¿A quién llamarías nazi ahora, Miguel Ángel?

El doctor Luis Montes fue un hombre bueno, en el mejor sentido de la palabra. Luchó como médico para hacer más llevadero el tránsito a la muerte de personas en estado terminal en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Eso le costó la campaña más miserable y despiadada del PP de Madrid desde que gobierna. Y es mucho decir. Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y sus palanganeros mediáticos se ocuparon de destrozar su vida. Le llevaron a los tribunales y perdieron, pero el daño ya estaba hecho. Como dijo el propio Luis Montes, consiguieron que la gente muera peor que antes.

No cejó en su empeño el buen doctor que, como presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente desde 2009, siguió luchando para que los enfermos terminales pudieran tener una muerte plácida, sin dolor y lo más humana posible. La justicia le absolvió hace años, la historia también. Qué pena que no pueda haber vivido para presenciar con la cabeza alta la miseria de quien utilizó su bonhomía por motivos políticos para destruirle.

La campaña orquestada contra el doctor Montes acusándole de decidir quién vivía y quién moría se demostró falsa. Ahora, en 2020, hay que dirimir si quien tomaba esa decisión era el Gobierno de la Comunidad de Madrid al enviar instrucciones a hospitales y residencias para que no se derivara a los ancianos con COVID-19.

No parece que seamos conscientes aún de la gravedad de la decisión que tomó la Comunidad de Madrid. Una orden política que consistía en decidir quién tenía oportunidades de salvarse y quién quedaba desahuciado sin tener asistencia hospitalaria. A mediados de marzo dejé escrito el drama al que se vería sometido el personal clínico al tener que realizar triajes extremos para decidir quién tenía oportunidad de salvarse en detrimento de otras con menos posiblidades. Un dilema profesional que no ha sido exclusivo de España. El político italiano Mario Sberna, que estuvo ingresado grave por COVID-19, dijo: “Me he salvado gracias a la bombona de oxígeno que le quitaron a un hombre de Mantova de 84 años para dármela a mí.” Pero la orden de la Comunidad de Madrid no estaba sujeta a motivaciones clínicas, era un expurgo motivado por la incapacidad asistencial que la privatización sistémica de décadas de Gobierno popular había propiciado en el ámbito geriátrico y que le explotó en la cara con esta crisis sanitaria.

Uno de los mandados que intentó despedazar el buen nombre del doctor Luis Montes fue Miguel Ángel Rodríguez, que en un programa de TVE le llamó nazi repetidas veces de forma despreciable, asegurando que lo era por decidir quién vivía y quién moría. Una afirmación por la que el consejero áulico de Isabel Díaz Ayuso fue condenado a pagar al doctor 30.000 euros. Si el asesor repetidamente condenado atendiera a las preguntas de los periodistas, se me ocurriría una para MAR: ¿a quién llamarías nazi ahora, Miguel Ángel?

Madrid no es Berlín cuando se implementó al Aktion T4. La consejería de sanidad no está ubicada en Tiergartenstraße 4 y Enrique Ruiz Escudero no es Viktor Brack. Ustedes no son nazis y no hace falta serlo para que el escándalo de las residencias en Madrid sea uno de los más terribles de su historia política. Como dijo Alberto Reyero, consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que le despojaron de las competencias en las residencias en plena crisis, la decisión de no dar traslado a los ancianos a los hospitales fue “inmoral” y veremos si “ilegal”. Y no hace falta ser un nazi para poder acabar en prisión. Que de eso en el PP sí que tienen experiencia.