Incompetente, falaz e irresponsable: un balance del primer año de mandato de Mariano Rajoy
Artículo en colaboración con Líneas Rojas Líneas Rojas
Con 2012 se ha ido casi de la mano el primer año de Gobierno de Mariano Rajoy. A la consigna de “cada viernes, medidas”, este Ejecutivo nos ha obsequiado con tal número de actuaciones que hacer una valoración siquiera somera de las mismas es tarea muy ambiciosa que no se pretende en estas notas. Un posible guión lógico para valorar lo realizado por un gobierno debería ser cotejar su programa electoral con lo efectivamente realizado, comprobando el grado de cumplimiento o coherencia con lo allí expuesto. Pero a estas alturas ya todo el mundo sabe que el programa electoral del PP que votaron los ciudadanos el 20 de noviembre de 2011 y lo efectivamente realizado no tienen nada que ver. Si acaso, lo realizado es lo contrario de lo que se dijo.
Esto por sí solo debería bastar para desautorizar la acción de cualquier gobierno, sea del color que sea. El programa electoral debe entenderse como un contrato implícito con los ciudadanos, por cuyos incumplimientos debería darse cuenta y explicación pública e inmediata, y en caso de especial trascendencia de los mismos (como es el caso actual), someterlo a la opinión de los ciudadanos mediante los mecanismos de participación constitucionalmente previstos. De lo contrario, la pérdida de legitimidad social de las medidas ejecutadas pueden terminar generando grietas en la calidad democrática de las instituciones difíciles de reparar. Porque democracia es participación, y no solo votar cada cuatro años.
Descartado el programa como vara de medir, cabe acudir al discurso de investidura del Presidente, en el que se plantean las líneas maestras de la que será su acción de gobierno. Pero lo cierto es que, en este caso, también se ha quedado en un ejercicio de vacua retórica. No obstante, resulta irresistible destacar algunas de las frases que entonces pronunció Mariano Rajoy para apuntar, al hilo de las mismas, alguna consideración sobre su acción de gobierno.
Dijo Rajoy en aquel acto (19-12-2011) en el Congreso de los Diputados: “En la política, no existe la herencia a beneficio de inventario. Sabíamos –y sabemos- lo que nos espera y sabíamos -y sabemos- que se nos juzgará por lo que consigamos, y no por lo que intentemos, o por cómo nos hayamos encontrado las cosas. En el diagnóstico que expondré a continuación no hay ninguna voluntad de mirar atrás ni de pedir a nadie responsabilidades, que ya han sido sustanciadas por las urnas hace un mes.” Desde ese mismo momento, el Gobierno Popular no ha hecho otra cosa que culpabilizar de todo a la “herencia recibida”. Mal presagio, posteriormente confirmado. Dijo también: “Vamos a demostrar que los españoles somos capaces de crear empleos, pagar nuestras deudas y sostener una sociedad civilizada.” Veamos y juzguemos la acción del Gobierno en estas tres cuestiones clave, como decía el Presidente, por los hechos.
¿Somos capaces de crear empleo? En los últimos doce meses los afiliados a la Seguridad Social se han reducido en 717.000 y hay 487.000 parados registrados más. La tasa de paro ha subido 3,5 puntos hasta su nivel más alto de siempre, 25%. La respuesta a la pregunta anterior es, por tanto, “no”. Pero lo peor es que la dinámica ha empeorado, y no se atisba cuándo seremos capaces de hacerlo. Porque no hay crecimiento, ni medidas que lo impulsen. Porque el brusco ajuste del gasto deprime más la economía y genera más despidos. Y porque algunas actuaciones trabajan en sentido contrario. Por ejemplo, el recorte presupuestario de 3.500 millones (2012 y 2013) de las políticas de fomento del empleo, casi a la mitad. ¡En el país con la tasa de paro más alta de la OCDE! O la reforma laboral aprobada, que ya nadie duda que ha facilitado la destrucción de empleo, como era previsible. Todo ello aderezado con gestos como la ausencia de la Ministra de Empleo Fátima Báñez del Consejo Europeo de Ministros del ramo en Bruselas los días 6 y 7 de diciembre para asistir a una recepción el día de la Constitución, que es mucho más que una anécdota; es algo inexplicable para los casi 6 millones de desempleados de nuestro país, a los que se les está diciendo a la vez que es precisamente de Bruselas de donde emanan las políticas que aquí se aplican y que, por tanto, es allí donde hay que dar la batalla.
¿Pagamos nuestras deudas? Sí, pero con mucha dificultad y sin garantías de solvencia duradera. La prima de riesgo está en niveles similares a hace un año, en el entorno de los 400 puntos básicos, y la factura de intereses de la deuda presupuestada para 2013 es de 38.000 millones, 9.700 más que en 2012 (un 1% del PIB). Esto no responde evidentemente solo a la gestión de este gobierno, pero desde luego no ha sido ajena la falta de confianza que ha transmitido con sus bandazos, su falta de credibilidad y sus cada vez mayores muestras de inoperancia. Con todo, lo más preocupante es que para poder pagar las deudas y reducir la factura financiera de nuestro país es preciso que la economía crezca. Pero el Gobierno no ha puesto en marcha ninguna medida destinada a impulsar el crecimiento, ni ha tenido la capacidad de encontrar aliados suficientes para promover una línea más acorde con esta estrategia en Europa. Y es esta la clave: los mercados (los inversores y prestamistas) castigan a España porque no ven cómo va a pagar sus deudas si no se recupera la actividad. Y por eso, pese a los avances en la intervención del BCE, nuestra solvencia financiera sigue en manos de las decisiones de otros, sin que el Gobierno haya mejorado en nada esta situación. Ni con los drásticos ajustes de gasto ni con las ineficaces reformas financieras realizadas.
¿Se sostiene nuestra “sociedad civilizada”? Así formulado, esto es difícil de ponderar en unas líneas. Pero hay escasas dudas de que los drásticos recortes realizados en todas las áreas clave del estado de bienestar y las contrarreformas de sus sistemas de funcionamiento (sanidad, educación, pensiones, desempleo, dependencia, servicios sociales) están afectando a la esencia de nuestro modelo social, con graves perjuicios en términos de equidad y cohesión, y provocando tensiones evidentes en nuestras pautas de convivencia. Las protestas sociales generalizadas en oposición a estas medidas son un indicativo del enorme grado de malestar ciudadano por la regresión en el bienestar social y en la calidad de vida que la política del Gobierno les está infligiendo.
Tres grandes objetivos programáticos, tres suspensos. Y sobre todo, tres muestras de incompetencia del Ejecutivo para afrontar la gestión de esta crisis. Si alguien aún mantenía la absurda idea de que el PP (la derecha, en general) gestiona mejor la economía y las dificultades económicas, este año de (des)gobierno debe haber bastado para desalojarla para siempre.
Otras afirmaciones del Presidente Rajoy en el debate de investidura permiten completar brevemente este balance parcial de su actuación. Dijo entonces: “Convoco a todos, y reclamo, con humildad, la ayuda de todos, al tiempo que ofrezco defender la unidad, dialogar sin cansancio, asegurar la justicia en el reparto de las cargas, y mostrar siempre la verdad traiga el color que traiga.” Pues bien, si en cuanto a eficacia de las políticas y resultados de las mismas el balance es desolador, en estos aspectos que tienen que ver con las formas de gobernar, con la calidad democrática de la actuación política, el Gobierno de Rajoy merece aún mayor reprobación.
No ha sido diálogante, sino todo lo contrario. El diálogo en el ámbito parlamentario ha sido muy reducido y ha dado nulos frutos, recibiendo la crítica casi unánime de la oposición en la gran mayoría de cuestiones. Pero sobre todo, ha despreciado el Diálogo Social con los interlocutores sociales, las organizaciones sindicales y empresariales, que ha sido durante muchos años un factor de estabilidad y avance en nuestro país, envidiado en Europa. Con la reforma laboral impuesta el Gobierno quebró el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para 2012 a 2014, firmado por la patronal y los sindicatos en enero, al afectar a su contenido esencial de forma unilateral. Y desde entonces, desprecio, gobernando a golpe de decreto-ley y absolutamente solo, precisamente en la etapa de nuestra historia reciente en que se requeriría la mayor búsqueda de consensos.
No ha promovido un reparto de las cargas justo, sino tremendamente desequilibrado. Son muchas las actuaciones que evidencian un trato preferente hacia las entidades financieras y las grandes empresas, a cuyo saneamiento y sostén ha destinado cientos de miles de millones directa o indirectamente, mientras ha aplicado los ajustes más duros sobre los servicios esenciales y sobre las rentas de empleados públicos, a la vez que la fuerte subida de impuestos acometida castiga en mayor medida a asalariados y rentas bajas y medias en general.
Por último, lo de decir la verdad… leído y oído ahora suena cínico, tras haber incumplido íntegramente sus compromisos electorales con desparpajo, premeditación y cálculo político. El último, el de actualizar las pensiones, en una actuación probablemente inconstitucional.
Resumiendo: incompetencia, impostura, parcialidad y una ausencia de diálogo irresponsable son las características que definen la acción de este Gobierno de Mariano Rajoy en su primer año, que se ha hecho muy largo. Y aún queda mucha legislatura. En su investidura, el ahora Presidente también dijo que “han de ser los españoles, y no el Gobierno, los motores del cambio, los protagonistas de la reforma, los agentes de la recuperación”. Aunque evidentemente no era esta la intención del Sr. Rajoy al pronunciarlas, cobran ahora un nuevo significado estas palabras al comprobar las movilizaciones ciudadanas, sindicales y profesionales que, cargadas de razones y de propuestas, están intentando frenar los desatinos de la acción de este Gobierno del PP.
