligrar su sacrosanta oposición.

Al recibo de la presente, no se preocupen, yo también formaré parte de la conjura para desprestigiar a los jueces. Lástima que algunos no precisan de conspiraciones porque lo consiguen solos. Otros callan escandalizados.

Esto no va de independencia judicial ni de injerencias sino de hacer palanca con los que quieren tumbar al Gobierno.

Dicho lo cual, Marlaska no ha podido montárselo ni reaccionar peor. No seré yo quien le lave esa colada.