Ausencias de la negociación postelectoral

Los ciudadanos han quedado muy desconcertados con las amplias incertidumbres del resultado electoral. Ven con inquietud alejarse la posibilidad de empezar a resolver los problemas que más les aquejan. La preocupación aumenta cada día porque en los primeros compases de las negociaciones para formar el nuevo Gobierno, los asuntos más graves pendientes no forman parte de la agenda de las negociaciones poselectorales.

Desde el pasado 20 de diciembre han quedado relegados los debates sobre asuntos tan urgentes como el desempleo, la pobreza, la devaluación salarial o las pensiones, que son los asuntos que de verdad quitan el sueño a muchas personas que confiaban en alguna respuesta después de las promesas electorales.

Lo cierto es que tras las elecciones apenas se ha hablado de cómo afrontar la insoportable tasa de desempleo juvenil, que supera el 46% de los jóvenes menores de 25 años. Los jóvenes siguen huyendo sin remedio a otros países en busca de un empleo y los mayores ven cómo se cronifica desesperadamente su imposibilidad de encontrar trabajo. Tampoco forman parte de la agenda de las discusiones las medidas que se deberían adoptar para atajar el incesante aumento de la pobreza, que alcanza al 29% de los ciudadanos y al 35% de los menores.

Todos estos elementos y otros como la devaluación salarial, la persistencia de los desahucios y el incesante aumento de desempleados sin protección alguna, configuran una sociedad cada vez más segmentada. Un tercio de la ciudadanía ha quedado completamente marginada y cada vez es más difícil su inserción.

Esta era la fotografía del país antes de las elecciones y muchos ciudadanos confiaban en un nuevo Gobierno que diera un giro a la política económica, que sustituyera la esterilidad de la austeridad por un paquete de actuaciones radicales que antepusiera las condiciones de vida de la mayoría de las personas a los intereses de un reducido número de privilegiados. Los problemas siguen ahí, aunque ahora no se hable de ello. Es importante que los partidos que se han comprometido en la defensa de los más necesitados mantengan sus promesas.

El cambio de política es igualmente urgente desde el punto de vista estrictamente económico. La recuperación que se ha estado vendiendo en los últimos meses ha estado dopada en buena parte por unos coyunturales vientos de cola completamente ajenos a la política del Gobierno. El crecimiento de la economía y del empleo, la mayor parte de baja calidad, ha estado impulsado por factores circunstanciales, como una caída sin precedentes del precio del petróleo; la depreciación del euro, que ha propulsado las exportaciones; la excepcional bajada de los tipos de interés mantenida por el Banco Central Europeo (BCE), como ha señalado el catedrático Josep Oliver. Sólo en una pequeña medida la recuperación se debe a una mejora de la productividad, una mejora que, también hay que decirlo, se ha basado sustancialmente en la reducción de los costes laborales unitarios, fundamentada sobre todo por el descenso de la inflación.

La reducción de la inflación, con unas tasas de precios al consumo negativas, tiene más riesgos que ventajas por el peligro de la deflación. Mientras que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, alardea de la caída de los precios, el presidente del BCE, Mario Draghi, emplea toda la artillería disponible inundando los mercados de dinero para evitar que la deflación tome cuerpo y se convierta en el mayor de los pánicos.

Lo que preocupa a destacados economistas es que la mejora de las exportaciones, que ha animado la recuperación económica, se haya basado en la baja de los precios de los productos, que a su vez se ha sustentado en un descenso de los salarios. Esto significa que España está perdiendo terreno en los segmentos de la actividad económica de sueldos de calidad.

La necesidad de implementar una política económica distinta resulta evidente ante la permanencia y el empeoramiento de los grandes desequilibrios. España sigue siendo un país ultraendeudado, por encima del 300% del PIB. El fenómeno más notable que se ha registrado en los últimos años es el trasvase de la deuda privada a la deuda pública, que alcanza ya el 100% del PIB y que se ha convertido en una bomba de relojería tras el inicio de la subida de los tipos de interés que ha empezado la Reserva Federal de Estados Unidos.

En relación con el endeudamiento, hay que destacar que la posición de la inversión internacional neta de España es negativa del orden del 89% del PIB, casi el triple de lo permitido por la UE. Resulta significativo el abandono de la banca extranjera en España, que ha continuado reduciendo sus activos en los últimos meses hasta los 421.000 millones frente a más de un billón de 2008.

España necesita un nuevo modelo de organización económica que sea inclusivo, aceptado por una amplia mayoría de ciudadanos, y al mismo tiempo que reduzca los desequilibrios fundamentales de desempleo, pobreza y deuda. La estabilidad de cualquier Gobierno futuro depende en buena medida de su capacidad para reducir estos desequilibrios, especialmente los que afectan a la vida de los ciudadanos.

[Este artículo es el editorial de número del enero de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripciónAlternativas Económicas, una suscripción]