Escraches, lobbies, pluralismo y agenda política
Desde que la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) comenzó un proceso de señalamiento de los diputados que no se han manifestado a favor de la Iniciativa Legislativa Popular bajo el exótico nombre de escrache era sólo cuestión de tiempo que se abriera un debate sobre la legitimidad de este tipo de protesta. Lo que hace que este debate sea tan poco interesante es que las líneas de frente están trazadas en el mapa de campaña que todos conocemos. El PP y la prensa conservadora califican el escrache de “acoso salvaje”, lo equiparan a la intimidación a los representantes de la soberanía popular – el mismo argumento que se utilizó contra las manifestaciones que intentaron rodear el Congreso el 25 de septiembre – y advierten que circulan instrucciones de intimidación por internet. Por otra parte la respuesta de la PAH y la prensa de izquierdas también es previsible. Más intimidación es que te echen de tu casa. Los políticos no nos representan.
No quiero decir con ello que el debate sobre la legitimidad del señalamiento individual de los diputados no sea revelador. Quiero decir que los encuadres establecidos de antemano ocultan el auténtico debate. Para avanzar en el mismo merece la pena analizar estos encuadres en detalle a través de un extracto de un artículo de El Periódico de Cataluña titulado “El PP se rebela contra el 'escrache'”:
“Esteban González Pons [...] interpuso ayer una denuncia por «coacciones» en la comisaría del Congreso en la que asegura que varios miembros del colectivo entraron en el portal de su residencia en Valencia, subieron hasta la casa y estuvieron «aporreando la puerta durante 45 minutos» cuando en el interior solo «había niños». [Gallardón] reprochó que los activistas ejerzan «una presión a la libertad de decisión» que la Constitución garantiza a los diputados. El diputado popular Iñaki Oyarzábal comparó la ofensiva de la PAH con la kale borroka.”
Vaya por delante que los hechos que denuncia González Pons, de forma quizá exagerada o dramatizada, son inadmisibles. La crítica política debe quedar limitada al espacio público. El intento de acceder a la vivienda o el entorno familiar de un diputado son mecanismos de coacción que deslegitiman la protesta. El encuadre de Oyarzábal se comenta sólo. El escrache es ETA. También podía haber sido Rubalcaba. ¿Qué más da? Puro framing de consumo interno. El encuadre que utiliza Gallardón es distinto: no protesta ante la invasión de la vida privada que supone la protesta sino por la inaceptable presión sobre la decisión de los diputados. Este encuadre es el que resulta más interesante y que merece la pena debatir puesto que muestra que nuestra democracia tiene serios problemas con el pluralismo social.
El argumento de que la presión coacciona al diputado que tiene que votar en conciencia tiene resonancias rousseaunianas y madisonianas. Puesto que el legislativo representa la voluntad general, no resulta aceptable ninguna presión tendente su voto en interés de una parte del cuerpo social. Este argumento democrático sólo tiene el pequeño defecto de que es enteramente falso. Si Gallardón tuviera razón la mayor coacción a los diputados la realizan los partidos que coaccionan a sus diputados amenazándoles con multas y expulsión si rompen la disciplina de partido.
Aceptemos pues que los diputados no representan la voluntad general, ni siquiera a la nación en su conjunto, sino a su partido. Por otra parte la crítica de Gallardón a la PAH sólo tendría justificación si no hubiera otro ningún interés en juego. Sin embargo a nadie se le escapa que los bancos españoles tienen grandes intereses en este proceso y que ejercen una clara influencia en las decisiones políticas. En la elaboración de la agenda política intervienen numerosos intereses sectoriales, si bien en España los lobbies no suelen actuar de manera abierta y reconocida. Parece que no hay lobbies porque en lugar de contratar a mercaderes de influencia trajeados que tratan de convencer a los diputados y ministros previo paso por el registro de acceso, los intereses armamentísticos acceden a las más altas magistraturas a través de una aristócrata extranjera.
Por lo tanto la crítica de Gallardón al escrache de la PAH no sólo tiene el legítimo objetivo de proteger la intimidad de sus diputados sino el menos legítimo de limitar el pluralismo social, manteniendo la influencia en la agenda de unos intereses frente a otros. En un país como EEUU el pluralismo social permite que la acción colectiva sirva de contrapeso a los lobbies. A nadie se le ocurrió acusar al presidente Obama de fomentar un “acoso salvaje” a los congresistas y senadores al invitar a los ciudadanos a que presionaran a sus representantes para sacar adelante su reforma sanitaria.
Como señalaba recientemente Oriol Bartomeus, a España le falta cultura democrática y tradición de organizaciones de masa. Una de las consecuencias es que los partidos políticos siguen funcionando como organizaciones fuertemente jerarquizadas y clientelares, poco acostumbradas al debate interno. Por ello el lobbying en España no se dirige hacia los diputados puesto que apenas toman decisiones por sí mismos, sino que pasa a través de los partidos, y sobrecogedoramente quizá a través de su contabilidad, ministerios o alcaldías. A través del jefe.
Por ello la acción de la PAH probablemente sea ineficaz puesto que le puede dar al PP munición para contraatacar. Sin embargo debe entenderse en el contexto ya mencionado de dificultad de acceso a la agenda y de la desconfianza hacia la política de la que habla Pierre Rosanvallon en La Contrademocracia. Una sociedad civil vibrante no es un club de debate, sino una esfera en la que cada uno puede defender sus intereses de manera ruidosa. Les corresponde a los representantes políticos determinar el interés general en base a la competición entre los distintos intereses privados. Con todos sus defectos la campaña de escrache tiene la virtud de señalar que hasta ahora se ha jugado con cartas marcadas.
