Proponen incorporar a trabajadores sociales para reforzar el rastreo de COVID

Madrid, 29 jul (EFE).- El Consejo General del Trabajo Social ha propuesto que se refuerce el rastreo de los contagios por coronavirus con trabajadores sociales y advierte de la importancia de contar con personal que previamente a la pandemia ya contaba con formación en ese ámbito.

A su juicio, los profesionales de las ciencias sociales y de la salud deben liderar las labores de rastreo de la COVID-19, que ante la situación de rebrotes y nuevos contagios “es preciso reforzar y ampliar” para evitar la extensión del coronavirus de nuevo.

Entre las tareas que realizan los rastreadores para detectar los posibles contactos en riesgo de haberse contagiado, está la labor de análisis de la situación (valoración de riesgo, síntomas, etc.), gestión de citas si fueran necesarias pruebas (PCR), seguimiento telefónico, asesoramiento en caso de necesitar atención médica o guardar cuarentena o conexión son otros servicios.

“Por la sensibilidad de estas tareas, el trabajo de rastreador o rastreadora requiere de unas capacidades para seguir protocolos, conocer el sistema público -tanto sanitario como de servicios sociales- y tener agilidad para hacer el conveniente seguimiento de los casos”, explica el consejo.

Por ello, argumenta que “perfiles como el de los trabajadoras sociales son idóneos para estas labores” ya que el Trabajo Social se desarrolla en el ámbito sanitario y también en emergencias.

Además, destaca la importancia de garantizar una solución habitacional digna en casos en los que hay que mantener cuarentena.

El Consejo General de Trabajo Social cree que es un error formar de cero a personas fuera de estos ámbitos para realizar estas labores.

Recuerda que expertos epidemiólogos estiman que se debería contar en todo el país entre 20.000 y 100.000 las personas que estén dedicadas a esta tarea para evitar una nueva oleada descontrolada del virus y, por tanto, una saturación grave del sistema público de salud.

Actualmente son en torno a 3.500 según los datos disponibles, apunta el consejo del trabajo social, que lamenta que solo se conozcan parcialmente esas cifras al no haber un registro estatal y basarse en informaciones autonómicas.