La democracia en España en 2013: un gran salto hacia atrás
Desde el año 2008 la Fundación Alternativas elabora un informe anual sobre la calidad de la democracia en España. Este estudio se basa en una encuesta entre politólogos, sociólogos y otros científicos sociales conocedores de la realidad española para establecer una medición de la calidad de la democracia en términos de procesos y de resultados. En este informe la calidad de la democracia se mide a través de un conjunto de 59 indicadores independientes que los encuestados evalúan de 1 a 10. Dichos indicadores se agrupan en cinco ámbitos claramente diferenciados: ciudadanía y Estado de derecho, representación política, gobernabilidad y rendición de cuentas, sociedad civil y participación y relaciones internacionales. El informe señala que el año 2012 –al que corresponde el estudio de 2013– fue descorazonador para la democracia española: el estudio arroja la puntuación más baja desde que se realiza, con un 5,2 sobre 10 y además constituye el mayor descenso en la puntuación desde que se realiza, en más de 0,6 puntos.
Los motivos de este acusado descenso en la calidad de la democracia tienen que ver fundamentalmente con el deterioro de las condiciones de vida como resultado de la crisis –los resultados de la democracia– con la erosión de la confianza en las instituciones – los procedimientos de la democracia – y con la pérdida de soberanía en el marco de la crisis del euro. El único ámbito en el que se observa una evolución positiva es en el relativo a la participación ciudadana gracias a la fuerte activación de movimientos sociales en el año 2012. El informe le dedica varios capítulos a estudiar en detalle cada una de estas esferas. En lo relativo a la economía y la protección social, se señala que la crisis y la forma de gestionarla están incrementando las desigualdades sociales. Llama la atención además la forma poco democrática de gestionar la política económica en la medida en que la impopularidad de las políticas de austeridad no impide su puesta en práctica. En lo relativo a la política institucional el informe señala el claro deterioro debido fundamentalmente a la ausencia de rendición de cuentas –abuso del decreto, falta de transparencia y debilidad de la oposición– y a la corrupción sumada a la percepción de impunidad. Este deterioro se manifiesta en un acusado descenso en la valoración de las instituciones por parte de los ciudadanos. Por último, el informe pone de manifiesto una transformación de la importancia política de la pertenencia a la Unión europea. Si hasta ahora España se ha caracterizado por un consenso permisivo acrítico en la que la UE era una garantía de estabilidad democrática y prosperidad económica, hoy es muy evidente que la pertenencia a la UE limita el margen de maniobra de la política nacional. En la medida en que la UE y en especial la zona euro no han desarrollado aún las instituciones democráticas propias de una federación, es evidente que las decisiones sobre la gobernanza económica son una limitación de la soberanía con efectos sobre la calidad de la democracia.
Evidentemente algunos de los aspectos del informe son discutibles. En primer lugar el objetivo no es el tratar de establecer si nos encontramos en democracia o no (lo cual no es necesariamente sencillo) sino evaluar la calidad de la misma. En este sentido no se trata sólo de evaluar la medida del cumplimiento de ciertos procedimientos, sino de desarrollar medidas para evaluar la calidad de una democracia. Esto plantea varios problemas. Por una parte, se pueden oponer visiones minimalistas de la democracia, limitados a una competencia libre entre elites, con perspectivas más exigentes en cuanto a oportunidades de participación. Aun más difícil parece la evaluación de los resultados de la democracia. Por ejemplo está claro que la medida en que las injerencias de la UE en la política nacional se consideren negativos para la democracia depende de la actitud hacia la UE y el nivel de exigencia hacia su déficit democrático. Del mismo modo, asociar la extensión de la protección social y la igualdad socio-económica con la calidad de la democracia es propio de una posición progresista, pero no tiene por qué ser compartido por los defensores de puntos de vista liberales. En lo relativo a la cuestión metodológica al tratarse de una encuesta entre expertos estamos ante una población reducida y fuertemente politizada, si bien en ningún caso el estudio pretende representar al conjunto de la población ni de los especialistas universitarios (aquí se puede leer una defensa detallada de dicha metodología). El informe aclara que los encuestados se encuentran bastante más a la izquierda que la media de la población española. En este sentido puede sospecharse que los encuestados podrían tener la tentación de reducir la calidad de la democracia en un periodo de gobierno del PP y a aumentarla en periodo de gobierno del PSOE. Sin embargo los datos de estudios anteriores muestran un descenso en la puntuación de la calidad de la democracia durante cada uno de los años de gobierno del PSOE desde 2008, con la excepción del año 2011. Esta continuidad en el tiempo, que además permite una cierta estabilidad en la composición del panel de expertos que contribuye a la evaluación de la calidad de la democracia, es uno de los aspectos más interesantes de dicho informe, pues no sólo ofrece una “foto” año por año sino que nos permite entender los ciclos. En este sentido, si bien el informe señala el fuerte deterioro en el año 2012, es necesario entenderlo en el marco de una crisis sistémica de la democracia en España desde el principio de la crisis económica.
Uno de los aspectos centrales del informe –aunque la cuestión no es exclusiva de España– es la de la desconfianza en las instituciones democráticas. Sin embargo no nos encontramos sólo ante un problema coyuntural de capacidad ligado a la crisis –los cambios de gobierno producen pocos cambios visibles en los resultados– o relacionado sólo con los escándalos de corrupción. Quizá exista un problema estructural relacionado con las expectativas de los ciudadanos sobre el sistema político. Los ciudadanos pueden preguntarse legítimamente qué valor tienen las promesas políticas, en la medida en que tanto los gobiernos del PSOE en 2010 como del PP en 2012 han llevado a cabo medidas contrarias a las prometidas en sus programas electorales. Si bien un cambio de programa de gobierno puede entenderse en un marco representativo en el que los ciudadanos pueden optar por otras formaciones en las siguientes elecciones, esta justificación resulta difícil de extender al terreno económico en la medida en que se institucionaliza la falta de alternativas. Por otra parte resulta cuestionable que podamos hablar de una democracia de calidad ante la ausencia de todo elemento deliberativo. Puesto que no se puede aceptar el argumento del desconocimiento de la situación de las cuentas públicas en las elecciones celebradas en 2011 las promesas electorales se hicieron a sabiendas de la imposibilidad de aplicarlas y resulta difícil aceptar que los ciudadanos hayan dado su consentimiento. La falta de credibilidad de las instituciones tiene que ver con el incumplimiento sistemático de los compromisos: sería más fácil creer al presidente del Gobierno en el asunto Bárcenas si no viniese precedido de un incumplimiento de muchas de sus promesas. Quizá también debamos exigirles realismo a los ciudadanos respecto a sus preferencias electorales –muchos sabían que numerosas promesas eran imposibles de cumplir– pero si nos conformamos con institucionalizar el cinismo no nos extrañemos de tener una democracia de poca calidad.
