El callejero franquista de Santander llega a los tribunales: “La legislatura ha terminado sin que se haya resuelto ese doloroso apartado”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria Desmemoriados, tal y como había anunciado, ha registrado este miércoles su denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y el concejal de Cultura, Javier Ceruti (Cs), por no haber retirado los nombres franquistas del callejero de la capital cántabra ante las reiteradas peticiones y en cumplimiento de la normativa en materia de memoria histórica.

Así, este colectivo ha decidido recurrir a la Justicia y elevar a los tribunales lo que no se ha hecho por la vía de la política: “La legislatura municipal ha terminado sin que ese doloroso apartado se haya resuelto definitivamente”, han lamentado en el comunicado remitido tras presentar la denuncia. De esta forma, según han señalado, los responsable municipales se enfrentan a un posible delito de desobediencia descrito y penado en el artículo 410.1 del Código Penal.

Y es que Desmemoriados ha advertido en numerosas ocasiones que la nomenclatura de las calles de la ciudad vulnera las distintas disposiciones legales sobre memoria democrática, tanto las leyes estatales de 2007 y 2022 como la autonómica de 2021, con nombres de militares golpistas como General Dávila o Camilo Alonso Vega. “Los distintos intentos de justificación de esa vulneración no pasan de ser, en el mejor de los casos, infantiles”, han criticado.

Previamente a este paso, el colectivo, tal y como ha recordado, “se ha dirigido oficialmente al Ayuntamiento el pasado mes de noviembre y a los distintos grupos municipales, que podrían haber formado una mayoría alternativa a la de la Junta de Gobierno, entre el mes de noviembre y el de marzo pasados”.

Sin embargo, llegada esta situación, Desmemoriados ha recurrido a la Justicia mediante la mencionada denuncia que contiene, además, nueve documentos oficiales de actas de plenos municipales y de la comisión de Cultura, así como otra documentación propia que supera las doscientas páginas. Asimismo, ha adjuntado un audio de la Cadena SER en el que, según detalla, la alcaldesa afirma sobre el cambio de nombres franquistas que “literalmente no es una prioridad y que se compromete a cumplir la ley poco a poco”.

17 vías y símbolos de la dictadura

La asociación ha cifrado en 17 las vías que en la capital cántabra cuentan con nombres franquistas y ha señalado que además aún perviven símbolos de la dictadura y el Reglamento de Honores. Respecto a las calles, ponen el foco principalmente en dos “muy significativas” mencionadas anteriormente: General Dávila y Camilo Alonso Vega.

Según ha explicado en declaraciones a la prensa el representante de Desmemoriados, Roberto Ruisánchez, la primera tenía nombre anterior, el paseo del Alta, con lo que recuperarlo sería “un rescate histórico”. Según Ruisánchez, “el general Dávila y la memoria democrática de España tienen una correlación muy negativa”. Es un poco vergonzoso que esta ciudad siga manteniendo ese nombre en una de sus vías principales“, ha lamentado.

“Le han preguntado a la alcaldesa y ha dicho que no se puede volver locos a los vecinos; yo, si fuera vecino de esa calle, estaría loco de que se siga llamando así”, ha subrayado el integrante de este colectivo, para quien “hay nombres que 80 años después no dejan de ser sonrojantes”.

La otra calle, Alonso Vega, no tiene nombre histórico porque se abrió en época de la dictadura. Su denominación “tiene muy poco que ver con nuestra ciudad y su correlación con la memoria democrática española es absolutamente negativa”, ha señalado Ruisánchez.

En cuanto a los símbolos franquistas, “oficiales quedan pocos porque se retiraron los más evidentes” en aplicación de la Ley de 2007. Los que persisten son rótulos de yugos y flechas de la Falange en casas de protección.

Igualmente existen todavía lápidas en iglesias, algunas de ellas en la vía pública, lo que para Ruisánchez “no deja de ser un recordatorio de una parte de las víctimas de la Guerra Civil, no de todas”; y un Reglamento de Honores que la ciudad ha concedido en el pasado a “personas que tienen muy poco que ver con la memoria democrática”.

El representante del colectivo ha recordado que en 1996 el Ayuntamiento cambió 160 nombres de calles “de una atacada” y “no hubo ningún cataclismo”. “Ahora parece que el tema está reducido a entre 16 o 17, y la alcaldesa ha declarado que es partidaria de cumplir la ley poco a poco”. “No sé qué quiere decir eso cuando llevamos más de 15 años incumpliendo la ley”, se ha cuestionado Ruisánchez. “Ellos parece que no quieren cumplir la ley y nosotros queremos que la ley se cumpla, eso es todo”, ha sentenciado.