El frente vecinal en Santander contra la apertura de un salón de juego rodeado de centros educativos: “Es una bomba para los jóvenes”

“¿Vamos a dar una charla en los institutos sobre los peligros del juego para que luego cuando vayan a casa se encuentren delante de sus narices un establecimiento de estas características abierto con total normalidad? La mayor prevención es evitar que eso ocurra”. Esa es la premisa del frente vecinal que se ha conformado en dos barrios fronterizos de Santander contra la apertura de un salón de juego rodeado por hasta seis centros educativos, tres colegios y tres institutos.

Diferentes asociaciones vecinales, entre ellas de padres y madres de estudiantes, reclamaron por escrito a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que se amplíen las distancias entre salones de juego y que no se abra el que está previsto en el barrio de Peñacastillo, muy próximo al de Nueva Montaña. En la actualidad, dicha distancia es de 500 metros, aunque la Ley de Regulación del Juego de Cantabria, aprobada hace más de dos años, permite modificarla a partir de 25 locales, y en la capital cántabra hay 27.

Los colectivos vecinales entienden que al haberse rebasado ya el número de locales exigido para hacer cambios legales tendría que haberse revisado y modificado la distancia establecida y, en consecuencia, “no estaríamos ahora reclamando que este local no se abra en la calle Hermanos Calderón, en una ubicación que no parece casual”, en palabras de Chema Torre, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) de Cantabria y que actúa como portavoz de las agrupaciones implicadas.

Y es que se trata de una zona en la que viven más de 20.000 personas de familias obreras. “Son 4.000 alumnos, muchos de los cuales tienen que pasar a diario para ir a clase por el puente junto al que se pretende abrir el salón de juego”, explica Torre en conversación con elDiario.es. Además, hay una escuela infantil, un centro de salud y numerosos parques y centros comerciales, a lo que hay que sumar el campo de fútbol al que a diario acuden a entrenar muchos jóvenes. “Van y vienen andando en grupo”, señala Torre. “La presencia de este local sería una bomba de relojería para los jóvenes”, sentencia, teniendo en cuenta, además, “el ambiente futbolístico” que puede incitar a las apuestas deportivas.

Ante esta situación, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander se han puesto de perfil. La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), y la regidora santanderina, Gema Igual (PP), se reunieron a raíz de la carta enviada por los vecinos y concluyeron que “no eran necesarias medidas extraordinarias”. “Santander cumple con la Ley de Juego, tanto por el número de establecimientos como por la distancia entre ellos y con los establecimientos educativos que marca la ley, y quien diga lo contrario miente”, manifestó la consejera.

Y es que, según argumentó, en la ciudad mantienen su actividad un total de 25 de los 27 establecimientos de juego, dado que dos de ellos tienen autorización, pero está suspendida su actividad por petición de sus dueños, por lo que se mantienen cerrados al público. “Dada esta situación no es necesaria activar la medida extraordinaria de distancias en Santander y nunca desde el Gobierno nos lo hemos planteado”, subrayó Urrutia.

La alcaldesa, por su parte, siguió esa misma línea y calificó esta semana de “estéril e interesada la polémica” en torno a este asunto, la cual atribuyó a “algunas formaciones políticas”, pese a que las quejas provienen de los vecinos. En concreto, de las asociaciones vecinales y las AMPAS de la zona donde se prevé abrir el nuevo local, con el respaldo de FAPA Cantabria, la CONCAPA, el Frente de Estudiantes y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Santander (FECAV).

Posteriormente, la Comisión de Juego de Cantabria, formada por miembros del Gobierno autonómico, empresarios y sindicatos del sector, se reunió y dio luz verde al local santanderino envuelto en polémica y reclamó “responsabilidad para no generar ”alarma social“ en un tema que reconocen ”especialmente sensible“.

“Cantabria Sociedad Anónima”

La respuesta institucional no ha gustado a estos colectivos y ya han anunciado que llevarán a cabo, si es necesario, acciones de protesta. “Parece que somos Santander Sociedad Anónima o Cantabria Sociedad Anónima en lugar de una ciudad o una comunidad autónoma”, lamenta el presidente de FAPA, quien asegura que los dirigentes políticos “parece que no están preocupándose por lo que deberían preocuparse, que es por la ciudadanía y no por una empresa”. “No digo que tengan que ir en contra de las empresas, pero hay que acordarse de la ciudadanía”, explica, recordando que son entidades que “se lucran con el perjuicio de la gente”.

“Su beneficio no se traduce en que pasemos un día tú y yo por ahí, nos tomemos una caña y hagamos una apuesta, sino en los que se enganchan, y eso va en contra, evidentemente, de la salud de la familia y de los menores”, sostiene Torre, quien quiere dejar claro que en ningún momento han dicho que no se esté cumpliendo la ley, sino que esa normativa “ofrece la posibilidad de fortalecer la protección a los menores y a la sociedad, y no se está haciendo”.

Además, el presidente de FAPA considera que “no es serio” el argumento que ha dado la consejera de Presidencia sobre los dos locales que están cerrados. “Esas dos empresas son soberanas, tienen licencia, y son las que van a decidir si abren o cierran; no me parece un argumento serio que diga que seguramente cierren; es surrealista”, manifiesta.

Asimismo, Torre también ha criticado la medida anunciada por el Gobierno autonómico para poner en marcha un mapa de distancias y ratios para “comprobar futuros incumplimientos”. “Ya lo deberían tener hecho y controlado”, asegura. “¿Eso quiere decir que si en el pasado ha habido incumplimientos no han hecho nada? Me parece increíble”, afirma. 

Finalmente, el portavoz de los colectivos vecinales señala que pedirán una entrevista con la presidenta y con la alcaldesa, y que si no surte efecto emprenderán otras acciones de protesta. “El malestar entre los vecinos de los barrios es alto”, asegura. “Los salones de juego están normalizando jugar y parece que no se quiere ver; la gente no lo entiende”, concluye, no sin antes señalar que esta problemática es extrapolable a otros municipios de Cantabria.